Qué observar. Tras cinco horas de alegatos y otras cuatro horas de deliberación, la tarde de este miércoles la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió ratificar el fallo de primera instancia que ordenó la prisión preventiva del alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), formalizado por delitos de estafa, cohecho, administración desleal, fraude al fisco y delitos concursales (ocultamiento de bienes) en los negocios de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achufarp) durante la pandemia de Covid-19.
Argumentos de la defensa. El abogado Ramón Sepúlveda, apeló el sábado a la resolución de la jueza del 3er Juzgado de Garantía Paulina Moya que decretó el arresto.
Respaldo PC. El Partido Comunista ha apoyado al acalde señalando que existe un lawfare o guerra judicial contra Jadue, y que el proceso es una “persecución política”. Los militantes del partido, incluido el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, acompañaron a Jadue durante las jornadas de la audiencia de formalización y se manifestaron en la entrada del Centro de Justicia contra el trabajo de los fiscales.
La investigación. Aunque aún podrían presentar algún recurso en la Suprema, ya comenzó a correr el plazo de 120 días que tiene el equipo de la fiscal Giovanna Herrera para investigar y reunir nuevas pruebas, ante un eventual juicio oral. Según se estima por los delitos imputados, el alcalde arriesga hasta 15 años de presidio.
1. Administración desleal. Se trata del delito que para el Ministerio Público es el principal de esta causa y da cuenta de cómo Jadue afectó el patrimonio de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, Achifarp, sin informar de sus actuaciones al directorio.
2. Estafa. Fiscalía Señala que el alcalde, “aprovechándose del prestigio de su cargo”, convenció a la empresa proveedora de insumos médicos Best Quality, que Achifarp tenía fondos para suscribir un contrato, omitiendo la crisis económica de la asociación. Luego les quedaría adeudando $1.012 millones.
3. Cohecho. Según la denuncia de empleados de Best Quality, tras el convenio, Jadue les pidió un “bono” extra de $20 millones en alcohol gel, mascarillas y otros productos, que la empresa dejó en la sede del Partido Comunista de Recoleta. Además debieron depositar $17 millones en cuentas de familiares de Muñoz Becerra.
4. Ocultamiento de bienes. La acusación incluye delitos concursales que habrían ocurrido una vez que se ordena la liquidación forzosa de la asociación. En particular el ocultamiento de bienes al sindico.
5. Fraude al fisco. El Ministerio Público señaló que Jadue “engañó” en tres ocasiones al concejo municipal de Recoleta para que entregará fondos extraordinarios a Achifarp. Esto mediante la elaboración de informes falsos que realizaron los directores de salud del municipio.
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