Ministra Orellana dice que salida de Monsalve fue tardía y oposición presiona por mea culpa de Boric

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se sumó a sus pares de Interior, Carolina Tohá, y de Segegob, Camila Vallejo, y dijo en la Comisión Investigadora del caso Monsalve que la petición de renuncia al exsubsecretario acusado de violación “fue tardía y debió ejecutarse antes”. Sus palabras reactivaron la petición opositora para que el Presidente Boric, que no ha vuelto a referirse al tema ni ha respondido el oficio de los diputados, haga un reconocimiento del error en su manejo de la crisis.

Qué observar. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, compareció este lunes ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga las responsabilidades políticas en el manejo del gobierno tras la denuncia por violación y abuso sexual contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

• En la instancia fue consultada sobre qué le parece que el Presidente Gabriel Boric no lo haya removido de inmediato, el martes 15 de octubre, tras conocer de la denuncia, dejándolo dos días más en el cargo.
• La ministra respondió que “la decisión de remover un cargo de confianza es efectivamente del Presidente, y creo que solo me puedo remitir a lo que ya señaló la ministra Carolina Tohá, creo que es que la salida fue tardía y debió ejecutarse antes, es una autocrítica que ya ha realizado el gobierno”.
• En la misma comisión, la ministra del Interior había señalado el 25 de noviembre que “había elementos para adelantar la salida al miércoles en la tarde sin esperar al jueves”.
• Luego, el 16 de diciembre, citada a la comisión, la ministra vocera Camila Vallejo, afirmó que “tenemos esa evaluación de que la ejecución pudo haber sido más rápida, por lo tanto, no fue perfecta, pero fue correcta”.

Intervención presidencial. Las declaraciones de las tres ministras, contrastan con el silencio que ha mantenido Boric sobre el tema, tras la cuestionada conferencia de prensa de 18 de octubre.

• En esa ocasión habló durante 55 minutos y justificó la demora en la solicitud de renuncia señalando que “el que haya una denuncia, como todos ustedes saben, no presume la culpabilidad. Sin embargo, había que recabar más antecedentes”.
• La semana siguiente rectificó su versión y dijo que “cuando una mujer denuncia algo tan grave como una violación es inimaginable lo que debe haber pasado para tomar la decisión de denunciar más aún contra alguien que ostenta más poder. Nuestro deber es creerle. Yo le creo”.
• Sin embargo, no ha vuelto a responder preguntas de la prensa.

Dudas sobre cuestionario. Una de las primeras decisiones que tomó la comisión al constituirse fue enviar un cuestionario al propio Boric, lo que generó protestas de diputados oficialistas que señalaron que eso está fuera de las atribuciones reglamentarias de la comisión.

• El cuestionario de 49 preguntas enviado el 27 de noviembre apunta establecer el manejo del gobierno en los primeros días.
• En La Moneda hay dudas sobre si Boric debe enviar un oficio con las respuestas. El asunto ha sido debatido al interior del comité político.
• Según fuentes oficialistas, aunque Boric ha señalado que quiere contestar las preguntas como una señal de transparencia, ministros y asesores han planteado que no está obligado por ley y que además podría abrirle nuevos flancos en una controversia que el gobierno intenta dar por cerrada.
• Pero sobre todo que podría generar un mal precedente, permitiendo que el Presidente pueda ser consultado por diputados directamente respecto a diversos asuntos.

Perspectiva de género. La ministra Orellana fue abordada en la comisión por la diputada UDI Flor Weisse sobre si considera que el Mandatario debiese hacer un reconocimiento o mea culpa y sí los hechos hubiesen sido diferente de haber manejado la crisis con ella o con las otras mujeres del comité político.

• El presidente de la comisión Manuel Mellado (RN) complementó: “¿Me imagino que usted le dijo al Presidente, que a partir de ahora en todas las decisiones de este tipo, usted estuviera presente? Para colocar la perspectiva de género y que nunca más este tipo de decisiones se tomen entre cuatro paredes y entre hombres, sin llamar al Comité Político”.
• La ministra respondió que “el Ministerio del Interior gestionó los primeros pasos y recabó los antecedentes y transmitió todo lo que conocía el Presidente de la República, quien tomó la determinación de solicitar la renuncia al exsubsecretario. En particular en lo que refiere a nuestra cartera no tiene que ver precisamente con mi involucramiento personal en cada una de todas las decisiones, sino que precisamente el que podamos asegurar que hay una perspectiva de género, que esté presente”.
• “Cuando señalamos, en forma reiterada, la Ministra Tohá, la Ministra Vallejo y yo que consideramos que la reacción fue tardía es porque es un diagnóstico de equipo al cual yo no tengo mucho más que agregar”.
• Orellana insistió en que ella estaba de viaje en Ginebra cuando estalló la crisis y regresó el jueves 17 de octubre al país.
• Afirma que el viernes 18 tomaron el primer contacto con la denunciante, a través de la jefa de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Centro Norte, Cecilia Frei, quien acompañó a la denunciante en las primeras diligencias.
• Periódicamente, señala, le han vuelto a ofrecer apoyo ya sea legal o psicológico.
• No se aplicó el protocolo previsto en la Ley Karin sobre prevención de acoso laboral y sexual, debido a que funcionaria realizó su denuncia a través de Fiscalía y no presentó una denuncia interna en el gobierno.

Próximas citaciones. La comisión estableció para la próxima sesión del 14 de enero a las 19.30 la citación a los funcionarios de Interior a quienes la denunciante contó del caso antes de hacerlo público.

• Se trata de Camilo Araneda, Ricardo Lillo y Catalina Arrey. El primero amigo personal de Boric.
• Los diputados oficialistas como Carolina Tello (FA), Raúl Leiva (PS) y Leonardo Soto (PS), manifestaron su rechazo a la citación de estos funcionarios argumentando que se está revictimizando a la denunciante.
• En la derecha defendieron la medida, señalando que son testimonios de contexto para conocer como el gobierno manejó el caso.

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