La “empresariofobia” que un sector de la izquierda no logra superar. Por Jorge Schaulsohn

Para ciertos sectores de la izquierda, haber sido empresario o ejecutivo director o abogado de empresas, es una presunción de deshonestidad, de mancha moral. Esa es una lógica primitiva, una señal de sospecha permanente o una incompatibilidad estructural con el servicio público.

“Colonización”. A diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados, en Chile no hay un segmento del mundo empresarial que se identifique ideológicamente con la izquierda; o con lo que en la jerga contemporánea se denomina el “progresismo”.

• Por lo que su relación ha sido desde siempre estrictamente transaccional, vinculada más que nada a buscar apoyo financiero en tiempos de campaña, donde con pragmatismo, dejaban de lado los prejuicios ideológicos, para pedir plata. Así se llegó al extremo de que SQM aparecía como militante del PPD, cuando Carolina Tohá era su presidenta.
• La gran crítica que desde la propia izquierda se le formuló a Ricardo Lagos, fue, precisamente, que tenía demasiada cercanía con el mundo empresarial, siendo estigmatizado como “su presidente favorito”.
• Por eso no debe sorprender a nadie que los cuestionamientos de la futura oposición a miembros del gabinete designado por Kast, no se centre en sus decisiones ni en sus conductas previas, sino en su origen.
• Para ciertos sectores de nuestra izquierda, haber sido empresario, ejecutivo, director o abogado de empresas, basta para activar una presunción de deshonestidad.  Prueba suficiente de una supuesta captura del Estado; una “colonización del aparato público”, como si se tratara de una maniobra premeditada de cooptación para satisfacer intereses bastardos.

“Mancha moral”. Se llega al extremo de objetar al futuro ministro de defensa por haber sido parte del equipo jurídico que defendió a Pinochet en Londres; pero se olvida que estaba en el mismo “bando” que el gobierno del presidente Frei que también se opuso a que fuese juzgado en España y luchó con éxito por su regreso a Chile.

• En lugar de interrogarse por los conflictos de interés concretos, por las decisiones específicas que podrían vulnerar el interés público o por las políticas que efectivamente se impulsarán desde los ministerios, se instala una presunción de deshonestidad basada exclusivamente en el origen laboral de las personas.
• Como si haber transitado por el mundo privado fuese, en sí mismo, una mancha moral, una señal de sospecha permanente o una incompatibilidad estructural con el servicio público.
• El problema de este enfoque no es solo su injusticia individual, que lo es, sino que reduce la discusión pública a una caricatura ideológica en la que el Estado aparece como un espacio que solo puede ser legítimamente administrado por quienes jamás han tenido responsabilidades en empresas, y donde la experiencia privada es vista no como un activo potencial, sino como una amenaza latente.

Lógica binaria. Peor aún, esta narrativa atenta contra la idea de modernizar y profesionalizar el Estado, de incorporar capacidades técnicas y valorar la experiencia en la gestión, pues parte de esas capacidades provienen del sector privado y no del aparato partidista tradicional, por lo que no puede ser reinterpretada como una forma de colonización ilegítima.

• Se trata de una lógica binaria, primitiva: lo público es virtuoso por definición; lo privado, sospechoso por naturaleza. Una simplificación que ignora deliberadamente la complejidad de las sociedades modernas, donde ambos mundos están necesariamente entrelazados.
• No parece importar que varios de los ministros cuestionados tengan trayectorias intachables, sin reproches éticos ni escándalos asociados. Tampoco interesa, al menos en esta fase inicial, si han cumplido o no con las normas de probidad, con las declaraciones de intereses y patrimonio o con los fideicomisos exigidos por la ley.
• La sospecha antecede a los hechos y se mantiene incluso en ausencia de evidencia. No se trata de prevenir abusos concretos, sino de afirmar un prejuicio ideológico: el empresario, por definición, no puede actuar en favor del bien común.
• Cuando la crítica política se basa en identidades y no en conductas, se erosiona el principio básico de responsabilidad individual.  Se deja de juzgar a las personas por lo que hacen y se las juzga por lo que son, o por lo que se supone que representan.
• Es una lógica que, llevada a su extremo, termina clausurando cualquier posibilidad de evaluación racional del desempeño gubernamental y reemplaza el control democrático por una desconfianza automática.
• Resulta llamativo, además, el doble estándar implícito en esta mirada. La izquierda ha sido históricamente mucho más indulgente con los vínculos entre política y otros mundos de poder, como el sindical, el académico o el activismo identitario, aun cuando esos espacios también tienen intereses, agendas y sesgos.
• Sin embargo, cuando el vínculo es con el sector empresarial, la presunción se invierte: ya no se exige prueba de mala conducta, sino que se exige al acusado demostrar su inocencia.

Si todo es captura, nada lo es. Nada de esto implica desconocer los riesgos reales que existen cuando personas con fuertes vínculos empresariales asumen responsabilidades públicas. Los conflictos de interés son una amenaza concreta y deben ser prevenidos con reglas claras, fiscalización efectiva y sanciones severas.

• Pero una cosa es exigir el cumplimiento de los estándares estrictos de probidad y transparencia que nuestra legislación contempla; y otra muy distinta es instalar una sospecha generalizada que convierte el debate político en un ejercicio de descalificación moral anticipada.
• Paradójicamente, esta actitud termina favoreciendo aquello que dice combatir. Al banalizar la crítica, al usarla como consigna ideológica en lugar de herramienta de control democrático, se debilita la capacidad real de fiscalizar al poder.
• Si todo es captura, nada lo es realmente. Si toda presencia empresarial es corrupción potencial, se pierde la capacidad de distinguir entre quienes abusan del cargo y quienes ejercen sus funciones con rectitud.
• El desafío para la futura oposición no es denunciar una supuesta colonización abstracta, sino vigilar decisiones concretas, políticas públicas específicas y resultados verificables. Lo demás es retórica. Una retórica que puede ser eficaz para cohesionar a los convencidos, pero que difícilmente contribuye a elevar el estándar del debate público o a fortalecer la democracia.

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