Recientemente, la Tesorería General de la República (TGR) informó un fuerte aumento en la recaudación fiscal asociada a las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE). Según los antecedentes presentados, entre enero y abril de este año, la recaudación llegó a $34.320 millones de pesos, lo que representa un incremento de casi un 300% respecto al monto del año pasado.
Estos altos niveles de recursos recaudados tensionan el discurso que ha instalado la izquierda en el debate público durante años, y vuelven a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿es el CAE un instrumento intrínsecamente incobrable e injusto, o más bien estamos frente a un problema donde las señales institucionales han jugado un rol clave en el comportamiento de pago?
Un estudio reciente de Acción Educar desmitifica una serie de creencias en torno a la realidad de este instrumento y la situación que presentan los deudores. En primer lugar, la gran mayoría de los deudores no se encuentran sobre endeudados: más de la mitad de los deudores del CAE debe menos de 7 millones de pesos, y 1 de cada 4 posee una deuda inferior a los 3 millones de pesos. Sólo un 4,2% tiene montos adeudados por sobre los 30 millones de pesos, siendo en su mayoría, individuos que adquirieron el crédito previo a la reforma del año 2012 que bajó la tasa de un 6% a un 2%.
En segundo lugar, las cuotas del CAE no son desproporcionadamente altas. Su valor promedio es de $59.053 pesos, y 3 de cada 4 deudores paga una cuota mensual menor a $80.000 pesos. En aquellos casos donde el cobro es alto respecto a los ingresos del deudor, que representan un 1,7% del universo total de deudores, es posible solicitar el beneficio de contingencia al ingreso para que la cuota no supere el 10% de sus ingresos. Por ende, existen herramientas a disposición de los deudores para rebajar su cuota mensual.
En tercer lugar, al observar la evolución de la morosidad a lo largo del tiempo, se concluye que ésta no responde a un problema de capacidad de pago, sino más bien a uno de incentivos. Mientras que la reforma al CAE realizada por el expresidente Piñera disminuyó y estabilizó la morosidad a un 35%, la política de gratuidad y la elección del expresidente Boric contribuyeron a debilitar los incentivos de pago y, por ende, a erosionar la legitimidad del instrumento, con un 70% de los deudores en etapa activa de pago que se encuentran morosos o con las garantías de sus créditos ejecutadas a fines de 2025.
A la luz de estos antecedentes, resulta difícil sostener que el CAE sea un crédito injusto o incobrable. Más bien, se trata de un instrumento que, en términos comparados, ofrece condiciones particularmente favorables: una tasa de interés subsidiada del 2%, la posibilidad de suspender pagos en periodos de cesantía y mecanismos de contingencia al ingreso. Gracias a ello, más de un millón de personas han podido acceder a la educación superior.
En este contexto, persistir en un discurso que desconoce estas características no solo distorsiona el debate, sino que también debilita los incentivos al cumplimiento. Cuando un crédito es accesible y flexible, el problema ya no es el instrumento, sino el relato que ha contribuido a deslegitimarlo.
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