La elección despejó una incógnita y abrió otra. Si bien sabemos quién gobernará, todavía no sabemos con qué densidad política y social podrá hacerlo. Los gobiernos no fracasan solo por sus errores. Fracasan, también, cuando se quedan sin compañía. Y esa compañía no se reduce a la suma de siglas en La Moneda: la coalición política que gobierne necesita una coalición social que la acompañe.
En la derecha, la conversación está dominada por un objetivo comprensible: construir una coalición política lo más amplia posible, que vaya desde Nacional Libertarios hasta Demócratas. Kast ha mostrado talento y flexibilidad para tenerlos sentados en una misma mesa con disposición a colaborar, lo que ya es un logro. Además, su diagnóstico es correcto: ante una crisis global de gobernabilidad, intensificada en un Chile políticamente fragmentado, ampliar la base política y parlamentaria es una condición necesaria para gobernar. Pero no suficiente.
La gobernabilidad no es sólo un fenómeno legislativo; es también un fenómeno cultural y social. La derecha puede llenar ministerios, subsecretarías y servicios con personas competentes y, aún así, quedar aislada si no construye una coalición social y ciudadana que la acompañe.
Una coalición social es el tejido de legitimidad cotidiana que orienta y sostiene al gobierno cuando las cosas se ponen difíciles: cuando las reformas encuentran resistencia, cuando surgen conflictos lejos de Santiago, cuando hay que absorber costos de corto plazo por tomar decisiones responsables, o cuando se requiere paciencia para abordar problemas complejos. No basta ni con la Presidencia ni con la mayoría relativa en el Congreso: se requiere presencia en la conversación pública y, sobre todo, en el sentido común de las mayorías.
Esa coalición social implica organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos. Cuerpos intermedios que, resistiéndose a ser meros instrumentos del gobierno y desnaturalizar sus fines propios, comprendan, en lo suyo, su deber de acción para defender los principios en que se funda una sociedad libre: gremios, fundaciones, redes comunitarias, medios de comunicación, centros de estudios, canales digitales, asociaciones vecinales, centros de estudiantes, etc.
Y personas que, más allá de sus roles institucionales o colectivos, compartan la responsabilidad de sacar a Chile de la decadencia: líderes de opinión, dirigentes sociales, alcaldes, activistas digitales y, sobre todo, ciudadanos comunes y corrientes.
Esto se vuelve doblemente importante si consideramos que una parte relevante de la izquierda considera ilegítimo que la derecha gobierne. Esa convicción, que pudimos constar en el estallido, sigue plenamente vigente, como muestra el último informe del comité central del PC, que llama a volver a la calle para desestabilizar y que, lamentablemente, encontró eco en el FA y el PS, insinuando un nuevo bloque de izquierda dura.
Las consecuencias prácticas de esa tesis debieran relativizarse por tres razones. En primer lugar, porque el ánimo social no es el del estallido y hoy demanda una restauración del orden. En segundo término, porque la izquierda moderada debiera aprovechar la oportunidad que el gobierno de Kast y el voto obligatorio le abren: diferenciarse de la izquierda radical con un proyecto alternativo que la dote de identidad propia y, siendo oposición, sumarse a las iniciativas que sean ampliamente mayoritarias, evitando la mímesis que la ha conducido al fracaso.
El gobierno de emergencia de Kast puede sacar a la centroizquierda de su propia emergencia. Y, en tercer lugar, porque la derecha debiera aprender de los errores de 2019: anticipar conflictos, ofrecer una narrativa que dé legitimidad al control del orden público y formar una coalición social que defienda al gobierno.
La derecha no puede limitarse a administrar el péndulo: tiene que construir un proyecto. Ese proyecto –y el gobierno– no puede ser una restauración de la derecha tradicional, la que perdió conexión popular por exceso de tecnocracia, por una excesiva parlamentarización de la política, por lenguaje gerencial, por discurso economicista y por una distancia material y cultural respecto de las preocupaciones concretas de las personas.
El proyecto político que encarne este gobierno debe exceder los límites de su administración, tener vocación popular y proyectarse en gobiernos sucesivos. La nueva derecha, si quiere durar más que cuatro años, debe mostrar que entiende el Chile de hoy: el Chile en que murió el sueño de la casa propia, se desprecia el mérito en los colegios, te pueden matar en la calle, se sufre el copamiento de servicios sociales por una inmigración descontrolada, campea la corrupción, es difícil encontrar empleo formal y, entre otras muchas cosas, los barrios se sienten abandonados.
Eso implica una disposición: salir de los círculos de siempre, hablarle al país real y construir con él, de “abajo” hacia “arriba”. Si la derecha confunde unidad con reparto de cargos y amplitud con una foto en Santiago, terminará con una coalición política muy orgullosa de sí misma, pero con un gobierno muy solo.
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