El debate sobre las cuentas anónimas en redes sociales y la discusión acerca de qué gobierno garantizaría mejor la paz social han reinstalado —con altas dosis de oportunismo y deshonestidad intelectual— la pregunta de si José Antonio Kast representa o no un riesgo para la democracia chilena.
Más allá de que ni el odio en redes sociales ni la capacidad de gobernar sean patrimonio exclusivo de un sector, la actitud reciente y la estridencia de los críticos de Kast permiten suponer que lo suyo es más teatro que convicción.
El diputado socialista Daniel Manoucheri sostuvo hace poco que “Kast es un mentiroso y un cobarde… Chile merece respeto democrático”.
Sin embargo, días antes, él mismo, junto a otros 61 diputados oficialistas, aprobó dejar sin sanciones el incumplimiento del deber de votar, desobedeciendo de manera explícita lo que la Constitución ordena: que el sufragio es obligatorio y que una ley debe fijar las multas correspondientes. ¿No es faltar al respeto democrático ponerse por sobre la Constitución?
El presidente del PC, Lautaro Carmona, que en otro momento afirmó que Cuba es “una democracia avanzada que sufre constantemente el acoso sin nombre de parte del imperio”, reaccionó al reportaje de Chilevisión sobre un par de cuentas anónimas asegurando que “se está afectando, de ser así, el funcionamiento del sistema democrático”.
¿No pone en riesgo el sistema un partido que se declara marxista-leninista y, consecuentemente, contrario a la democracia liberal? ¿No amenaza más a la democracia una ideología que en el mundo ha costado decenas de millones de vidas?
El exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, hoy escandalizado por la polémica de las cuentas anónimas, durante el denominado estallido social marchaba por Calle Condell gritando “el que no salta es paco” y presentó recursos para quitarle a Carabineros las pocas herramientas que tenían para mantener el orden público.
Lo anterior mientras los locatarios dormían en sus negocios para evitar que se los quemaran.
Y en 2021 advertía que Kast “se convierte en un actor peligroso para la convivencia democrática”. ¿No es, acaso, un peligro para la convivencia democrática un alcalde que legitima la violencia como forma de hacer política?
La ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, acaba de declarar que “el triunfo del Rechazo es la expresión de la mayor mentira en la historia”. Su vicepresidente, Jaime Bassa —el mismo que en una comisaría ostentaba su cargo para “exigir la libertad inmediata” de detenidos— afirmó estos días que “a Kast y a sus seguidores nos les interesa la democracia realmente”.
¿Le interesa la democracia a quien deslegitima un resultado electoral, como hizo Loncon? ¿Cuánto les interesa la democracia a quienes promovieron un proyecto que buscaba refundar Chile con un riesgo altísimo de concentración del poder en su propio sector?
El presidente del PPD, senador Jaime Quintana —autor de la “retroexcavadora” del segundo gobierno de Bachelet y del “parlamentarismo de facto” con que buscó arrebatar facultades de gobierno al Presidente Piñera en plena crisis de octubre de 2019— señaló que “si la política tuviera las reglas del fútbol, Kast ya estaría expulsado por juego sucio”.
Lo último lleva a una pregunta básica. ¿Y qué sanción correspondería entonces a quien, en un régimen presidencial, pretendió vaciar de poder al Presidente al ritmo de la violencia callejera?
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo —quien en 2019 pedía “elecciones presidenciales anticipadas”, que en el plebiscito constitucional de 2022 actuó de facto como vocera del Apruebo desde La Moneda y que se ha destacado por difundir noticias falsas, como acusar de asesinato al carabinero de Panguipulli o alentar sospechas sobre un inexistente centro de torturas en la estación Baquedano.
Hoy, además de involucrarse casi a diario en la contienda presidencial, Vallejo apunta contra Kast afirmando que “las estrategias electorales tienen que tener estándares de promoción y resguardo de nuestro sistema democrático”.
Pero, ¿cuál es el estándar democrático de quien acusa falsamente a un inocente de asesinato y nunca le pide perdón? ¿Y cómo se resguarda la democracia desde un rol institucional cuando se practica un intervencionismo electoral tan evidente como el que ha desplegado la vocera?
Toda esta indignación impostada esconde, en realidad, una pulsión antidemocrática: la convicción de que la derecha, y en particular José Antonio Kast, carecen de legitimidad para gobernar. Para reforzar este argumento, se busca equiparar al candidato republicano con líderes extranjeros acusados de autoritarios, populistas o cómplices de campañas de desinformación.
El riesgo no está en Kast. El candidato republicano viene desde dentro del sistema y ha mostrado moderación en sus formas. También ha dado pruebas de su carácter institucional: cuando perdió la elección presidencial llamó de inmediato al presidente electo, y cuando obtuvo la mayoría en el Consejo Constitucional, lejos de dinamitarlo —y pese a haber sido siempre contrario al cambio constitucional— optó por trabajar dentro de las “doce bases” y presentar una propuesta al país.
Para pesar de sus críticos, y a riesgo de caer en vanas comparaciones extranjerizantes, Kast es más parecido a Giorgia Meloni que a Donald Trump.
Por eso mismo resulta miope que parte del centro y de la derecha caigan en el juego de la izquierda y ponga en duda las credenciales democráticas del candidato republicano. Ayer fue Piñera, hoy es Kast y mañana podrían ser ellos. Ceder a ese chantaje por cálculo electoral es pan para hoy y hambre para mañana.
El verdadero riesgo para la democracia chilena no está en Kast, sino en la incapacidad del sistema político para dar respuestas efectivas a la crisis de seguridad, que alimenta una creciente demanda por salidas autoritarias. Si no enfrentamos ese desafío, cuando llegue un líder genuinamente autoritario, tanto la izquierda como parte de la derecha liberal lamentarán que no sea alguien como José Antonio Kast quien encauce la demanda de restauración del orden y de la paz para vivir.
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