La megatoma del cerro Centinela en San Antonio alberga a más de 4.000 familias en un terreno privado de 260 hectáreas, reflejando una crisis habitacional que el Estado no ha gestionado de manera anticipada. Con un fallo judicial que ordena su desalojo, recientemente postergado por seis meses para buscar una solución definitiva, el problema ha escalado a una magnitud que hace cada alternativa difícil, costosa y polémica.
La ocupación es ilegal, sin duda. Sin embargo, su prolongación por más de cinco años y la cantidad de familias involucradas han transformado este problema legal en un dilema ético y estratégico, surgiendo varias preguntas para la reflexión: ¿Es posible resolver esta situación sin consolidar un precedente que incentive nuevas ocupaciones? ¿La cantidad de años justifica la regularización? ¿Cómo puede una sociedad equilibrar el derecho a la propiedad privada con la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda sin que uno anule al otro? ¿Es justo que quienes han esperado años por una vivienda formal vean cómo las ocupaciones ilegales se convierten en la vía más rápida para obtener una solución?
El problema de la toma de San Antonio no es solo la ocupación de suelo privado, sino que las condiciones en las que esta toma se ha consolidado no cumplen con los estándares mínimos de urbanización, accesibilidad y densidad. Si el Estado decide regularizarla sin corregir estos factores, perpetuará un modelo de solución habitacional que contradice la política pública de vivienda de los últimos años: entregar hogares en zonas bien ubicadas, con acceso a transporte, educación, salud y servicios básicos.
La solución no puede ser ni el desalojo absoluto ni la simple regularización sin planificación. Reconociendo la permanencia de estas familias en el cerro Centinela, la única forma de transformar este problema en una oportunidad es integrar la toma a un modelo de desarrollo urbano con densificación progresiva.
Esto implica que, en una primera etapa, el Estado debería intervenir solo una fracción del terreno (por ejemplo, un cuarto de las hectáreas ocupadas), construyendo viviendas de mayor densidad (4 o 5 pisos) y destinando el resto del suelo a futuras etapas de desarrollo urbano planificado. En lugar de expandir horizontalmente una ocupación precaria, la idea sería consolidar urbanización en torno a equipamientos y servicios, permitiendo que las siguientes fases del proyecto incorporen a nuevas familias de forma regulada.
Esta solución puede ejecutarse dentro del marco normativo vigente mediante la compra directa del terreno por parte del Estado, que luego, podría concesionar una parte del suelo (que considerando una densificación razonable puede ser sólo entre un 25-30% del terreno) para el desarrollo de vivienda social y equipamientos, asegurando así un crecimiento planificado por etapas. Este modelo permitiría distribuir los costos con privados y destinar parte de las viviendas construidas a subsidios de arriendo, lo que aliviaría la demanda regional de viviendas sociales. Para que esto funcione, se requiere un Plan Maestro con etapas claras, regulando la urbanización, infraestructura y equipamientos desde el inicio, para evitar la consolidación definitiva de condiciones precarias.
A pesar de que este enfoque es viable desde el punto de vista técnico y normativo, la gran pregunta es si un modelo innovador y progresivo puede implementarse en una toma de esta magnitud y complejidad.
Es fundamental que cualquier solución que se tome no valide la toma como un mecanismo legítimo para acceder a la ciudad. La estrategia de urbanización y densificación progresiva no debe sentar un precedente que incentive futuras ocupaciones, sino servir como una alternativa estructurada para abordar los asentamientos informales ya existentes. No se trata de legitimar el fenómeno de las tomas, sino de evitar que la falta de soluciones oportunas nos siga enfrentando a crisis como esta.
Independientemente de la solución adoptada, la toma de San Antonio marcará un precedente para otros asentamientos informales. La inacción temprana ha llevado a que hoy este problema sea casi inmanejable, por lo que esta experiencia debe marcar un antes y un después en la política habitacional. Si la respuesta del gobierno es simplemente regularizar este campamento sin planificación ni densificación, se enviará un mensaje claro: “si la toma es lo suficientemente grande, se legaliza”, lo que abrirá la puerta a nuevas ocupaciones masivas, multiplicando el problema en el futuro.
Transformar este asentamiento en un proceso de urbanización controlado y progresivo, con densificación, equipamientos y criterios claros de planificación, el caso de San Antonio podría convertirse en un modelo de integración urbana y una alternativa real para futuras crisis habitacionales. Porque no se trata solo de cifras ni de normativas. Se trata de personas, de familias que han buscado una solución en medio de un sistema que no ha sabido responder a tiempo. Se trata también de los miles que esperan pacientemente en listas de subsidios y que observan este caso preguntándose qué tan justas son las reglas del juego. La crisis habitacional en Chile no se resolverá con decisiones polarizadas, sino con soluciones equilibradas, viables y sostenibles en el tiempo.
El surgimiento de nuevas drogas sintéticas en Chile: un desafío para la salud pública. Por Fernando Torres. https://t.co/NPPyqwTFki
— Ex-Ante (@exantecl) February 22, 2025
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