Lo que el estallido dejó: un par de postes, cuatro baldes y una fachada. Por Kenneth Bunker

Mientras los políticos que llegaron al poder gracias al estallido social aseguran sus futuros de acuerdo con lo planificado, el resto de los acreedores del fatídico estallido social no han logrado ni lo más mínimo. Nunca antes había sido tan difícil comprar una vivienda propia en Chile, nunca antes había sido tan caro obtener un préstamo del Banco Estado, y nunca antes la educación pública había sido tan mala.

El estallido social es lo peor que le ha pasado a Chile desde el retorno de la democracia. Lo que inicialmente se presentó como un inesperado regalo de la providencia se ha transformado en un lastre para el progreso y el bienestar de la nación.

Y aunque los revisionistas insistan en que fue una manifestación espontánea de un pueblo oprimido, la verdad es que no ha traído nada bueno.

Entre otras cosas, trajo dos procesos constitucionales fallidos, una ola de crimen y violencia, y un estancamiento económico que cobrará su precio en cómodas cuotas por décadas.

Las promesas tras el estallido social fueron vacías. Lo que se presentó como la posibilidad de transformar al país para mejor terminó siendo un cheque a fecha sin fondos.

Y aunque lo más más románticos sigan empujando por instalar la idea de que los frutos están por verse, la verdad es que, de a poco, el recuerdo se va borrando.

La reciente encuesta del CEP lo confirma: hoy, los chilenos comunes y corrientes, los apolíticos y moderados, se arrepienten de haber apoyado el estallido social. Mientras 17% tiene una opinión positiva de lo ocurrido, al resto le da lo mismo o lo considera un hecho malo o muy malo para el país.

La cifra es tanto más impactante si se considera que en las vísperas del estallido social, la misma medición arrojaba un resultado perfectamente inverso, con la mayoría apoyando el hecho, y la minoría en contra.

La razón de la reversión es clara, es la misma que se ha dado desde el comienzo y es simplemente que los costos han sido demasiado altos. Hoy, en retrospectiva, finalmente queda claro que no valía la pena, y que el país estaba mucho mejor de lo que contaban los pájaros de mal agüero.

¿Quién, en su justa razón, diría lo contrario? Hoy la gente vive atemorizada, encerrada en su casa, y con menos esperanza que nunca antes. Las promesas de cambio por parte de quienes apoyaron el estallido nunca llegaron.

De hecho, lo único que cambió tras el estallido social fue la composición del gobierno. Y lo más notable es que fue precisamente por haber sido quienes más se asociaron al hecho. Esto último es evidencia de que los únicos beneficiados fueron los militantes y simpatizantes del Frente Amplio y el Partido Comunista, que, por haber llegado oportunos al cruce, aseguraron atractivos cargos en el Estado.

Así, la única movilidad social que trajo el estallido social fue ideológica. Quienes estuvieron a favor del estallido y más encima militaban en los partidos y movimientos asociados a ellos, han sido premiados con trabajo u otras recompensas curiosas, como enseñan los casos de Democracia Viva y ProCultura, que evidentemente, ahora sabemos, se usaron como cajeros automáticos para los amigos y los amigos de los amigos.

Basta mirar el punto cero, la región de Antofagasta, donde se destapó la olla, para entenderlo. ¿Cuál es la probabilidad de que en esa región ambas fundaciones, dirigidas por la pareja de la diputada RD Catalina Pérez, y el psicólogo personal del Presidente, Alberto Larraín, hubiesen recibido fondos del gobierno si Miguel Crispi, principal estratega RD del Presidente, no hubiese estado a cargo de la Subdere?

Quizás los hubiesen recibido, pero no hubiesen sido los 630 millones de pesos que les dieron para pintar una fachada o los 426 millones de pesos que les consiguieron para poner un par de postes rojos y cuatro baldes.

Así, mientras el país retrocede, y se vuelve menos competitivo a nivel internacional y sube a los primeros lugares de los ránkings internacionales de inseguridad, políticos electos siguen usufructuado de los gajes de administrar el Estado.

Con legisladores cuestionados, gobernadores investigados, ministros en silencio, asesores apernados, amigos y parejas de quienes toman las decisiones se han enriquecido y armado carreras que no hubiesen logrado bajo ninguna otra circunstancia.

El estallido social no solo desrieló al país, sino que le abrió las puertas de lleno a oportunistas poco preparados para que pudiesen usurpar del Estado.

Y si bien los chats de Hermosilla demuestran con elegancia la profundidad del entramado, y cómo se gestan los acuerdos irregulares cuando las redes sociales están preocupadas por la insignificancia del momento, el mecanismo y los beneficiarios de los desvíos están a plena luz del día, registrados en los traspasos de los pagadores de impuestos, vía la caja fiscal, a las fundaciones truchas que nacieron con el estallido social pero que se consolidaron con el gobierno actual.

Son miles de millones de pesos perdidos que debieron haber sido custodiados y auditados por quienes gobiernan, pero que curiosamente no han sido capaces de detectar los traspasos cuando han sido a cercanos.

La Fiscalía está investigando, y a pesar de incautar celulares a gobernadores y encontrar lazos con renacentistas como Alberto Larraín que con facilidad logró aumentar sus ingresos 10 veces y asegurar más de tres mil millones de pesos en contratos con el Estado, las irregularidades, como las recientemente asociadas a la ex coordinadora sociocultural de la presidencia de Gabriel Boric, Irina Karamanos, siguen apareciendo, una tras otra, sugiriendo que probablemente lo que sabemos solo raspa la superficie de lo que de verdad ocurre tras las cortinas del poder.

En fin, mientras los políticos que llegaron al poder gracias al estallido social aseguran sus futuros de acuerdo con lo planificado, el resto de los acreedores del fatídico estallido social no han logrado ni lo más mínimo. Nunca antes había sido tan difícil comprar una vivienda propia en Chile, nunca antes había sido tan caro obtener un préstamo del Banco Estado, y nunca antes la educación pública había sido tan mala.

Podrán contar los cuentos que quieran, reescribir el pasado a su pinta e incluso seguir financiando museos dedicados al estallido social, pero no podrán evitar que, de a poco, las coreografías de Irací Hassler contra los Carabineros se vayan transformando en comedia pop, que los grafitis que decoraban la gran Alameda se vayan tapando con publicidad y que el mercado de poleras del perro matapacos se vaya quedando sin clientes.

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