Historia de un fracaso. Por Javiera Errázuriz

Tras la larga discusión parlamentaria, en 2021 comenzó la existencia del Servicio Mejor Niñez. Sin embargo, a tres años de su implementación, vuelven a aparecer los viejos conocidos: falta de financiamiento, sobrecupos, internación conjunta de niños con y sin antecedentes policiales, falta de coordinación entre los diversos organismos y carencia de personal capacitado. Los mismos problemas que el sistema viene enfrentando desde su creación, en 1928.

En las últimas semanas hemos conocido lamentables noticias sobre el servicio “Mejor Niñez”, que se inauguró en 2021, bajo la promesa de dejar atrás las evidentes fallas del Sename.

Las instituciones colaboradoras han tenido que enfrentarse con presupuestos escasos, falta de coordinación con otros organismos, sobrecupos e internación conjunta de niños con y sin antecedentes policiales. La pregunta, entonces, es por qué el Estado chileno fracasa una y otra vez en proteger a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que están en situación de vulneración de derechos.

Hace cien años, nuestro país se comprometió con el cuidado y bienestar de la infancia, pero ha fallado sistemáticamente a los niños y niñas que más necesitan de su ayuda. La historia nos muestra que el sistema de protección de la infancia arrastra los mismos problemas desde hace un siglo.

En octubre de 1924, durante la celebración del Cuarto Congreso Panamericano del Niño, realizado en Santiago, los países participantes (entre ellos el nuestro) adhirieron a la Declaración de Derechos del Niño o Declaración de Ginebra. Hace cien años, el Estado chileno reconoció el derecho de los niños y niñas al desarrollo integral, a la educación y a la protección. Sin embargo, hasta hoy no ha logrado dar una respuesta satisfactoria, especialmente a aquellos NNA más vulnerables.

Luego de firmar la Declaración de Derechos del Niño, el parlamento se abocó a la discusión de una Ley de Protección de Menores, que vio la luz en 1928. A partir de la Ley 4.447, se creó la Dirección General de Protección de Menores (DGPM) que, junto a los Tribunales de Menores y las Casas de Menores, conformaron las bases del sistema proteccional de nuestro país.

Las instituciones estatales debían coordinarse con las privadas que, desde el siglo XIX, se encargaban del cuidado de parte de los niños y niñas huérfanos y abandonados. Pese a que la ley fue extensamente celebrada por los políticos de la época, a poco andar, tropezó con los mismos problemas: falta de recursos para las instituciones y descoordinación entre organismos públicos y privados.

Tanto fue así que, en 1960, el gobierno de Jorge Alessandri creó una Comisión Interministerial encargada de hacer un diagnóstico del sistema de protección, encabezada por la primera jueza de Menores de nuestro país, Helia Escudero. Este diagnóstico fue lapidario: según cifras de 1961, el Primer Tribunal de Menores de Santiago había visto 1.500 causas de vagancia y mendicidad infantil y 1.090 causas de delitos contra la propiedad. De los 2.509 niños que pasaron por el tribunal, solo un 11,9% fue enviado a instituciones de protección; 23,9% ingresaron a la Casa de Menores de Santiago, y el 64,2% restante fue devuelto a sus hogares.

Esto, según la Comisión, debido a la carencia de establecimientos y de personal capacitado, a la descoordinación entre tribunales e instituciones de internación y a la escasez de recursos, todo lo cual atentaba contra la posibilidad de que esos NNA fueran efectivamente protegidos. Problemas que no eran nuevos y que, lamentablemente, se siguen repitiendo.

De esta manera, en 1967 se decidió la creación del Consejo Nacional del Menor, (Coname), cuya función era coordinar las acciones de las instituciones públicas y privadas; en 1979 el Coname desapareció para dar paso al Sename.

A partir de la muerte de Lisette Villa, en 2016, se instaló en la agenda pública el gigantesco drama de muchos NNA que vivían en instituciones de protección. Se habló de hacinamiento, de falta de preparación del personal, de falta de recursos para atender sus necesidades, de la cohabitación en un mismo hogar de niños infractores de ley y niños en situación de vulneración de derechos. Problemas conocidos, reiterados y que sorprendieron a una sociedad que los tenía “enterrados”, ya sea por displicencia, por el poco “atractivo de la temática” o porque simplemente no los quería ver.

Tras la larga discusión parlamentaria, en 2021 comenzó la existencia del Servicio Mejor Niñez. Sin embargo, a tres años de su implementación, vuelven a aparecer los viejos conocidos: falta de financiamiento, sobrecupos, internación conjunta de niños con y sin antecedentes policiales, falta de coordinación entre los diversos organismos y carencia de personal capacitado. Los mismos problemas que el sistema viene enfrentando desde su creación, en 1928.

A lo anterior podríamos agregar la falta de una real voluntad política por dar prioridad a la infancia vulnerada y vulnerable, ya que más cambios de nombre no van a resolver el problema. La historia lo muestra.

El diagnóstico es claro, los problemas son conocidos, pero aún, una y otra vez, seguimos cometiendo los mismos errores. Una nueva mirada al pasado, quizás, nos impulse a aprender de los errores cometidos y proyectar soluciones realmente efectivas para el futuro.

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