Minvu atribuye a Caso Convenios baja ejecución presupuestaria para intervenir campamentos

El ministerio que lidera Carlos Montes respondió que la subejecución inicial de 2023 se debe “a la sobrecarga laboral de los equipos del Programa de Campamentos”, ya que los funcionarios tuvieron que responder solicitudes de transparencia y reportar información a Contraloría y al Ministerio Público.

Por qué importa. El informe anual del INDH consigna una explicación del Minvu respecto a su trabajo “insuficiente” -reconocido por el propio ministerio- sobre los problemas de ejecución presupuestaria en la erradicación de campamentos, donde se atribuye como uno de los factores la alta carga laboral que produjo el Caso Convenios.

• La megatoma de San Antonio -cuya erradicación fue postergada por 6 meses en un acuerdo suscrito por el gobierno y los propietarios- ha actualizado el problema de los 1432 tomas a lo largo del país. El acuerdo ha recibido críticas porque podría generar un incentivo para la instalación de nuevos campamentos ilegales.
• Las negociaciones que realizó el ministro Carlos Montes con la inmobiliaria San Antonio para evitar el comienzo del desalojo de las 10 mil personas que se estima viven en la toma de esa comuna de la Región de Valparaíso, son sólo el aspecto más urgente de un problema al que el secretario de Estado reconoció ha dado respuestas insuficientes. El lunes Montes dio a conocer el protocolo de acuerdo para suspender el desalojo temporalmente.

El documento del INDH. El informe anual 2024 de la situación de Derechos Humanos en Chile elaborado por el INDH dedica un capítulo al “derecho a la vivienda adecuada” y la situación de los asentamientos informales.

• Allí sostienen que se observa un incremento de la precariedad, a través de asentamientos irregulares o campamentos, que actualmente llegan a 1.432, y que han aumentado sostenidamente desde el año 2007, cuando sólo eran 490.
• Se señala que en 2011 se creó el Programa de Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo Minvu que sigue vigente y está enfocado a la obtención de soluciones habitacionales definitivas para avanzar en el cierre de los asentamientos informales.
• El financiamiento a este programa fue aumentando progresivamente entre 2019 y 2023. En 2019 alcanzaba los $19.659 millones y en 2023 $45.071 millones.

Baja ejecución. Sin embargo, el INDH advierte que sin perjuicio de esta progresión, el Minvu reportó una subejecución presupuestaria inicial de este programa los años 2022 y 2023.

• Específicamente en 2022 se ejecutó un 76% del presupuesto, mientras que en 2023 disminuyó 15 puntos porcentuales, llegando sólo a un 61% de ejecución, “debido a dificultades en la gestión de los recursos”, indica el informe.
• “Esta situación ha obstaculizado el cumplimiento de los compromisos Plan de Emergencia Habitacional en relación con los asentamientos informales, en consecuencia, el Estado ha incumplido, su deber de utilizar el máximo de los recursos disponibles para garantizar el derecho a una vivienda adecuada a todos sus habitantes en el menor tiempo posible”.
• La ejecución presupuestaria inicial corresponde al presupuesto ejecutado en base a los gastos definidos en la Ley de Presupuestos del sector público o del monto asignado inicialmente por el servicio.

Caso Convenios. En junio de 2023 estalló el caso Democracia Viva, la transferencia irregular de fondos desde la Seremi Minvu de Antofagasta a la fundación liderada por Daniel Andrade quien entonces era militante RD y pareja de la diputada de la zona Catalina Pérez, para un supuesto proyecto de mejora en calidad de vidas en campamentos.

• El caso abrió numerosas investigaciones en Contraloría y Fiscalía sobre convenios realizados a lo largo del país por gobernaciones y seremías a fundaciones que no contaban con experiencia previa y estaban ligadas a personeros políticos.
• Según el Ministerio de Vivienda esto fue la razón de las dificultades en la ejecución presupuestaria para la intervención de campamentos.
• “El Minvu señala que esta subejecución se habría ocasionado debido a la sobrecarga laboral de los equipos del Programa (de Campamentos) que tuvieron que responder solicitudes de transparencia y reportar información en el marco de las auditorías de la Contraloría General de la República en el nivel central y regional, y otras solicitudes del Ministerio Público, derivadas del llamado “Caso Convenios” (referido a denuncias sobre transferencias irregulares del MINVU a terceros, a través de convenios con organizaciones no gubernamentales que gestionan actividades o componentes específicos de los programas)”.
• “Adicionalmente, debieron concentrar sus esfuerzos en el desarrollo “de nuevas normativas para las transferencias de recursos, rendiciones y preparación de sistemas”, sostiene el INDH según una respuesta del Minvu contenida también en un informe del Ministerio de Desarrollo Social.

Las dimensiones del problema. Los campamentos son un fenómeno que ha crecido ininterrumpidamente en Chile desde 2006, cuando se llegó a un mínimo de 490, en el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Un catastro del Minvu mostró que en 2024 había 1.432 campamentos en Chile, un 31,3% más que en 2022, año en que asumió el Presidente Gabriel Boric.

• El ministro Montes envió el 26 de agosto del 2024 el oficio número 330 a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Consuelo Contreras, quien le había formulado una serie de preguntas sobre los campamentos para el informe anual del organismo.
• En su respuesta, Montes transparentó que “el Minvu no cuenta con presupuesto ni con un mecanismo administrativo adecuado para la atención inmediata de estos casos, en el caso de producirse los desalojos previstos en el corto plazo”.
• En el mismo documento, Montes admitió que 54.952 familias que viven en campamentos habitaban en zonas de riesgo de incendios y otros. Es decir, el 62% considerando un universo de 1.432 tomas a nivel nacional.

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