Qué pasó. La segunda reunión de la mesa de negociación terminó con un acuerdo procedimental: extender los plazos para ingresar indicaciones al proyecto.
La mesa fue impulsada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), pese a que inicialmente el ministro Quiroz prefería una metodología basada en propuestas por escrito.
La señal política. Núñez salió de la reunión transmitiendo optimismo, aunque sin anunciar un acuerdo de fondo. “Me atrevo a decir que aquí vamos avanzando, acercando posiciones para incluso poder trabajar en un protocolo de acuerdo”, dijo.
Qué se abre. El principal espacio que se abrió es la posibilidad de trabajar un protocolo de acuerdo que acompañe las indicaciones. Ese instrumento podría servir para ordenar compromisos políticos y fiscales en torno a los temas más sensibles de la reforma.
Dónde hubo avances.
Los nudos que siguen abiertos.
La presión desde la oposición. Antes de la reunión, el Comité Unido del Senado -integrado por la DC, PC, FA y FRVS- había advertido que no veía apertura suficiente del gobierno en el núcleo del proyecto.
La presión desde el oficialismo. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, también puso límites. En entrevista con Ex-Ante, advirtió que su sector no estará disponible para aprobar cambios que debiliten el proyecto.
Por qué importa. La ampliación de los plazos le da aire a Quiroz y a la mesa del Senado, pero también aumenta la exigencia política. El gobierno tendrá más días para ordenar indicaciones y buscar un protocolo de acuerdo, pero deberá demostrar si sus propuestas alcanzan para mover votos opositores sin romper al oficialismo.
Lo que viene. La negociación entra ahora en una fase decisiva. El primer acuerdo fue ganar tiempo. El segundo, mucho más difícil, será definir qué parte del corazón de la megarreforma está dispuesto a ajustar Hacienda para construir una mayoría más amplia en el Senado. Para eso tendrán toda la próxima semana, porque en Hacienda repiten que los plazos sigue siendo julio.
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