Los nuevos casos de posibles irregularidades en la mira de Dorothy Pérez

Tras el impacto de su investigación sobre fraudes en licencias médicas, la contralora alista un informe sobre proyectos de obras públicas inconclusos. También ordenó investigar el uso irregular de viviendas fiscales y la entrega de beneficios sociales a personas de altos ingresos. En un hecho inédito, también ordenó fiscalización en terreno en los puertos y aduanas a lo largo del país para determinar las debilidades en el control fronterizo.

Bajo la lupa. A un año de ser ratificada en el cargo de contralora general, periodo donde ha marcado la agenda con sus indagatorias como la denuncia por mal uso de licencias médicas, Dorothy Pérez se encuentra trabajando en nuevos focos de fiscalización. Entre los diversos temas que Contraloría destapará próximamente se encuentran:

1. Aduanas y puertos. Dorothy Pérez encomendó a los directivos y funcionarios de Contraloría del país desplegarse en terreno por los puestos fronterizos y fiscalizar el trabajo de aduanas y puertos. En los últimos días han visitado Arica e Iquique y también realizado actividades en Antofagasta.

• A fines de septiembre una delegación encabezada por la propia Dorothy Pérez realizó una inédita visita de inspección a la instalaciones fronterizas de Colchane para revisar las condiciones operativas y de infraestructura, así como los sistemas tecnológicos de control migratorio y de narcotráfico.
• Pérez ha puesto especial interés en los sistemas de scanner y body scanner por mal funcionamiento o ausencia de estos equipos.
• Contraloría de Valparaíso supervisará el Puerto de Quintero, el Paso Los Libertadores y el Puerto de San Antonio. En la Región Metropolitana se fiscalizarán las labores de aduanas en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.
• En total se encomendaron tareas en 10 regiones que podrían concluir en un informe consolidado para determinar qué debilidades institucionales y administrativas existen en el control fronterizo.

2. Proyectos de Obras Públicas. Este año Dorothy Pérez estrenó un nuevo formato de fiscalización que se suma a los dictamenes y auditorias tradicionales. Se trata de los Informes Consolidados de Información Circularizada (CIC) donde solicita reportes a organismos públicos para hacer cruces de datos en breve tiempo, sobre temas que pueden ser pasados por alto por las instituciones. Fue así que surgió el CIC del 20 de mayo que detectó que 25 mil funcionarios salieron del país haciendo uso de licencia médica.

• Actualmente Contraloría se encuentra preparando un CIC sobre términos anticipados de proyectos de obras públicas, es decir obras pagadas que no fueron ejecutadas o quedaron inconclusas por término del contrato.
• La investigación determinará los casos, la fundamentación y los montos comprometidos en estas situación y si se cumpieron los términos de los contratos con entre privados y el Estado.

3. Tarifas Eléctricas. Tras conocerse el error en el cálculo de las tarifas de electricidad -debido a que en a fórmula se contabilizaba dos veces el IPC- escándalo que le costó el cargo al exministro de Energía Diego Pardow, Contraloría informó que a través de su departamento de investigaciones especiales iniciará de inmediato una auditoría de procesos en la Comisión Nacional de Energía y demás instituciones intervinientes.

• Aunque no está en las atribuciones de Contraloría pronunciarse sobre las fórmulas tarifarias, el equipo fiscalizador buscará establecer si se cumplieron adecuadamente los procesos administrativos legales tanto en las labores de la CNE al elaborar el informe técnico de fijación de precios nudo como de otros organismos.
• Por ejemplo la actuación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Energía, que habría advertido en junio el error en el cálculo de las tarifas.

4. Subsidios estatales. Dorothy Pérez ha señalado que uno de los focos de Contraloría para el año 2026 será supervisar que los subsidios y beneficios estatales estén llegando efectivamente a los estratos económicos más necesitados y no a quienes no cumplen los requisitos.

• Contraloría ya ha instruido procedimientos disciplinarios en organismos como Junaeb por el retraso de varios meses en la entrega de útiles escolares y detectado falta de supervisión en los servicios de alimentación escolar.
• Pero ahora las indagatorias en los servicios públicos apuntarán también a que se no se otorguen a sectores de altos ingresos. “Hay un tema que a nosotros nos interesa mucho y estamos trabajando en eso y probablemente va a ser el foco del próximo año. Queremos cerciorarnos que los recursos efectivamente vayan a las personas más vulnerables. Hay una cantidad muy importante de beneficios que se entregan a personas que tienen condiciones económicas de muy alto nivel. Beneficios que son para personas que están en situaciones desmedradas”, señaló Pérez a fines de septiembre en un seminario del CEP.

5. Viviendas fiscales. Otra indagatoria que está realizando Contraloría y que podría generar impacto público es sobre el uso irregular de viviendas fiscales. Si bien está establecido que algunos funcionarios según sus tareas tengan derecho a una vivienda estatal, en las indagatorias que realiza el ente contralor de están destapando casos de personas que llevan habitando por hasta 30 años en una vivienda fiscal de forma irregular o no justificada.

• Existen bienes inmuebles del Estado que se entregan (arriendan o asignan) a funcionarios públicos por motivos laborales o por mantención y vigilancia del recinto, sin embargo bajo ciertos requisitos.
• Se han detectado casos en que funcionarios ocupan viviendas fiscales sin que sea necesario residir ahí, o pagando canon de arriendo muy bajo. Asimismo la entrega de viviendas fiscales a funcionarios de altos sueldos, sin que esté debidamente justificado.

6. Colegios Subvencionados. Contraloría también deberá pronunciarse por las presentaciones que han realizado las agrupaciones de Colegios Subvencionados y la Conferencia Episcopal en contra del dictamen N°75 de la Superintendencia de Educación, de julio de este año, que prohíbe a los establecimientos no renovar las matrículas de los alumnos por deudas arancelarias.

• Varios colegios han reclamado que la resolución pone en riesgo su viabilidad financiera ya que la advertencia de no renovar matrícula es la herramienta que tienen para que los apoderados paguen las deudas.

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