El objetivo regulatorio de la Ley Karin era notorio: generar espacios laborales —como lo promueve el Convenio 190 suscrito por nuestro País— libres de todo tipo de violencia. La norma prometía disminuir considerablemente los problemas que se producían en el mundo laboral.
Y teniendo presente que una Ley como esta pretendía generar un impacto cultural, la norma se estructuró en dos áreas. La primera con la promoción de una visión preventiva respecto a la violencia en el trabajo materializada con la imposición de obligaciones para las empresas en cuanto a la prevención, capacitación, investigación y sanción de todas las conductas constitutivas de acoso o violencia. La segunda, materializada a través la incorporación y perfeccionamiento de supuestos legales, específicamente, el acoso laboral y la violencia en el trabajo.
Ahora bien, lo que entró en vigencia como una ley que prometía ser una de las reformas más relevantes de nuestro Derecho del Trabajo, ha evidenciado desafíos en ambas áreas que no han sido de fácil tratamiento, como ocurre con los problemas en la capacidad de comunicación y entendimiento de la prevención en las empresas y la gestión de la autoridad administrativa para realizar las labores que le exige la Ley.
Y es que los costos de implementación de una Ley como esta han sido muy altos, pero sobre todo para la Dirección del Trabajo, dejando en evidencia que requería de un aumento presupuestario técnico mayor para responder adecuadamente a un aumento de las denuncias que iban a ser derivadas, naturalmente, para su investigación.
A su vez, la valiosa labor de los abogados asesores laborales ha permitido que se generen —de la mejor forma posible— todos los mecanismos que cumplan con los parámetros preventivos de la Ley.
Sin embargo, los problemas interpretativos de esta regulación continúan en varios espacios: la posibilidad de un examen de admisibilidad de una denuncia naturalmente subjetiva por parte de la DT; la dicotomía entre principios y sanciones promovidas por la Ley Karin y la regulación docente y administrativa con ocasión de los trabajadores de la Educación Pública; la calificación judicial de una única conducta como constitutiva de acoso o violencia; la procedencia de denuncias anónimas —prohibidas por formalidad— que cumplirían con los principios formativos de la Ley; y, así muchos otros puntos que han sido discutidos.
En fin, la Ley Karin se convirtió en una promesa que, una vez publicado su reglamento, detonó en costos que al parecer sólo habían sido previstos o calculados por juristas y litigantes laborales. Con todo, el informe semestral sobre el funcionamiento de la Ley Karin, presentado por el Director del Trabajo, no logra atenuar todas estas dudas ya que sólo certifica situaciones obvias y esperables: un aumento natural en el ingreso de denuncias y que mujeres denuncian más que hombres.
¿Cuáles son los desafíos? Aumento de presupuesto de calidad y poner el objetivo en lo labor original: Lo “preventivo”. Que la actividad de la DT sea ágil y técnica, y la de los empleadores no finalice con la entrega a trabajadores de un sólo documento explicativo, para que así los costos de una importante promesa como esta disminuyan para todos.
Desintoxicación digital y el regreso al “dumbphone”. Por Mailyn Calderón. https://t.co/x6ylQ3SpoZ
— Ex-Ante (@exantecl) February 1, 2025
Publicaciones relacionadas
El Poder Judicial confirmó este lunes que Bernarda Vera, que el informe Rettig dio por desaparecida en octubre de 1973, se encuentra viva. Un libro escrito por un ex mirista hace 14 años contradecía la versión oficial. Aquí la historia.
El guerrero cultural piensa, implícitamente, que el ciudadano es menos inteligente que él. Esa presunción lo lleva a convencerse de que posee la capacidad para transformar el pensamiento de los demás. A los ojos de estos sujetos, la ciudadanía sería una especie de rebaño influenciable, presa fácil de quienes buscan persuadirlos sobre cómo hay que […]
Si la preocupación es profundizar el mercado de capitales y mejorar el desempeño empresarial, la agenda debe avanzar hacia mecanismos que fortalezcan el valor del directorio como garante de confianza frente al mercado.
Juan Carlos Manríquez fue el nuevo fichaje de la exalcaldesa Karen Rojo, que este viernes logró que le descontaran los 1.463 días que estuvo presa en los Países Bajos, de su condena a cinco años por fraude al fisco. Se trata de un conocido penalista, que representó a Daniel Jadue y Ángela Vivanco y obtuvo […]
Salvo por los tópicos y la jerga de este tiempo, el documento del congreso suena arcaico. La perspectiva que ofrece como novedosa está emparentada con el rudimentario anticapitalismo del FRAP en los años 50 y la Unidad Popular en los 60 y 70. ¿Qué idea tienen los líderes del FA de lo que es un […]
