Minutas de la Secom revelan temas que quiere instalar La Moneda y polémicas definiciones sobre Isapres, bancos y usurpación a propiedades

La minuta de la Secretaría de Comunicaciones, a cargo de Pablo Paredes y dependiente del ministerio de Camila Vallejo, fue enviada a parlamentarios oficialistas y es una suerte de guía para lo que tienen que resaltar los voceros en algunos temas incómodos para La Moneda. Del proyecto de usurpación de propiedades, aprobado por el Senado, dice que “la recuperación de terrenos puede terminar en una tragedia”, mientras que sobre las isapres sostiene que, pese a un fallo del TC de 2010, siguieron “obteniendo ganancias indebidas”. Del debate generado por el Banco Central “descarta un impacto en el acceso al financiamiento”.

El origen de las minutas. Con los ministros y subsecretarios desplegados por el país bajo la campaña #GobiernoEnRegiones, en La Moneda han aprovechado la semana distrital y regional del Congreso para ordenar los mensajes que buscan entregar en temas clave que cruzan la agenda -una suerte de guía para que tiene que resaltar los voceros oficialistas- y algunos proyectos que se retomará al retorno de las labores legislativas, la próxima semana.

• Para aquello la Secretaría de Comunicaciones, a cargo de Pablo Paredes y dependiente del ministerio de Camila Vallejo, envió al menos 3 minutas a parlamentarios de gobierno, a las que tuvo acceso Ex-Ante.
• Se trara de los textos titulados “Sobre situación de Isapres”, “Sobre el impacto de decisión del Banco Central para los bancos”, “Ministra Tohá sobre tramitación de proyectos de ley de seguridad en el Congreso Nacional (fast track)”.

Por qué importa. Sobre la ley de Isapres, este lunes la Corte Suprema se pronunciará sobre la reforma constitucional que ingresaron senadores de la oposición, que se votó favorablemente a mediados de mes en la comisión de Constitución de la Cámara Alta y que apunta a resolver el problema generado por el fallo del máximo tribunal al adecuar los planes base, por lo que el pago de las Isapres se reduce significativamente respecto de los US$ 1500 millones entregados por la Superintendencia.

• En la agenda de seguridad, el Parlamento retomará la próxima semana la discusión de la agenda priorizada que concordó por La Moneda y el Congreso, tras la crisis de seguridad que desató el crimen de 3 carabineros en el mes de abril. Hasta el jueves hay plazo para presentar indicaciones en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados al proyecto de ley sobre usurpación de propiedades, aprobado por el Senado a contrapelo de La Moneda y el oficialismo.
• La Secom también se hizo cargo del debate que generó el Consejo del Banco Central al activar requerimiento de capital de US$1.500 millones adicionales a la banca, lo que ha sido fuertemente resentido por los privados.

Proyecto de usurpación de propiedades: “Peligro a las personas”. Sin mencionar a Juan Antonio Coloma, presidente del Senado, la minuta de la Secom entra en la controversia que ha protagonizada la ministra Tohá y el parlamentario sobre la celeridad con que se está tramitando la agenda de seguridad priorizada entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Coloma sostuvo a inicios de esta semana que de los 12 proyectos que comprometió ingresar el Gobierno, ninguno había llegado al Congreso y que de las 31 iniciativas de seguridad, solo 3 han sido despachadas a ley. Tohá entregó otra versión, que refuerza la Secom como guía para sus parlamentarios. “La agenda de 31 proyectos priorizados avanza muy bien en el Congreso Nacional. A la fecha hemos despachado 8 de los proyectos”, dice el texto.

• La Secom pone el foco en las iniciativas que fortalecen las facultades que tienen los municipios en prevención del delito, el proyecto que aborda el delito de contrabando y el de inteligencia económica, señalando que no tienen “retraso alguno”, pero coloca fuertes reparos al de usurpación de propiedades, aprobado en el Senado por Chile Vamos y los republicanos.
• “Es necesario hacer un llamado a la responsabilidad y respetar los acuerdos tomados y a no extremar posiciones al fragor de quién es el más severo y o quién logra aprobar indicaciones más duras. Este es el caso de la ley de usurpaciones, donde indicaciones que permiten la autodefensa de la autodefensa de los propietarios para la recuperación de terrenos puede terminar en una tragedia y eso es lo que como gobierno no queremos. Confiemos en el trabajo de nuestras instituciones y no apliquemos las leyes por nuestras manos; esto daño a nuestro modelo institucional y, lo más importante, poner en peligro a nuestras personas”.
•  Hasta ahora el delito de usurpación de propiedades se trata solo de una falta, pero la iniciativa -en una de sus normativas- modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes.

