La contralora general de la República, Dorothy Pérez, prepara una nueva ofensiva contra el uso indebido de recursos públicos. Tras su exitosa cruzada contra las licencias médicas fraudulentas, ahora anuncia fiscalizaciones a la asignación de beneficios sociales focalizados, como la gratuidad universitaria, los subsidios al empleo y habitacionales, e incluso la Pensión Garantizada Universal (PGU), por mencionar solo algunos entre más de 160 programas que se otorgan según criterios socioeconómicos (Registro Social de Hogares; Panel de Expertos para Mejoras al Instrumento de Focalización, enero de 2022).
En este contexto, resulta clave analizar dos aspectos fundamentales. El primero se refiere a los incentivos que enfrentan las personas para subdeclarar el número de integrantes de su hogar en el Registro Social de Hogares (RSH), información que es autorreportada y carece de verificación mediante registros administrativos. Por ejemplo, según el RSH, alrededor de un 50% de los hogares se declaran unipersonales, mientras que, según el INE, esa cifra ronda apenas el 20%.
Este problema ya estaba presente en la antigua Ficha de Protección Social y ha sido discutido en diversas comisiones desde 2010, sin avances significativos a la fecha. Por ello, incluso con la irrupción de la contralora, este flanco seguirá abierto, ya que no es fiscalizable. Pérez podrá reforzar los controles sobre variables objetivas y trazables —como ingresos formales, saldos financieros o asistencia escolar—, pero no sobre la composición del hogar, que depende exclusivamente de lo que los solicitantes declaran.
Sin embargo, existen caminos para avanzar, no mediante una fiscalización más intensa, sino a través de un diseño más inteligente de las prestaciones sociales. Se trata de generar incentivos en sentido inverso: que las personas tengan razones positivas para declarar correctamente a los integrantes de su hogar. Por ejemplo, podrían estructurarse transferencias que premien la declaración completa de cargas familiares, como ocurre en salud, donde los beneficios aumentan con el tamaño del hogar declarado. Esta lógica adquiere especial relevancia al pensar en políticas futuras, como un eventual impuesto negativo al ingreso para trabajadores formales, cuyo diseño debiera considerar no solo el ingreso individual, sino también la composición del hogar.
El segundo punto fundamental apunta al rediseño de los programas sociales para que contemplen un retiro gradual de los beneficios a medida que aumentan los ingresos, en lugar de la caída abrupta que hoy predomina en la mayoría de los casos. Por ejemplo, no resulta razonable que un estudiante del percentil 61 de ingresos quede excluido de la gratuidad universitaria, mientras otro en el 60 reciba el 100% del beneficio. Tiene mucho más sentido que los beneficios disminuyan progresivamente en función del nivel de ingresos —individuales o familiares, según corresponda— hasta extinguirse por completo.
Un diseño de este tipo también reduce los incentivos al comportamiento oportunista, como ocultar ingresos, condiciones laborales o integrantes del hogar. El retiro gradual elimina el esquema del “todo o nada” al que se enfrentan los postulantes a programas focalizados, y disminuye el impuesto implícito que se genera cuando los hogares mejoran su situación económica y, con ello, pierden beneficios de manera abrupta.
En definitiva, el buen uso de los recursos públicos exige no solo una fiscalización eficaz, sino también un diseño inteligente de los programas sociales. La combinación de ambos elementos —control y arquitectura institucional— es lo que permitirá garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan, sin generar incentivos perversos ni excluir, sin justificación suficiente, a quienes apenas superan los umbrales establecidos.
Violencia escolar: intervenir es una obligación ética y pedagógica. Por Jaime Fauré.
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