Lo nuevo. Este lunes, se ingresó formalmente a la Contraloría General de la República el nuevo reglamento corregido de la Ley EAT (Empresas de Aplicaciones de Transporte) —más conocida como Ley Uber—. El documento, impulsado por el Gobierno, busca destrabar una normativa que lleva más de un año sin poder entrar en vigencia.
Dilatación. Tras la toma de razón de Contraloría, la ley entraría en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.
Las modificaciones. El reglamento corregido de la Ley 21.553 introduce una serie de modificaciones orientadas a flexibilizar exigencias que, en su versión original, amenazaban con reducir drásticamente la oferta de conductores.
Para leer más notas de Ex-Ante, pinche aquí.
Publicaciones relacionadas
Tras la destitución de ambos jueces, la poderosa Tercera Sala cambió controvertidos enfoques en salud y medio ambiente. También adoptó una línea de no intervenir en el fondo técnico de las decisiones en proyectos que aún están en evaluación ambiental, sino a revisar errores en materia de Derecho. Hay varios ejemplos.
Elmer Cuba, exsocio de Macroconsult y exdirector del Banco Central peruano, cursó un magíster en la Universidad Católica de Chile, donde dice a Ex-Ante que sus “mejores profesores de la UC fueron Vittorio Corbo, Felipe Larraín y Rodrigo Vergara”. Y recordó un curso de econometría que Jorge Quiroz fue a dictar a Lima, Perú.
En una nueva sesión del Comité de Ministros se destrabaron dos iniciativas detenidas: la ampliación del terminal portuario de Valparaíso y la segunda mayor inversión de transmisión eléctrica en evaluación ambiental. A la fecha, el Gobierno ha destrabado inversiones por cerca de US$ 11.300 millones.
Si la preocupación es profundizar el mercado de capitales y mejorar el desempeño empresarial, la agenda debe avanzar hacia mecanismos que fortalezcan el valor del directorio como garante de confianza frente al mercado.
Las tramitaciones de proyectos de inversión están experimentando un fenómeno: son destrabadas por el Comité de Ministros, pero terminan judicializadas en los tribunales ambientales. Maratué, Minera Caserones, Los Coihues y Embalse Zapallar son cuatro casos que reflejan esta tendencia.