Polémico proyecto de indulto queda sin piso político tras lapidario informe de Corte Suprema

Los primeros días del año han estado marcados por el hermetismo comunicacional sobre el controvertido proyecto de indultos a imputados por delitos del denominado estallido social. Agunos senadores que presentaron la moción han retirado su apoyo, otros han manifestado que continuarán con la tramitación por compromiso con familiares de detenidos, pero admiten que es muy compleja su aprobación. La presidenta del Senado ha mantenido silencio, pese a ser la principal impulsora.

¿Qué pasó?: La Corte Suprema dio a conocer el martes un análisis de los imputados que estaban cumpliendo prisión preventiva por delitos asociados al 18 de octubre. Luego del anuncio, Juan Ignacio Latorre, uno de los senadores patrocinantes del proyecto que busca la amnistía para esos casos, sinceró la situación actual y dijo que la iniciativa tenía un “difícil destino”.

Lo que hay detrás: Los dichos del senador Latorre (RD) dan cuenta del debilitamiento de la idea legislativa que enfrentó a distintos actores por su polémico contenido. La lápida la puso ayer la Corte Suprema al entregar datos duros sobre la cantidad de detenidos. La vocera del máximo tribunal Gloria Ana Chevesich dijo que eran 26 los detenidos a quienes se les imputó algún delito relacionado con el estallido social. En contraste con lo que dijo la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, quien dijo el mes pasado que eran casi 800 las personas en esa situación.

• De los 26 cumpliendo prisión preventiva, 17 cuentan con condenas anteriores. A este grupo se le imputan 73 delitos, es decir, un promedio de 3 delitos por persona.
• Por su parte, el Ministerio Público reportó ayer que son 175 los acusados por delitos de este tipo que actualmente están recluidos.

Futuro fracaso: Desde el círculo de los parlamentarios que presentaron la iniciativa, han evitado respaldarla públicamente durante los últimos días. A pesar que en un comienzo los senadores Adriana Muñoz (PPD) y Juan Ignacio Latorre (RD) habían realizado un punto de prensa con los familiares de detenidos, estos últimos días han guardado silencio.

• Escuetamente, Latorre se refirió a los “presos del estallido” y dijo que no podía ser que “haya jóvenes que fueron detenidos y que lleven 10 meses, un año o más en prisión preventiva, solo acusados con partes policiales, con pruebas muy poco confiables y donde muchas de esas pruebas se van cayendo”, planteó.
• Desde el equipo de la senadora Muñoz, afirmaron que no ella no realizará declaraciones sobre el tema, a pesar de ser una de las principales impulsoras de la moción.
• Desde el círculo de parlamentarios trascendió que continuarán con la tramitación del proyecto a pesar que consideran que es sumamente difícil que llegue a puerto.
• El principal motivo por el que continuarán con la tramitación es porque la iniciativa fue elaborada con familiares de los imputados con quienes se comprometieron a continuar con la iniciativa, por lo que apelarán a que se resuelva en las respectivas votaciones.

La controversia: Políticos del oficialismo y de la propia oposición presentaron reparos luego que se diera a conocer la iniciativa.

• En cuanto a la discusión jurídica, se ha criticado el alcance del beneficio para el grado de imputaciones que contemplaba.
• En el proyecto se incluye el delito de homicidio frustrado y que está tipificado en el artículo 391 del Código Penal, que corresponde a esa figura legal. Dicha normativa dice relación con culpables de homicidio que lo realicen con alevosía, por premio o sorpresa remuneratoria, por medio de veneno, con ensañamiento o con premeditación.
• Antes del informe de la Suprema, la senadora Isabel Allende (PS), otra de las legisladoras que firmó el proyecto, no continuó apoyándolo luego de los cuestionamientos del Ministerio Público, el Gobierno y el Poder Judicial.