Incendios: En medio de tensiones por la crisis, el Gobierno se sienta con los empresarios a planificar la reconstrucción del país

A más tardar a mediados de marzo el Ejecutivo espera tener una cartera de proyectos que permita recuperar en el más breve plazo, y con participación de todos los sectores, los daños ocurridos los incendios forestales en el país. Hasta hoy, las cifras oficiales indican que hay más 451 mil hectáreas quemadas y 2.019 viviendas destruidas. En las conversaciones ha participado Paulina Saball, encargada de la reconstrucción, y todo apunta a que en la mesa estarán la industria forestal, eléctrica y agrícola, entre otras. El BID también jugará un rol.

Panorama general. Los graves daños provocados por los incendios que hasta hoy han afectado al país han motivado un fuerte despliegue del Gobierno, el sector privado y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el fin de llevar adelante un amplio plan de reconstrucción que permita normalizar a la brevedad la vida de las comunas afectadas.

• La idea central es sentarse a generar un catálogo de proyectos que, en un plazo de 45 días, pueda ser presentado e iniciar su ejecución con apoyo de fundaciones, universidades, empresas y entidades internacionales.
• Aquello significa que, durante marzo, el Gobierno estará en condiciones de anunciar los proyectos y los plazos en que se pretende ejecutar.
• Hasta este martes al mediodía, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, había informado de 284 incendios forestales en diez regiones, con 25 personas fallecidas, 451.071 hectáreas consumidas y 2.019 viviendas destruidas.
• También hay 12 establecimientos educacionales destruidos, otros 8 con daño parcial, un centro de salud quemado y otros con daños menores.

Instituciones que se incorporan. Ya hay importantes adelantos en conversaciones al respecto sostenidas por Paulina Saball, según se informó desde el Ministerio del Interior. En el gobierno señalan que hay mucho interés en incorporarse a esta tarea en organizaciones no gubernamentales, fundaciones, empresas y la Cámara Chilena de la Construcción, la Corporación de la Madera y universidades, entre otras entidades.

• Desde algunas empresas confirman el interés por una colaboración público privada por la reconstrucción, señalando que lo más probable es que el gobierno se siente en una misma mesa con las forestales, las eléctricas y el mundo de la agricultura para llevar adelante esta tarea y que las conversaciones para aquello están en marcha.
• Una de las ideas del Ejecutivo pasa por hacer pública la institución u organismo que se hará cargo de una determinada obra de reconstrucción. Ejemplos hay varios. Si una de las 12 escuelas destruidas va a ser recuperada por una empresa o institución, esta será visibilizada con el nombre en la obra.
• Otro factor en el avance de las conversaciones es la colaboración de entidades internacionales. Se cita al respecto la reunión sostenida entre Paulina Saball y ejecutivos del Banco Interamericano del Desarrollo (BID).
• La Moneda también apuesta a gestionar la presencia en Chile de profesionales extranjeros expertos en variadas problemáticas relacionadas con la catástrofe, que puedan entregar asesoría y capacitación.
• En el caso de las universidades, por ejemplo, se busca que los estamentos privados instalen sus campos clínicos en aquellas regiones más afectadas, con el fin de entregar atención de salud en sus especialidades.
• También el Ministerio de Ciencias impulsará proyectos de innovación relacionados con integración agropecuaria, vitivinícola, agricultura de subsistencia e innovación tecnológica para uso agrícola, entre otros.

Donaciones y beneficios impositivos. Este lunes quedó constituido el Consejo Asesor de Reconstrucción, que estará integrado por los Ministerios de Interior, Hacienda, Vivienda y  Economía. Estará presidido por Paulina Saball, en su calidad de encargada de la reconstrucción.

• La secretaría técnica será de responsabilidad del Ministerio de Hacienda.
• Por ahora, el costo estimado para la reconstrucción, tomando en cuenta la experiencia de 2017 y haciendo un cálculo por hectárea dañada, supera los US$300 millones.
• El ministro Mario Marcel explicó que se utilizará una legislación usada a partir del terremoto de 2010.
• También se hará uso de una franquicia, que consiste en descontar el 50% de la donación directamente de impuestos y el otro 50% reconocerlo como gasto para efectos tributarios.
• Otra característica de este fondo es que permite donaciones en dinero y también en especies.
• “Las especies incluyen también donaciones en obras; es decir, si se trata de reconstruir una escuela, de acuerdo a los estándares que establece la legislación, puede hacerlo con sus propios fondos y el costo de la reconstrucción de esa escuela luego se imputa al mecanismo de franquicia tributaria que opera para la reconstrucción”, explicó Marcel.

Telón de fondo. Las conversaciones que se han desarrollado entre el gobierno y el sector por la reconstrucción corren en un carril paralelo a la tensión que generó el Presidente Boric al abrir la posibilidad de un debate a largo plazo acerca de una regulación distinta la industria forestal tras los incendios, ante lo cual la Sofofa realizó una dura declaración. Más tarde el gobierno anunció una agenda de cambios a las forestales y el ministro Esteban Valenzuela dio contundentes señales respecto a un posible royalty, lo que tuvo que salir a desechar la titular de Interior, Carolina Tohá.

• A esa altura, sin embargo, la ofensiva del gobierno había generado un fuerte malestar entre los privados.
• El centrar la agenda en la regulación de la industria forestal, señalaban, los colocaba en la primera línea de los responsables de la catástrofe.
• Para algunos representantes del mundo empresarial, el hecho de que La Moneda haya puesto el foco en los privados equivalía a una homologación de la forma en que originalmente enfrentó los incendios de diciembre en Valparaíso, en que, también sin mostrar antecedentes, el Ejecutivo se sumó inicialmente a quienes pedían suma urgencia a un proyecto de ley para declarar que los terrenos quemados no pueden ser vendidos después a las inmobiliarias, justamente por esas sospechas.
• Las tensiones se superaron en parte cuando La Moneda dejó de insistir con el royalty forestal, pero el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, habló el domingo de los incendios intencionales y sostuvo que “se trata de acciones criminales en medio de la emergencia que hemos vivido y es un problema de seguridad pública que claramente le corresponde al Gobierno asumirlo, y esa es una de nuestras principales preocupaciones”.
• Con sus dichos, Mewes puso buena parte del peso de la crisis en el Gobierno y su eficacia en el control de la seguridad pública, debido a la intencionalidad que se atribuye a buena parte de los incendios.
• Para algunos, el que el gobierno esté poniendo en marcha el proceso de reconstrucción junto al sector privado bien puede generar acercamientos, con el fin de afrontar la emergencia bajo criterios comunes.