“Responsabilidad de fondo”. La Secom pone todo el peso en las Isapres, no así en el fallo de la Corte Suprema, que ha sido cuestionado por diversos actores, como el rector Carlos Peña o el director de Estudios del Observatorio Judicial, José Miguel Aldunate, y no solo por la Asociación que las agrupa.

• “Pese a que en 2010 el Tribunal Constitucional declaró como inconstitucionales las discriminaciones que había en las tablas de factores, las isapres en vez en vez de adecuarse a dicho dictamen siguieron aplicando sus tablas con elementos que no correspondían, apostando a que solo un porcentaje muy bajo reclamara en los tribunales por cobros indebidos, mientras la mayoría no lo hacía. Las cortes, en los casos reclamados, fueron claras y en el 83% de los casos se ganaban los recursos. No obstante, las isapres siguieron cobrando abusivamente a sus afiliados, obteniendo ganancias indebidas y continuaron repartiendo sus utilidades entre sus accionistas”.
• Respecto a la reforma constitucional que presentó la oposición, la minuta solo nombra a Ximena Rincón y Matías Walker, de Demócratas, no así a Francisco Chahuán (UDI) y Javier Macaya (UDI), pese a que también firman el proyecto.
• “El fallo de la Corte Suprema se tiene que respetar, así como todos los chilenos y chilenas respetan la justicia del país. El plan de Rincón y Walker pretende eludir el fallo de la Corte con una reforma constitucional que no compartimos (…). Aquí no hay espacio para perdonazos mucho menos para eludir lo mandatado por el Poder Judicial y está totalmente descartado el traspaso de recursos del Estado a las aseguradoras”.

“Sólo una fracción de sus utilidades”. La Secom sale a respaldar al Banco Central, descartando que la iniciativa anunciada por Rossana Costa tenga un impacto en el sistema financiero.

• “El organismo autónomo anunció esta nueva exigencia en un momento donde la banca chilena tiene una situación sólida, ya que ha tenido ganancias importantes. Por lo tanto, el riesgo de que esta decisión afecte el acceso al crédito en Chile es considerablemente menor. Mientras las ganancias de los bancos superaron los 6.000 millones de dólares en 2022, el requerimiento adicional de capital asciende a cerca de 1.200 millones de dólares, por lo que es solo una fracción de sus utilidades. Además, tiene que ser implementado en un plazo gradual de 12 meses”, indica el texto.
• “Descartado el impacto en el acceso al financiamiento, es destacable decir que esta medida fortalecerá el sistema bancario, ya que le entrega una herramienta adicional para responder a shocks sobre la economía. Además, permite recomponer las holguras que se habían acumulado durante décadas y que tuvieron que ser utilizadas durante la crisis del Covid-19″.
• Tanto el presidente de la CPC Ricardo Mewes, como el presidente de Asociación de Bancos, José Manuel Mena, han advertido que es probable que exista un alza en el costo de financiamiento de los préstamos.
•  Mewes aseguró que la medida “llama la atención, porque es un poco distinto a la percepción que tiene la banca. Nuestra gran preocupación tiene que ver con que cuando haces estas exigencias y la banca tiene que aumentar capital, eso inmediatamente va a tener un impacto probablemente en los créditos a las empresas y personas”. Mena añadió: “Estamos preocupados por el efecto en el crédito en nuestro país tanto de consumo, hipotecarios como a empresas de distinto tamaño y en diversos sectores económicos. En un primer análisis, las exigencias de mayor capital tienen un efecto contractivo en el crédito y no entendemos cómo esto se concilia con el escenario económico vigente”.

La versión de la Secom. Las minutas fueron confirmadas por integrantes de la Secom, quienes agregaron que la información va en línea con lo que han planteado diversos parlamentarios y los propios ministros de Estado. Un ejemplo de esto último fue el endurecimiento del tono de los ministros Luis Cordero, Álvaro Elizalde y Camila Vallejo con respecto a las isapres.

Lea también. El estudio por $80 millones que solicitó la SECOM (ex-ante.cl)

 

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