Ley corta de Isapres: El acuerdo que pudo y debió ser. Por Héctor Sánchez Rodríguez

Este acuerdo (Ley corta de Isapres) presenta condiciones que propician la estatización del sistema de salud chileno, relegando al sector privado a un papel secundario en el aseguramiento y, posiblemente, en la prestación de servicios en un sector con un dinamismo mucho menor que el actual.

El Congreso despachó esta semana la polémica Ley corta de Isapres. Esto significó que ambas cámaras se concentraran exclusivamente en resolver la crisis financiera inmediata como producto de la aplicación de los fallos de la Corte Suprema y crear la Modalidad de Cobertura Complementaria de Fonasa, cuando los plazos ya se habían cumplido para su ejecución.

Lamentablemente, en el intertanto, se mantuvo majaderamente una sola forma de cálculo de la deuda, que terminó en un monto de USD$1.300 millones, lo que significó que el acuerdo parlamentario se convirtiera en un mal acuerdo por lo siguiente:

1. Se mantuvo un monto de deuda impagable de tres veces el patrimonio del sistema y un costo en la aplicación futura de los fallos con un déficit de 20% de menor recaudación por los contratos vigentes antes de marzo 2020.
2. Un plazo definido de trece años para que las Isapres paguen la deuda, lo cual es considerado excesivo por los afiliados y con justa razón.
3. La forma de pago de la deuda y de compensar los menores de ingresos por aplicación del fallo será en gran parte mediante la subida de los precios de toda la cartera de afiliados, afectando principalmente a jóvenes y hombres menores de 60 años.
4. La creación de un modelo de cobertura complementaria en Fonasa, posiblemente que terminará con subsidio estatal, que compite directamente con las Isapres, buscando captar la cartera de aquellos que se cambien principalmente por precio.
5. La previsión de un probable colapso o debilitamiento significativo del sistema de aseguramiento privado a corto y mediano plazo, debido a un ciclo adverso de selección de riesgos que conducirá a la migración de una cartera de jóvenes sanos y de bajo costo desde las Isapres hacia el Fonasa.

Consecuencias

Este conjunto de medidas generará un aumento de costos y precios, intensificando la migración y dejando al sistema asegurador privado en una posición marginal, mientras que el seguro estatal se convertiría en dominante en la adquisición de servicios del sistema privado. Lo que al final dejará a un sistema de Isapre irrelevante y un seguro estatal casi monopólico y monopsónico en la compra de servicios al sistema privado con seguros complementarios privados, el cual deberá desenvolverse en este contexto.

En síntesis, este acuerdo presenta condiciones que propician la estatización del sistema de salud chileno, relegando al sector privado a un papel secundario en el aseguramiento y, posiblemente, en la prestación de servicios en un sector con un dinamismo mucho menor que el actual.

Una alternativa más favorable habría sido incorporar cambios significativos en esta legislación para transformar las Isapres en entidades privadas de seguridad social. Esto podría haber incluido la eliminación de las tablas de riesgos por edad y sexo; la supresión de la selección al ingreso de las Isapres; la facilitación de la movilidad de los afiliados entre Isapres, eliminando las preexistencias; la creación de un fondo compensatorio por riesgo con un plan de salud único; el establecimiento de un sistema transparente de fijación de precios del plan base y la implementación de incentivos para que las aseguradoras privadas adopten un modelo de negocio más eficiente en la atención de las necesidades de salud de sus afiliados.

Introducir estas reformas habría ofrecido una perspectiva más optimista para el futuro del sistema de salud chileno que se complementaría con leyes adicionales, en contraposición a la percepción generalizada de que el acuerdo actual es insatisfactorio, pero inevitable para evitar una crisis sanitaria de mayores proporciones.

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