La asociación gremial, que representa una minoría, tiene una enorme responsabilidad en el declive de la educación pública y el éxodo masivo hacia colegios particulares subvencionados y privados (que ya concentran el 60% de los estudiantes): se ha opuesto tenazmente a la evaluación docente; ha impulsado 26 huelgas en un año; ha respaldado tomas violentas y ahora se opone a al regreso a clases con los más diferentes pretextos. Está más interesado en impulsar su agenda política que en la educación.
Una reforma estructural abortada. La calidad de la educación pública es mala lo que afecta al 40% de jóvenes que asisten a colegios municipalizados. El 8 de abril de 2018 la Ex Presidenta Michelle Bachelet anunció una reforma tributaria para financiar su gran reforma estructural para mejorar la calidad de la educación; señalando que para “hacer una reforma educacional profunda se requiere garantizar los recursos que hagan que esto sea una realidad”.
¿De quién es la culpa? No se puede responsabilizar al Estado, ni a los políticos ni al modelo neoliberal. Las reformas de Bachelet abordaron muchos de los males endémicos de la educación pública, atendiendo las demandas históricas de los profesores y eliminando de lucro de la educación particular subvencionada.
Respaldo a tomas violentas. El Colegio de Profesores jamás ha condenado la violencia estudiantil; al contrario la ha respaldado. Apoyó las tomas violentas en el Instituto Nacional y en el INBA que terminaron destruyendo dos de los liceos emblemáticos.
Oposición al regreso a clases. El Colegio de Profesores se opone a volver a clases con los más variados pretextos: que no se puede sin un plan transporte, que faltarían los insumos, que los profesores no están vacunados con ambas dosis, que no hay espacios de participación, que clases presenciales en fase 2 son un “suicidio” y que los locales están siendo usados como centro de vacunación (pese a que son solo 300 de los más de 9000 colegios que hay en Chile).
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