La propuesta del gobierno respecto al CAE. Por Mario Waissbluth

El impacto de esta política puede ser simplemente desastroso, dejando centenares de carreras y miles de programas, así como la creación o fusión de carreras, al arbitrio de la fijación de precios en manos de algún burócrata estatal, y eliminando por completo la posibilidad de muchas universidades de realizar mejoras a la calidad sus programas de estudio.

Este proyecto de ley no se refiere solamente al CAE, sino al financiamiento de la educación superior en Chile. En este contexto, cabe aclarar que el peor error de política pública de Bachelet II fue anunciar la gratuidad total durante su campaña presidencial, y el de Boric fue anunciar la condonación total del CAE.

Estos errores han conducido a que Chile tenga el mayor gasto en educación superior de todos los países de la OCDE: 2.4% del PIB, comparado con 1.5% del promedio OCDE… mientras la cobertura de educación parvularia en el crítico tramo de 0–3 años es tan solo de 40%, y la calidad general tanto de la educación parvularia como escolar deja mucho, pero mucho que desear.

La condonación del CAE es una política regresiva en distribución del ingreso. Los titulados de educación superior, e incluso los desertores, tienen un premio salarial muy fuerte en comparación con los que terminaron la educación media. Por otro lado, la imagen de “los pobres endeudados con el CAE” es falaz. El deudor promedio del CAE paga $32 mil pesos, lo que equivale a 2 McFamily Box con envío a domicilio.

El Ministro Marcel ha asegurado que el gasto público no aumentará con este proyecto. Sin embargo, diversos expertos han cuestionado esta afirmación. Es todavía difícil prever las consecuencias definitivas del proyecto en materia de gasto público y gasto total.

Por otro lado, la política actual de fijación de aranceles -sin copago- para los estudiantes en gratuidad en los deciles 1-6 de ingresos, ha conducido a graves problemas de desfinanciamiento en muchas instituciones, llevando incluso a la quiebra de algunas. El proyecto actual agrava este problema, al extender ese tramo a los niveles 7, 8 y 9, es decir, solo permite cobrar copago al 10% de estudiantes de mayores ingresos.

Con ello, el impacto de esta política puede ser simplemente desastroso, dejando centenares de carreras y miles de programas, así como la creación o fusión de carreras, al arbitrio de la fijación de precios en manos de algún burócrata estatal, y eliminando por completo la posibilidad de muchas universidades de realizar mejoras a la calidad sus programas de estudio.

Con todo, el proyecto tiene algunos elementos positivos, al aliviar la situación de los egresados con mayores problemas, y al incentivar a aquellos que han cumplido con sus obligaciones de pago.  Por ello, por ahora solo cabe recomendar lo siguiente:

1. Sea cuales sean los contenidos destallados del proyecto de ley, en ninguna circunstancia el gasto público y el gasto total de Chile debiera aumentar, como porcentaje del PIB. Esta debiera ser una restricción rígida al contenido del proyecto de ley, con “disparadores” claros en el momento en que estas barreras se trasciendan.
2. El proyecto de ley debe mantener la política de prohibir el copago solamente en los deciles 1-6. En caso contrario, las consecuencias serán catastróficas, sobre todo para las instituciones de educación superior de elevada calidad.
3. El proyecto debe, en su versión final, mantener el incentivo propuesto a los que cumplen con sus obligaciones financieras, y a la vez, de castigo a morosos.
4. Sería altamente deseable que en la fijación de aranceles, se proporcione un incentivo a las instituciones que vayan mejorando sus niveles de acreditación, para así ir impulsando una mejora general a la calidad del sistema.

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