-En tu libro alertas sobre el exceso de regulaciones que existe en el sistema escolar. ¿Qué implicancias ves que tendrá la nueva Ley de Convivencia Escolar que entra a regir con el inicio del año escolar?
-A fines de enero la Ley de Convivencia Escolar terminó con la discusión en la comisión mixta y se pudo limpiar hartas cosas que eran de riesgo. Pero lo que nadie quiso limpiar fueron precisamente los elementos que generan más burocracia a los colegios. Es curioso, porque uno de los sentidos de esta ley era precisamente que los directores y colegios tengan una mirada más preventiva. Pero cuando la ley introduce 32 nuevas obligaciones para colegios que ya están saturados de regulaciones, cómo van a hacer prevención.
-¿Se saturó aún más el sistema?
-La serie de regulaciones y obligaciones que puso la nueva ley, aumenta fuertemente la carga que ya tienen los colegios. Y creo que no van a poder garantizar las cosas que la ley les pide. Lo otro que no se pudo resolver fue cómo resguardamos a los docentes. Hemos visto situaciones donde han sufrido agresiones graves y se esperaba que esta ley les pudiera dar resguardo. Y, si bien se da un resguardo simbólico, no hay un resguardo más material a los profesores y eso genera mucha frustración.
-En el libro planteas que se ha instalado una lógica de desconfianza entre el Estado y los colegios ¿De dónde parte ese diagnóstico?
– Yo trabajé cuatro años en un colegio en Puente Alto y ahí me di cuenta que el sistema educacional está funcionando de forma bien surrealista, todo se resuelve como micro juicios. Si dos alumnos pelean en el patio, tienes que buscar evidencias, juntar pruebas, tomar testigos y declaraciones, para poder aplicar una medida al estudiante, ya sea disciplinaria o formativa. Estos procedimientos están muy normados por la Superintendencia de Educación y si no los cumples, te multan.
-En el libro planteas además una lógica adversarial entre el Estado y los colegios. ¿Por qué ocurre esto?
-Se ha instalado un sistema persecutorio contra los colegios para sancionarlos y multarlos. Y soy responsable al usar esa palabra, porque los fiscalizadores intentan encontrar el error. Una vez vi un caso en un colegio en el que un profesor anotó a un estudiante por no llevar su libreta. El apoderado no estuvo de acuerdo y puso una denuncia en la Superintendencia de Educación, que luego mandató al colegio a pedirle disculpas. Así, se echó a andar un sistema que tiene esta lógica adversarial, en la que además, si el colegio no subsana, es multado.
-¿Cómo llegamos a esto? ¿Fue un cambio cultural o empujado por un tema normativo?
-Este viene pasando en los últimos 20 años principalmente, pero el punto clave fue el año 2002 cuando sale la Política Nacional de Convivencia Escolar, que actualiza el cómo entendemos la autoridad escolar. Porque estaba esta tesis de que los colegios eran muy autoritarios y castigadores, que es una tesis válida. Fue una discusión larga, pero que se echó a la basura el año 2006 con la revolución pingüina. Y ahí Michelle Bachelet, como respuesta a esas demandas, decide hacer que la educación sea un derecho que se pueda garantizar a través de los tribunales de justicia y crear la Superintendencia de Educación para vigilar a los colegios para que cumplan la normativa. Fue una idea además muy validada desde la academia y que fue introduciendo esta lógica judicial.
-¿Cómo está afectando esta judicialización y burocracia a los niños?
-Estamos privando a los niños de desarrollar habilidades adaptativas para su vida adulta. Si niños de 10 o 12 años tienen un problema, lo que hacen es que finalmente conversan, se arreglan y vuelven al juego. Pero con este sistema les estamos impidiendo ese espacio fundamental para aprender a resolver conflictos de forma directa. Y ojo, que las consecuencias ya la estamos viendo, porque esto se arrastra desde 2015 en adelante. ¿Dónde está hoy el segmento que más denuncia genera por Ley Karin? Los que están recién ingresando a la fuerza laboral. Porque no son capaces, si tienen una diferencia, de conversar si un compañero o un jefe les dice algo que no les gusta. La solución es la denuncia.
-¿Ves esto solo provocado por estos cambios institucionales o quizás hay un tema cultural que hizo atractivo darles esta vía de reclamar como quien va al Sernac?
-Creo que son ambas cosas, pero es incluso más radical, porque cuando uno va al Sernac tiene que presentar algunas pruebas para ver si su denuncia es admisible. Acá, quizás el último año se ha regulado mejor, pero prácticamente con tu relato puedes presentar una denuncia a la Superintendencia. Y esto ya no es solo un problema de relaciones, sino que afecta al sistema en general porque se transforma en un dispositivo tremendamente burocrático: una denuncia en promedio le cuesta a un equipo directivo 45 horas responderla y un colegio urbano tiene en promedio de 11 denuncias al año.
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