Macrozona Sur: Cómo el gobierno se enredó con la ley de infraestructura crítica para evitar un nuevo estado de excepción

El Ejecutivo se embarcó en el uso de la ley de infraestructura crítica, herramienta que rechazó reiteradamente siendo oposición, pero que a partir de la primera semana de agosto le podría dar una alternativa para no seguir renovando los estados de excepción en la Macrozona Sur. Sin embargo, la urgencia para tramitar la iniciativa recibió una serie de críticas en el Senado a partir de deficiencias técnicas que se atribuyeron al veto presidencial que La Moneda debió corregir y reingresar pasadas las 20:00 para evitar un traspié legislativo. La iniciativa terminó siendo aprobada por un amplio margen.

Qué observar. El gobierno del Presidente Gabriel Boric finalmente se inclinó por no seguir renovando el Estado de Excepción en la Macrozona Sur. Este martes oficializó su intención de utilizar la recientemente aprobada ley de despliegue de las Fuerzas Armadas para la protección de infraestructura crítica. Y lo hizo presentando un veto presidencial a la iniciativa, la que se enredó a tal punto en la Comisión de Constitución que los ministerios del Interior y la Secretaría General de la Presidencia debieron corregirlo para su evitar el fracaso de la iniciativa completa. Finalmente, la sala del Senado lo aprobó para su análisis final en la Cámara de Diputados.

• El proyecto original nació en 2019 a partir de una propuesta de los senadores de Chile Vamos Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena debido a los hechos de violencia desde el 18-O contra edificios públicos y antenas de telecomunicaciones, entre otros.
• Tras ser aprobado la semana pasada en una comisión mixta, la ministra de Interior, Izkia Siches, manifestó este martes a los parlamentarios de las regiones del Biobío y de la Araucanía que el objetivo del gobierno es utilizar la ley sobre infraestructura crítica.
• De esta forma se hace posible que el Estado de Excepción que concluye a fin de julio no se renueve. De querer prorrogarlo una vez más, la Moneda debería convocar a una sesión especial la próxima semana en el Congreso, que se encuentra en semana distrital.

Ingreso del veto presidencial. La determinación de no mantener los estados de excepción había generado controversia, sobre todo porque legisladores de las regiones de Los Ríos y Los Lagos están solicitando la ampliación de esta medida por el incremento de hechos de violencia en estas regiones.

• Y aunque durante la tramitación del proyecto de infraestructura crítica el Ejecutivo no participó e incluso cuestionó su avance, esta jornada se ingresó un veto presidencial que introducía cambios a la norma recientemente aprobada.
• La condición que se impuso en el Senado para su tramitación fue que este miércoles se vote hasta total despacho en sala el proyecto que rebaja a 4/7 el quorum para reformar la actual constitución, que ya había sido retrasado la semana pasada por presión del Frente Amplio.
• El veto comenzó a ser analizado pasadas las 18:00 horas en la Comisión de Constitución.
• Siches justificó los cambios a partir del diálogo que, junto a los equipos del ministerio de Defensa, tuvo con los auditores de las Fuerzas Armadas. Ahí surgieron inquietudes que se llevaron al papel este martes.

El rol de las Fuerzas Armadas. Cuatro fueron los aspectos fundamentales contenidos en la modificación legal propuesta por el Ejecutivo.

1. Un decreto supremo especificará cuál es la infraestructura crítica en peligro.

2. Se incorpora la figura del Jefe de la Defensa Nacional al mando de las fuerzas.

3. Se faculta a las Fuerzas Armadas a desarrollar acciones de control o restablecimiento del orden público -algo que se había dejado fuera en el debate- para proteger la infraestructura crítica amenazada y en coordinación con las policías.

4. Se permite la extensión por periodos sucesivos de 30 días, al término de los cuales el Presidente debe informar al Congreso los efectos de la ejecución de esta atribución.

Controversia en la sala. Uno de los primeros problemas que enfrentó el veto tuvo que ver con su carácter.

• Mientras el Ejecutivo habló de un “veto sustitutivo”, que reemplaza una frase o artículo del proyecto, la senadora Luz Ebensperger (UDI) hizo ver que las tres primeras normas eran un “veto aditivo” -que agrega un artículo o capítulo- y la última un “veto supresivo” -que elimina una parte del proyecto- y que por lo mismo se corría el riesgo de ser impugnado.
• Es un veto “defectuoso” dijo el senador Jaime Quintana (PPD), quien incluso dijo que “en la técnica legislativa no habíamos visto esto en el pasado”.
• Una visión similar manifestaron varios senadores en la comisión. “Hay riesgo de que se caiga” o que incluso llegue al Tribunal Constitucional, apuntó Matías Walker (DC).
• Ebesnperger le preguntó a Siches si el veto era “una trampa para que este proyecto se caiga”, ante lo que la ministra aclaró que, por el contrario, el objetivo de La Moneda era usarlo.
• Finalmente, el Gobierno debió hacer modificaciones, pero la propuesta igualmente fue calificada como “sustitutiva” por Walker.
• Cerca de las 20.30 se retomó el debate en sala y Ebensperger reiteró sus críticas.
• El senador Alfonso de Urresti (PS) si bien apoyó la medida, volvió a dejar marcado que en esta iniciativa el Gobierno no participó “e incluso nos dijo que no era necesario”. En todo caso, el Socialismo Democrático se cuadró en forma ordenada con el proyecto.

La crítica de la derecha. En la oposición se apoyó, pero con críticas, en particular por la idea de usar esta norma en reemplazo del Estado de Excepción.

• El senador Rodrigo Galilea (RN) criticó al gobierno por ausentarse del trámite legislativo, pero dijo que había que dejar claro que “este proyecto no es para que los militares recorran las carreteras desde Temuco hasta Valdivia”. Y su par Francisco Chahuán añadió:“Si alguien piensa que este proyecto va a reemplazar el Estado de Excepción está equivocado, más aún cuando se debe extender a la región de Los Ríos”.
• A eso de las 21.15 la iniciativa fue votada por la sala del Senado, aprobándose con 36 votos a favor (incluyendo los comunistas Daniel Núñez y Claudia Pascual y el senador de RD, Juan Ignacio Latorre); el voto en contra de Fabiola Campillay y las abstenciones de Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz Coke (Evópoli) y Rojo Edwards (P. Republicano).
• La iniciativa será discutida ahora en la Cámara de Diputados.