Negociación ramal: Por qué el Gobierno reflotó el proyecto a dos meses de las elecciones

El Gobierno anunció que en octubre, un mes antes de las presidenciales, enviará al Congreso el proyecto de negociación ramal, una bandera de Jara, el PC y la CUT. La iniciativa, que fue una promesa de campaña de Boric que aún no ha sido materializada y aparece en el programa de Jara, tiene pocas chances de aprobarse en este mandato. Aquí los argumentos de sus detractores.

Un anuncio incómodo. Este lunes, el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), convocó a una mesa con la CUT, la CPC y gremios de pymes para discutir medidas de reactivación y empleo, a la que asistieron los titulares de Trabajo, Giorgio Boccardo (FA), y de Economía, Álvaro García (PPD).

• En la alocución posterior al encuentro, Boccardo informó que en octubre enviará al Congreso el polémico proyecto de negociación ramal, un formato de negociación colectiva que se da por sector económico o rama de actividad, y no solo a nivel de empresa.
• El anuncio, realizado frente a la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, sorprendió al empresariado, que rechaza una iniciativa que elevaría los costos laborales en un momento de bajo crecimiento y alto desempleo.
• “Fuimos invitados a una instancia que promueve empleo y productividad y la negociación ramal va justo en el sentido contrario”, dijo Jiménez este martes.
• El tema no se había abordado en la reunión y terminó cambiando su tono, pues volvió a instalar en la agenda una promesa de campaña del Presidente Gabriel Boric que el Gobierno había postergado varias veces.

Por qué importa. La aprobación del proyecto antes del receso legislativo de febrero de 2026 parece a todas luces inviable, aunque para algunos analistas la apuesta del gobierno Gobierno tiene otro objetivo: levantar un mes antes de la elección presidencial una iniciativa a la cual su base de apoyo es favorable, y que está incluida en el programa de gobierno de Jeannette Jara y en las exigencias que hace meses viene planteando el PC.

Tintes electorales. En el oficialismo señalan que es difícil que el proyecto —que ingresaría por la Cámara— se apruebe durante esta administración y reconocen que el Ejecutivo busca hacer un punto político al levantar esta iniciativa a pocos meses del final del mandato, pues exige llegar a un acuerdo con otros sectores.

• En la oposición ven motivaciones electorales.
• El exministro Patricio Melero (UDI) sostiene que “esto es un saludo a la bandera para mostrar que cumplieron, pero no tiene viabilidad. No parece que haya voluntad de que se transforme en ley, tuvieron todo el tiempo para hacerlo. Y sin duda que el timing tiene un tinte electoral”.
• “Nos da la impresión que es evidente el objetivo político de este proyecto es respecto de las propias presiones dentro del Gobierno, especialmente del PC”, añade la diputada Ximena Ossandón (RN).
• La senadora de Demócratas Ximena Rincón sostiene: “Este tipo de proyectos lo único que hace es complicar más a las pequeñas y medianas empresas”. Agrega que “el Gobierno se empecina en empujar temas que hoy están abordados con la negociación colectiva que establecimos en Bachelet II”.

La reforma laboral de Frei. Para algunos, el caso recuerda a la reforma laboral de Frei ingresada al Parlamento en 1999 por el entonces ministro Segpres José Miguel Insulza, que tensionó la campaña entre Lagos y Lavín. En ese momento, el rechazo opositor a la medida contribuyó a incomodar a Lavín.

• El caso tiene fuertes diferencias con el escenario de hoy, al tener una contienda mucho menos ajustada que la de fines de los 90 y donde tampoco existe claridad respecto a si tenga eco en un escenario de bajo crecimiento y alto desempleo.
• De ahí que algunos estimen que solo podría servir, en el plano político, para cohesionar a su base.

Promesa postergada. En su cuenta pública 2024, Boric prometió comprometió que ingresaría al Congreso un proyecto de negociación ramal a antes del fin de ese año, pero eso no ocurrió. La iniciativa se aplazó para priorizar la reforma previsional y la ley de sala cuna. Así, en su mensaje de 2025, el Mandatario retomó el asunto.

Presión sindical y PC. La reforma ha sido una bandera central para la CUT, que en octubre de 2024 presentó al Ministerio del Trabajo —entonces encabezado por Jara— una propuesta que establece estándares mínimos en salarios y condiciones, con el objetivo de evitar la “competencia desleal” entre empresas que operan en el mismo sector.

• El Partido Comunista, por su parte, la ha transformado en una prioridad legislativa. En el informe del Congreso Nacional del PC de enero pasado la negociación ramal era una de las “reformas estratégicas” que buscaría impulsar la tienda de Lautaro Carmona.

El rechazo empresarial. La CPC, la CNC y la Sofofa han advertido que la negociación sectorial aumentará los costos laborales en un momento en que la economía crece en torno al 2,5% y el desempleo bordea los dos dígitos.

• El empresariado sostiene que las pymes serían las más golpeadas por no tener la capacidad de absorber alzas salariales impuestas por estándares colectivos.
• La presidente de la CPC asegura que “la negociación colectiva ramal es una mala política pública, que puede terminar perjudicando a los propios trabajadores y al desarrollo del país”. “Esta iniciativa va justamente en el sentido contrario de lo que hoy necesita el mercado laboral y donde debiéramos poner el foco, que es aumentar la empleabilidad, mejorar la productividad y avanzar en mayor formalidad”, agregó.
• Empresarios afirman que la iniciativa llega en un momento en que la fuerte alza de los costos laborales está afectando a las empresas, en el empleo y con un crecimiento que no superará el 2,5% este año.

La mirada de los expertos. Especialistas coinciden en que la sola presentación del proyecto genera riesgos sobre el empleo y la productividad.

• La economista Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School, plantea que esta medida “tiende a aumentar el desempleo cuando se fijan condiciones salariales por sobre el nivel de equilibrio de muchas empresas, en especial de las pymes. Desalineará salarios y productividad, afectando la inversión y la movilidad laboral”.
• El economista Juan Bravo, de la Universidad Diego Portales, añade: “Lo que se busca es dar una señal de cumplimiento programático, aun sabiendo que no hay piso político para aprobarla. En un contexto de alta tasa de desempleo y un mercado laboral debilitado, hay menos espacio para medidas que eleven costos salariales desalineados de la productividad. Por eso, la eventual presión sobre la oposición se reduce significativamente”.

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