Ley Lafkenche: Los espacios costeros solicitados por pueblos originarios en Aysén (más de 600.000 hectáreas)

Se trata de las solicitudes más extensas tramitadas bajo la Ley Lafkenche desde su promulgación. Tras una resolución de la Corte Suprema que ordenó repetir la votación, una comisión deberá resolver si aprueba o rechaza el reconocimiento de derechos sobre más de 600 mil hectáreas del borde costero en la Región de Aysén.

Lo nuevo. Este martes, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Aysén votará nuevamente dos solicitudes de Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO), luego de que la Corte Suprema anulara el proceso anterior por considerar que el rechazo a las comunidades indígenas solicitantes fue “ilegal y arbitrario”.

• La magnitud territorial involucrada —más de 600 mil hectáreas— convierte a este caso en uno de los más significativos desde que se promulgó la Ley Lafkenche.
• Aunque las solicitudes fueron ingresadas en 2016 y 2017, el proceso ha estado marcado por demoras, conflictos administrativos y fallos judiciales que han puesto en tensión el equilibrio entre reconocimiento de derechos indígenas y certeza jurídica para el uso del borde costero.

La votación ordenada por la Corte Suprema. El fallo del máximo tribunal, dictado el 11 de noviembre de 2025, ordenó retrotraer el proceso tras acoger dos recursos de protección presentados por las comunidades solicitantes.

• La sentencia estableció que la CRUBC actuó de forma discriminatoria al rechazar las solicitudes sin fundamentos técnicos suficientes, incumpliendo el deber legal de justificación y afectando el principio de igualdad.
• La nueva sesión de la CRUBC, presidida ahora por el actual gobernador regional, fue convocada para corregir el proceso y garantizar una decisión conforme a derecho.
• La resolución anterior, adoptada el 29 de febrero de 2024, había rechazado por amplia mayoría ambas solicitudes (29 votos en contra, 2 a favor, 2 a favor con modificaciones y 1 abstención).

La magnitud inédita de las solicitudes. Uno de los factores centrales que ha marcado este caso es la magnitud de los espacios solicitados.

• En la primera imagen que se ve, las comunidades indígenas Pu Wapi, Antünen Rain, Aliwen y Peumayen reclamaban la administración de 1.085.624 hectáreas, distribuidas entre la comuna de Cisnes (300 mil ha) y las Islas Huichas en la comuna de Aysén (más de 700 mil ha).
• Tras los análisis técnicos realizados por CONADI, se reconocieron derechos de uso ancestral sobre 621.000 hectáreas, superficie que, aun con la reducción, representa una cifra sin precedentes para ECMPO aprobadas hasta la fecha.
• Diversos actores del sector productivo —como la industria acuícola, pesquera y de transporte marítimo— han manifestado preocupación por el eventual impacto económico y operativo que implicaría la aprobación de espacios de tal escala, señalando que podría restringir proyectos futuros o modificar las dinámicas actuales de uso del litoral.

Mapa de solicitudes iniciales:

Mapa luego de acreditación de Conadi: 

Retrasos, judicialización y efecto suspensivo. El caso también evidencia las debilidades procedimentales de la Ley Lafkenche.

• Pese a que esta norma establece un plazo de un año para tramitar solicitudes, el proceso en Aysén ha superado los ocho años, involucrando a múltiples organismos como la Subsecretaría de Pesca, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, CONADI, el Gobierno Regional y tribunales en todas sus instancias.
• Además del extenso tiempo de tramitación, las solicitudes quedaron sujetas al llamado “efecto suspensivo”: una vez ingresadas, ningún otro proyecto o modificación puede aprobarse en esos espacios hasta que la solicitud indígena se resuelva, lo que ha generado tensión con sectores que buscan avanzar en inversiones o regulaciones costeras.
• Según datos regionales, el promedio de tramitación de ECMPO en Chile es de 6,6 años, muy por encima del plazo legal.
• Las críticas se centran en la falta de criterios técnicos uniformes y en los efectos territoriales de solicitudes de gran escala, que superan incluso a comunas completas en extensión.

El rol de los actores políticos y técnicos. La sesión original de la CRUBC fue presidida por la exgobernadora Andrea Macías, quien ahora enfrenta cuestionamientos por la forma en que se condujo el proceso.

• La Corte Suprema apuntó directamente a su rol, señalando que el rechazo careció de fundamentos técnicos y jurídicos, lo que influyó en la ilegalidad del acto.
• Para esta nueva votación, el Gobierno Regional de Aysén deberá garantizar que se cumpla el principio de no discriminación y que cualquier decisión —sea de aprobación o rechazo— esté debidamente fundada, respetando los informes técnicos, la participación de las comunidades y los marcos legales vigentes.

Lo que viene. La votación de este martes no cierra el proceso. En caso de que las solicitudes sean aprobadas, deben pasar a una segunda etapa de elaboración del plan de administración por parte de las comunidades, supervisado por Subpesca. Si son rechazadas nuevamente, podrían abrirse nuevas instancias judiciales.

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