Se suele decir que hay dos formas de ver una misma realidad o hecho: con el vaso medio lleno o medio vacío. Así es como podemos ver una serie de noticias de los últimos días. Estos días nos enteramos que al menos seis suboficiales del Ejército fueron detenidos y están bajo investigación, por el traslado de droga dentro del país, incautándose 192 kilos de cocaína y pasta base, avaluados en nada menos que $3 mil millones de pesos. Esto se pudo detectar gracias a trabajo interno de fiscalizaciones en la institución castrense, quien hizo su denuncia al Ministerio Público.
Por otra parte, también se informó que se desbarató al brazo financiero del Tren de Aragua y que habría lavado más de 12.700 millones de pesos en criptomonedas, proveniente de delitos tan graves como tráfico de drogas, secuestro, extorsión y trata de personas. Así, se detuvo a 52 personas que se dedicaban a “labores administrativas” para esta banda de crimen organizado, actuando como “palos blancos” a través de la banca formal y luego enviando el dinero al extranjero como criptomonedas.
Como si fuera poco, el Fiscal Nacional también informó de la remoción de fiscal de Rancagua, Jorge Mena, investigado por vínculos narcos y haberlos favorecido en una serie de investigaciones. Las investigaciones en contra del ex Fiscal se gatillaron a través de denuncias anónimas realizadas a la institución.
Leyendo todo esto, sin duda da para preocuparse y casi dan ganas de llorar. Pero, como decía al inicio, hay otra forma menos negativa de mirar estas noticias. Aún queda patria y nuestra institucionalidad estaría dando el ancho.
Sin duda se trata de hechos de la máxima gravedad, que el Ejército -institución que algunos incluso quieren que cumplan funciones de resguardo de la seguridad y el orden interno- estén involucrados con el narcotráfico, al igual que quien debe por ley perseguir estos delitos, es de suma gravedad. Pero, las instituciones no se encuentran cooptadas al nivel de varios países de la región donde se hace vista gorda y estos casos ni se investigan.
Las labores de control interno y de canales de denuncia, de este modo, se muestran como clave para que estos hechos se puedan detectar y se gatillen las investigaciones necesarias para sancionar posibles delitos, pero también es un desincentivo relevante a la hora de cometer estos delitos o de que avance el crimen organizado en Chile.
Una de las grandes preocupaciones ante el alza de este fenómeno tanto en la región, como en el mundo, en general, es la capacidad de penetrar y capturar instituciones claves llamadas a mantenerlos al margen y perseguirlos. Por eso, a pesar de la gravedad de los hechos, sin duda la buena noticia es que la institucionalidad fue capaz de reaccionar adecuadamente.
De este modo, ahora que distintos partidos y candidaturas nos proponen planes de gobierno y donde la seguridad está al centro, es clave que pensemos en cómo mantenemos la autonomía de las instituciones y fortalecemos sus capacidades detectivas y persecutora de delitos. Sin duda los canales de denuncia y el control interno son relevantes, así como tener un sistema de inteligencia financiero moderno, con capacidades, coordinación y recursos suficientes que llegue a tiempo y desbarate a estas bandas delictivas.
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