Organizaciones políticas de izquierda y de derecha, en América Latina, han sostenido vínculos con el crimen organizado durante décadas. En algunos casos, desde su origen. En otros, como manifestación de un proceso larvado de envilecimiento que, en medio de la enconada lucha por el poder, halló condiciones propicias para ramificarse.
Según InSight Crime, Comando Vermelho (CV) es el grupo criminal más antiguo, y el segundo más grande de Brasil después del Primer Comando de la Capital. Surgió en la década de 1970, en una prisión de Río de Janeiro, como una alianza entre delincuentes comunes y militantes de izquierda, para sobrevivir a las terribles condiciones carcelarias.
Desarrolló un sistema paralelo de gobierno en las favelas mantenido por economías criminales, rivalizando con las milicias, aparecidas en esa misma época: una red de grupos paramilitares que ha prolongado su poder e impunidad a través del tráfico de drogas, la extorsión y el control de los servicios públicos.
Primer Comando de la Capital (PCC), también de origen carcelario, es la red criminal más grande, organizada y poderosa de Brasil. Se formó en São Paulo, en 1993, tras la masacre en la prisión de Carandiru. Adoptó el lema del CV: “Paz, justicia y libertad”, alentando la revolución y el fin del sistema capitalista. Ha dominado todo el país, expandiendo sus operaciones no sólo a otros Estados de América Latina, sino también a Europa y Asia.
Mauricio Hernández Norambuena (ex FPMR) y el máximo líder del PCC, Marcos Camacho, se encontraron en 2003, en una cárcel de alta seguridad, cuando el primero cumplía una condena por secuestro en Brasil. La influencia de Hernández en la estructuración posterior del PCC ha sido determinante.
En 2006, luego de haber coordinado enormes motines carcelarios, éste desplegó la primera ofensiva terrorista en el estado de São Paulo, la cual se extendió durante una semana, causando la muerte de 505 civiles, y 59 policías y funcionarios públicos (ex-ante.cl, 31. 10. 25).
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron el mayor ejército irregular, y el grupo guerrillero más antiguo e importante del hemisferio occidental. Adoptó ese nombre en 1966. A mediados de la década de 1970, comenzó a cobrar impuestos a los cultivadores de marihuana del sur. Después, a los de coca. Y, en la década de 1980, a los laboratorios de cocaína ubicados en su área de influencia.
Tras su desmovilización, en 2016, varios mandos de las FARC se agruparon en disidencias conocidas como Ex-FARC Mafia, que operan en Colombia y Venezuela.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina, es una guerrilla que también opera en Colombia y Venezuela. Inicialmente, fue un movimiento nacionalista influenciado por la Revolución Cubana y la Guerra Fría, cuyo núcleo guerrillero se constituyó en 1964: “Desde sus inicios, el ELN fue una organización altamente ideológica, que combinaba la doctrina marxista-leninista con la teología de la liberación”.
Durante las últimas décadas, ha participado en el narcotráfico y la minería ilegal, entre otras economías criminales. En Venezuela, ha actuado como fuerza paramilitar, en apoyo a Nicolás Maduro.
En 1997, los hermanos Carlos y Vicente Castaño fundaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), coalición de ejércitos paramilitares de ultraderecha. Entre sus prácticas criminales, figuran: narcotráfico, desplazamiento y desaparición forzada de personas, despojo de tierras, secuestro y extorsión.
Tras su primera desmovilización, en 2003, exparamilitares conformaron nuevas organizaciones criminales, tales como el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (ACG).
Sendero Luminoso nació en 1970, como una facción disidente del Partido Comunista del Perú (PCP). A pesar de su decadencia, aún mantiene su influencia en la región del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Montaro (VRAEM). Para financiarse, presta servicios de protección de cargamentos de droga, y de escolta para narcotraficantes. Al mismo tiempo, realiza actividades de propaganda, y ataques contra campesinos y fuerzas de seguridad.
En marzo de 2025, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, se refirió al agotamiento de la expresión “violencia rural”, para referirse a los atentados y otros crímenes ocurridos en la Macrozona Sur.
Según declaró a El País, aquella era usada para describir “los fenómenos delictuales vinculados a la reivindicación de derechos”. Pero ahora éstos son definidos en términos de “criminalidad que opera en el ámbito rural y que no tiene una finalidad política, sino que se enmascara bajo ciertos eslóganes políticos”. Garrido señala que la actuación de tales organizaciones es semejante a la del Tren de Aragua, pues su propósito es expulsar al Estado.
La revolución y otras formas de insurrección constituyen una encarnación más de la Madre Terrible, vil y despiadada, que incuba a sus propios esbirros, como si su finalidad intrínseca fuese la muerte, sin más. Su ocurrencia pareciera corresponder ya a una fase de descomposición e instintividad bestial a gran escala, prefigurada desde las tinieblas del alma.
No es una liberación, sino la emancipación de una barbarie autónoma que subyace en las sombras.
Si la relación entre organizaciones políticas y crimen organizado es una constante, entonces existe un punto de unión que constituye sustancialmente su afinidad. No obstante, en cuanto prefiguración e instintividad sin espíritu, el crimen organizado es anterior, capaz de subasumir posiciones políticas y principios ideológicos sin distinción.
Tanta maldad y crueldad sin límite durante las dictaduras; tantas guerras y revoluciones, ¿para culminar en el crimen organizado? Pero una liberación espuria, basada en la corrupción y la pax mafiosa, no merece siquiera ser vivida.
¿Qué otros vínculos entre organizaciones políticas y crimen organizado han existido en Chile, en el pasado reciente?
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