La violencia del 2019 no es distinta a la del 2021. Por Ricardo Brodsky

Afirmar, como lo han hecho varios, una y otra vez, que la violencia del 18 de octubre fue la que permitió dar inicio al proceso constituyente, es un claro, o ingenuo, o torpe intento de validación moral de la violencia política y una invitación a repetirla una y otra vez si las cosas no avanzan como quisiéramos.

No era tan difícil adivinar lo que pasaría en la conmemoración del 18 de octubre: un número relativamente grande o escaso (según como se mire) de manifestantes sirviendo de alegres cómplices de otro grupo dedicado a quemar neumáticos, destruir semáforos, paraderos de buses, alumbrado público y un largo etcétera que rápidamente escaló a saqueos, golpizas y enfrentamiento con carabineros, abriendo el curso, además, a un tercer momento en que despiertan las bandas narcos en los barrios para atacar comisarías, saquear supermercados, quemar oficinas públicas y otro largo etcétera.

Después viene lo de siempre: todos compungidos condenando la violencia.

Sin embargo, nadie reconoce que lo que se estaba conmemorando no era precisamente el inicio del proceso constituyente, sino el inicio de la validación social de la violencia como arma política.

Celebrar el proceso constituyente habrá sido más lógico el 25 de octubre, día en que millones de chilenos a través de las urnas aprobaron crear una Convención Constituyente paritaria, con independientes y con cupos reservados para los pueblos originarios, un espacio de diálogo y deliberación con el encargo de redactar una propuesta de nueva Constitución para Chile.

Confirmar, como lo han hecho varios, una y otra vez, que la violencia del 18 de octubre fue la que permitió dar inicio al proceso constituyente, es un claro, o ingenuo, o torpe intento de validación moral de la violencia política y una invitación a repetirla una y otra vez si las cosas no avanzan como quisiéramos. Por eso, aunque las intenciones sean buenas ya que es verdad que ha habido un abuso de la prisión preventiva, resulta impresentable afirmar que la violencia del año 2019 es distinta a la del 2021. En realidad, los hechos del 2021 son una pobre copia del 2019.

Todos sabemos que se trata exactamente de lo mismo, una violencia que tiene raíces profundas en nuestra sociedad, y en especial en la vida urbana, y que ahora es alimentada y reforzada por políticos e intelectuales que le regalan un barniz de legitimidad y la empatan con la “violencia institucionalizada”.

Pero lo cierto es que se trata de una violencia nihilista y endogámica, un resorte de afirmación de la afinidad de jóvenes que encuentran en esa acción colectiva una respuesta a las frustraciones y al individualismo que campean en nuestra sociedad, y una forma de conquistar territorios y bienes simbólicos para reforzar su identidad colectiva. En ningún caso es un ejercicio que lleve a algo, mucho menos a una nueva Constitución.

Resolver la violencia no pasa por excusarla o legitimarla. Se requiere, antes que nada, que el mundo político deje de prestarle pretextos y realice la pedagogía democrática que se espera de diputados y senadores bien pagados, de constituyentes que quieren escribir el futuro del país, de académicos que se revuelven en becas y doctorados, de periodistas sobre excitados.

Se requiere hacer comprender a nuestra sociedad que violencia y democracia son incompatibles y, sobre todo, demostrar que la democracia tiene la fuerza para impedirla o al menos para castigarla.