La cancelación del ministro Ávila (y la de Pato Fernández). Por Mario Waissbluth

Esta es, en mi modesta opinión, una acusación rasca, cuyo propósito real y de fondo es cancelar a Ávila, por transgresiones ideológicas inaceptables para los sectores más ultra de la derecha, exactamente lo mismo que le pasó al pobre Pato Fernández cuando musitó una inocua frase que irritó a los sectores más proclives a la teología del PC. Tu cancelación y dos más. Chúpate esa.

Mis amigos me han pedido escribir una columna, dada la inminente acusación constitucional de la derecha al Ministro de Educación Marco Antonio Ávila. Confieso que al principio me dio mucha lata, pero al fin accedí, y pedí que me mandaran todos los materiales, o sea la Acusación misma (1172 pág.) y los textos síntesis de la acusación y la respuesta.

Después de tragarme toda la verborragia jurídica y pseudo constitucional, todavía no hallaba por donde agarrar el tema hasta que, en una epifanía, se me apareció en la pantalla del Mac la imagen fantasmal del cancelado Patricio Fernández apuntando con el dedo a Ávila y a mí. Ahí se me hizo la luz.

Me imagino la siguiente escena hipotética: algunos diputados de derecha disfrutando un tecito Earl Grey con galletas de Le Moulie. Uno de ellos comentó escandalizado “¿vieron al Ministro de Educación metiendo la sexualidad y los derechos de los LGTBnosecuanto en los colegios?” -“Horror de horrores”, reaccionó una diputada de las más religiosillas, con voz temblorosa -“¿Otra vez con esas leseras? ¿Se acuerdan como rechazamos con violencia aquellas jornadas de comunicación afectiva, las JOCAS del año 2000? Ahora tenemos que actuar igual, y rápido.” Y golpeó la mesa con un palmotazo, quebrándose una esmaltada uña en la pasada -“Bueno, pero ¿qué podemos hacer?” preguntó un odiosillo diputado. A lo cual otra diputada muy pero muy de tendencia conservadora y “provida” sugirió “¡Ya sé! ¡Hagámosle lo mismo que le hicieron a Beyer!”

… y a Yasna Provoste… agrego yo. Las acusaciones constitucionales a Ministros de Educación, que debieran hacerse como medida de ultima ratio, como dicen los leguleyos, frente a violaciones personales y flagrantes de la Constitución o las leyes, o de comprometer gravemente al honor de la Nación, o de robar, se han convertido en una más de las herramientas de disputa política entre oposición y gobierno… y nada más…

Esta es, en mi modesta opinión, una acusación rasca, cuyo propósito real y de fondo es cancelar a Ávila, por transgresiones ideológicas inaceptables para los sectores más ultra de la derecha, exactamente lo mismo que le pasó al pobre Pato Fernández cuando musitó una inocua frase que irritó a los sectores más proclives a la teología del PC. Tu cancelación y dos más. Chúpate esa.

El resto ya fue una recopilación de todo tipo de antecedentes en cuanto a la gestión del ministerio (no del Ministro) pletórica de frases como “el retraso en…” o “la poca vigilancia de…”, y no voy a latear al lector con los numerosos casos que citan. Con eso se armó la acusación, cuyo resultado, como en casos anteriores, no tendrá nada que ver con contenidos sustantivos, sino con una suma y resta de votos, pareos por viaje, omisiones, etc.

Que conste eso sí que no tengo ninguna simpatía ni paciencia por el Ministro Ávila. Su gestión ha sido, efectivamente, tan rasca como lo es la acusación, rasca en el sentido de carecer de medidas urgentes y sobre todo osadas para recuperar la calidad en las aulas. Digamos eso sí en su defensa que internamente el Ministerio de Educación ha sido por décadas un infierno de ineptitudes, reglas burocráticas y silos de poder. Aunque se pusiera al Santo Padre o a Superman para ordenar ese despelote, no lo lograrían a menos de que se haga una reingeniería radical del mismo, la que los gremios del ministerio, la ANEF y el Colegio de Profesores detendrían en aproximadamente quince minutos.

La única solución a la mejora en la gestión de la educación es su total descentralización, delegando a los Gobiernos Regionales este asunto… previa una preparación y reingeniería legislativa de algunos años, y una poda radical de las más de tres mil normas burocráticas e instructivos que deben cumplir los sufridos directivos escolares, y que le dan la razón de existir a los cuatro mil funcionarios ministeriales.

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