Paralización de proyecto inmobiliario golpea con 131 despidos y $325 millones en costos

El proyecto inmobiliario San Nicolás, impulsado por la Inmobiliaria y Constructora Delabase III en la comuna de San Miguel, fue paralizado el 30 de julio tras el rechazo del Segundo Tribunal Ambiental a suspender los efectos del fallo que anuló su RCA. La medida ha generado más de $325 millones en perjuicios directos, mientras la empresa enfrenta riesgos contractuales por UF 540.000.

Qué observar. El proyecto San Nicolás en la comuna de San Miguel, de la Inmobiliaria y Constructora Delabase III S.A., fue oficialmente paralizado el pasado 30 de julio, luego de que el Segundo Tribunal Ambiental rechazara suspender los efectos de su fallo que anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto.

• A la fecha, los perjuicios económicos directos superan los $325 millones, mientras la causa sigue pendiente ante la Corte Suprema.

Costos de la paralización. Desde la paralización definitiva de las obras, se han generado impactos económicos significativos.

• La terminación de 131 contratos ha implicado un desembolso de $250 millones en finiquitos, a lo que se suman otros $75 millones por costos financieros y administrativos asociados al freno de la obra.
• A esto se agrega el riesgo de incumplimiento contractual respecto de 166 promesas de compraventa y 11 reservas vigentes, equivalentes a 540.000 UF, que podrían derivar en multas por hasta 81.000 UF (cerca de $3.200 millones).
• Además, existen más de $500 millones comprometidos en contratos con proveedores de insumos y servicios.

Estado actual del proceso judicial. El camino judicial es el único que queda abierto. Actualmente, el caso se encuentra a la espera de resolución en dos frentes.

• Por un lado, el recurso de casación presentado por la inmobiliaria y el Servicio de Evaluación Ambiental fue aceptado a trámite por la Corte Suprema, quedando a la espera de ser visto, lo que podría tomar un tiempo prolongado.
• Por otro lado, la empresa presentó un recurso de reposición ante el Segundo Tribunal Ambiental con el objetivo de revertir la decisión del 1 de agosto, en que dicho tribunal rechazó suspender los efectos de su fallo.
• Esta solicitud incluía, en subsidio, la posibilidad de entregar una “fianza de resultas” mientras se resuelve la casación, pero también fue denegada.

Antecedentes del caso. El proyecto fue evaluado durante más de dos años por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y obtuvo la aprobación unánime de todos los organismos técnicos con competencia ambiental: Ministerio de Salud, Seremi de Salud Metropolitana, Ministerio de Transportes y Ministerio de Desarrollo Social.

• Incluyó un proceso de participación ciudadana voluntaria, el primero en la comuna de San Miguel, que permitió recoger observaciones vecinales respondidas formalmente y evaluadas por la autoridad.
• En abril de 2024, el SEA rechazó una reclamación ciudadana contra la RCA del proyecto, concluyendo que “la información presentada permite descartar un riesgo para la salud de la población” (Res. Exenta N°20239910115).
• Sin embargo, el 7 de julio de 2025, el Segundo Tribunal Ambiental anuló la RCA, invocando la imposibilidad de descartar un riesgo sanitario por la presencia natural de arsénico en el suelo, sin incorporar nueva evidencia técnica al expediente.

Respecto a la iniciativa. El proyecto contempla la construcción y operación de un conjunto inmobiliario compuesto por dos edificios de departamentos de 12 pisos de altura, un nivel subterráneo y una placa comercial con 16 locales.

• En total, se desarrollarán 378 departamentos —189 por cada edificio—, 358 estacionamientos (163 por torre y 31 para los locales comerciales) y 514 bicicleteros, distribuidos entre las dos torres y los espacios comerciales.
• La iniciativa se levantará sobre un terreno de 10.383,85 m², con una superficie construida de 26.881,53 m², de los cuales 6.255,60 m² corresponden al subterráneo y 20.625,93 m² se encuentran sobre la superficie.

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