Al cumplir ochenta años de su creación, la ONU atraviesa una de sus crisis más difíciles. Gestada para garantizar la paz tras la II Guerra Mundial, atraviesa una era que combina problemas políticos, financieros y normativos, que atentan contra su futuro. No solo hay falta de compromiso de los Estados miembros, que incumplen reglas y desatienden las decisiones colectivas, sino que suma además a un Consejo de Seguridad en los hechos bloqueado por el uso recurrente del veto en cuestiones sensibles.
En un contexto de debilitamiento del multilateralismo, la ONU está siendo marginada. En distintas regiones, los conflictos se multiplican, el comercio basado en normas se debilita y las divisiones al interior del Consejo de Seguridad se profundizan. A ello se suma la presión financiera de los Estados miembros y grandes donantes, especialmente de EE.UU. y China, los que aportan sobre el 40% del presupuesto total. De esta manera, cuotas impagas y recortes consecuentes amenazan la continuidad de programas esenciales, desde operaciones humanitarias hasta iniciativas de salud, refugiados y seguridad. Masivos despidos profundizan el descontento y paralizan el trabajo de varias de sus agencias.
No se trata sólo de limitaciones coyunturales. La ONU enfrenta una crisis estructural animada por el microlateralismo, la politización de órganos como el Consejo de DD.HH., la parcialidad percibida en la narrativa sobre conflictos como Israel–Hamas y la incapacidad de actuar en Siria o Líbano. La disfunción se ha agudizado con la retirada de EE.UU. de ciertos órganos y el debilitamiento de su aporte a la ayuda humanitaria. La Asamblea General, con su legitimidad, se ve limitada por la influencia de potencias que marcan la agenda en áreas como el control de armamentos o el desarrollo, mientras el multilateralismo asambleario se debilita.
La ONU se encuentra atrapada en una estructura obsoleta que no refleja el orden actual. Son más de 133.000 personas contratadas, de las cuales 37.000 dependen de la Secretaría General. La pérdida de confianza es quizás el desafío más grave. La incapacidad para responder a la invasión rusa a Ucrania, el conflicto en Gaza, Sudán o Haití o la demora en la ejecución de sus programas, minan su legitimidad y su condición de referente de imparcialidad. Su parálisis empuja a numerosos países a recurrir a soluciones unilaterales, sanciones independientes o alianzas ad hoc.
Para Chile, este deterioro no es inocuo. Nuestra política exterior se ha sostenido en el respeto al derecho internacional y en la adhesión a tratados multilaterales que requieren un sostén institucional confiable. Desde el Tratado Antártico hasta la OMC, pasando por el desarme y los DD.HH., la vigencia de esos compromisos depende de una ONU capaz de garantizar su cumplimiento. Sin ella, la seguridad jurídica, que tanto valoramos los países medianos, se debilita, abriendo la puerta a las arbitrariedades.
Por ello, la ONU necesita urgente un liderazgo fuerte, audaz, capaz de establecer puentes y dialogar con potencias rivales, que esté suficientemente respaldado por las grandes potencias e imponga ideas innovadoras que revitalicen a la organización.
No basta con administrar la inercia, apoyarse en una burocracia impagable, con prebendas y privilegios, o seguir mirando al pasado como si este estuviera aún presente; se requiere voluntad política, visión, energía, coraje y sobre todo el compromiso activo de las grandes potencias para efectuar los cambios internos y recobrar la confianza en los organismos internacionales. Y en esto no hay que equivocarse: si no se cuenta con el beneplácito de EE.UU. y al menos la tolerancia activa de China, cualquier candidatura que busque representar sólo a los excluidos o a las minorías, es una pérdida de tiempo y dinero.
Por ello, a tiempos excepcionales, remedios excepcionales. Si en períodos normales se ha considerado que el Secretario General provenga de países intermedios, es evidente que en momentos de una aguda fractura, solo una representación personal de un liderazgo nacional incontestado, más allá de las contiendas internas, tendrá la capacidad de hacer operativo al Consejo de Seguridad, asegurar un financiamiento estable, devolver imparcialidad a los órganos y organismos del sistema, y reencantar a los países con que la diplomacia puede más que la fuerza.
Chile debe alzar la voz con claridad y sumar esfuerzos para promover esas reformas. Nuestro interés nacional está en juego: necesitamos una ONU robusta, confiable y dotada del liderazgo necesario para preservar la paz, la estabilidad y la cooperación internacional. 80 años después de su fundación, el tiempo de la consolidación y del realismo del poder ya no puede esperar.
Fiestas Patrias y consumidores: una guía para celebrar con responsabilidad y seguridad. Por César Vargas Rojas.
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