El rumbo y peligroso destino al que se dirige aceleradamente nuestro país debiera ser motivo de preocupación urgente y general. Sin embargo, buena parte de nuestros líderes políticos están, u ocupados de cuestiones nimias o cortoplacistas, o de tomar decisiones livianas e irreflexivas en complejos y gruesos temas regulatorios, como si el país fuera a resistir todo tipo de tonterías o como si aun existiera ese Chile que, hace menos de 8 años, podía ser un país desarrollado.
Especialmente preocupante es la hipocresía en la que nos sumergen día a día para continuar haciendo lo que están haciendo: decirnos que están preocupados de unas cosas, cuando realmente sus actos e intereses se alinean en la dirección contraria. Montan una irritante pantomima para tapar el cómo deterioran las instituciones y nuestra capacidad de progreso.
La forma y el fondo en que el Ejecutivo y el oficialismo han conducido la discusión del voto obligatorio es un ejemplo reciente e insigne de la impostura, haciendo patente con sus actos que la confianza pública y el respeto por el Estado de derecho les tiene sin cuidado. No solo alteran las reglas del juego a pocas semanas de que éste se desarrolle, sino que la jugada maestra es asestada por el propio gobierno del presidente Boric.
Hace menos de cuatro años, los parlamentarios reformaron la Constitución para hacer del voto uno de carácter obligatorio para todos los electores. Oficialismo (actual) incluido y encabezando la discusión en ese entonces. A partir de ahí, políticos y electores de a pie hemos obrado sobre la base del común entendimiento de que el voto era obligatorio para todos, como bien dice la Constitución. Tanto es así que, hasta la última sesión de la reciente Comisión Mixta, ese era el común denominador hasta que el chofer de la micro, el gobierno, decidió doblar en segunda fila.
Y es que hoy, concluidos los fallidos procesos constitucionales y vistos sus resultados, así como la información que revelan las encuestas -sobre la intención actual de voto de los migrantes en Chile- la convicción oficialista cede a la conveniencia, y el gobierno la sirve en bandeja de plata.
El hoy ministro Elizalde enarbolando, vaya paradoja, la denostada Constitución del 80, pero en su versión de hace unos años, proclama en la hora nona que el voto obligatorio ha de serlo, pero solo para algunos. Que bajo el texto actual ello instale desigualdades arbitrarias no importa, pero no así el relato. Para eso sí que hay cuidado.
La ministra vocera de gobierno entona, en clave hábilmente soberanista (otra paradoja), que los extranjeros avecindados no pueden decidir el futuro de Chile (curiosamente sí podían decidir sobre la Constitución). Una diferenciación sin fundamento plausible alguno, además de odiosa, pero que en cierta medida toca una tecla política correcta, misma que, sin embargo, reafirma cuan poco razonada y arbitraria es la medida.
El diputado Winter, por su parte, nos regala otra impostura: La multa por no concurrir a las urnas es castigar a los pobres. Voy a asumir por unos segundos que el diputado no está planteando dejar el voto obligatorio sin multa (esto es, dejar la Constitución en letra muerta, aunque en realidad con el diputado no puede asumirse nada), sino hacer una diferenciación respecto de su pago para los más vulnerables. Pero en el fondo ello quiere decir que el parlamentario cree que debe tener más peso el voto de las clases acomodadas que el de los pobres, aunque se disfrace de defensor del pueblo.
Luego, el gobierno intenta separar aguas con el Partido Comunista. Lo han hecho respecto de Jadue y también ante las críticas (graves y peligrosas) planteadas por el PC a las instituciones tras lo ocurrido en Villa Francia. Con su posición, en uno y otro caso, el PC nos dice, básicamente, que su compromiso democrático es nulo. El gobierno, que no se quiere ver salpicado, se desmarca a través de declaraciones, pero estando el PC en el centro de gobierno, diga lo que diga queda empapado.
La coalición de gobierno tiene al PC como protagonista. El partido tiene a ministros en las carteras sociales más relevantes, además del comité político y, hasta donde se sabe, no hay intenciones de cambiarlos. El llamado socialismo democrático (que en la discusión del voto obligatorio parece habérsele caído el apellido) también se desmarca, y con celo, de Carmona, pero no se demora ni cinco segundos en hacer pactos electorales y de gobierno con el referido timonel. En realidad, a todos solo les interesa hacer cómo que se desmarcan.
A propósito de lo de Jadue e imposturas, el gobierno chileno envió una nota de protesta al gobierno colombiano por los graves dichos del presidente Petro respecto a la “prisión política” y “persecución” de Gabriel (Daniel) Jadue. A los pocos días, el presidente de Colombia nos refregó la nota de protesta en la cara, interviniendo nueva y vergonzosamente en asuntos internos de Chile.
¿Y el gobierno chileno? No hará nada más, tal y como ocurre con Venezuela. Sus autoridades han basureado a nuestras instituciones y nuestro Estado de Derecho, pero el gobierno no hará más porque es mucho más importante mantener la fiesta en paz con la ultraizquierda del barrio. Por lo mismo, el gobierno pretende no entender por qué la familia de general Ojeda pidió asilo en Argentina.
La pantomima cierra con el crimen organizado y la delincuencia. Tras el fuerte “los vamos a perseguir como perros”, “no permitiré”, “caiga quien caiga” y recientemente “necesitamos levantar el secreto bancario” del Presidente, todo indica que los que no entendimos nada fuimos nosotros: Era “caiga quien caiga”, pero en el avión presidencial, y así es como en él cupo la diputada Pérez, imputada en el caso Democracia Viva, tras una amable invitación a Paraguay.
Para concluir solo decir que hay también hipocresía en quienes aún estiman que estas imposturas solo “dificultan” una relación con el gobierno, cuando lisa y llanamente, y habida cuenta de su gravedad, la hacen imposible.
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