Perfil: El estilo del fiscal nacional Ángel Valencia y su rol en el caso Convenios y el caso Audios

El fiscal nacional salió a responder este miércoles a las presiones oficialistas tras los pinchazos a Crispi y la fallida intervención al teléfono de Boric. Durante su gestión, Valencia, quien ha dedicado gran parte de su carrera al mundo privado, ha puesto énfasis en la generación de equipos para enfrentar casos como Convenios y Audios.

Por qué importa. Este miércoles, el fiscal nacional, Ángel Valencia, realizó su cuenta pública anual. La actividad ocurrió en el marco de la controversia luego de que se conociera que el fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, mantuvo intervenido el teléfono del exjefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (FA), en el marco del caso ProCultura, y que solicitó —sin éxito— interceptar el celular del Presidente Gabriel Boric.

• Valencia y Cooper han recibido fuertes presiones desde La Moneda y el oficialismo. Mientras la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, pidió al fiscal nacional explicar el motivo de estas medidas, entre los diputados oficialistas del PS y el FA acusaron una instrumentalización de la justicia y amenazaron con pedir la remoción de Valencia.
• Cooper respondió que el caso ProCultura se mantiene vigente y con diligencias reservadas y que todas están apegadas a la legalidad.
• En su discurso —de 50 páginas—, el líder del Ministerio Público dedicó largos minutos al caso Convenios —que incluye a ProCultura— y sus implicancias. “Cuando decimos que nadie está por sobre la ley, no es un eslogan: es una convicción que se traduce en acciones concretas y procesos judiciales efectivos”, aseguró.
• Boric bajó el tono y señaló que “es natural que a veces se generen tensiones entre las instituciones. Cuando eso ocurre siempre hay que volver al principio de justicia (…). Yo personalmente, y todo el gobierno, siempre va a tener toda la disposición para colaborar con la justicia”.

El estilo Valencia. Ángel Mauricio Valencia Vásquez (Santiago, 1969) es abogado de la Universidad de Chile. Cuenta con un máster en litigio oral del California Western School of Law de Estados Unidos y un doctorado en la Universidad de Salamanca.

• Integró, entre 2000 y 2002, la unidad coordinadora de la Reforma Procesal Penal del Ministerio de Justicia, durante el gobierno de Lagos, y entre 2002 y 2006 fue fiscal adjunto en Valparaíso y en la Fiscalía Metropolitana Sur. Luego, saltó al mundo privado, donde trabajó en el estudio Amenábar & Valencia. Además, fue profesor universitario.
• En 2006 participó en la defensa de Carolina Tohá en el caso Publicam y en 2020 defendió a Mario Desbordes en una querella por un trauma ocular. Defendió al economista Rafael Garay, condenado por estafa, y al exgeneral director de Carabineros, Bruno Villalobos, acusado por malversación de fondos.
• Ha defendido a imputados por delitos sexuales, aspecto que generó las principales críticas hacia su postulación en La Moneda.
• En 2022, Valencia —quien mantiene una cercanía con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde— fue uno de los postulantes al cargo de Fiscal Nacional. La Corte Suprema lo incluyó en la quina con 17 votos, superando a nombres como Marta Herrera y Carlos Palma, de larga trayectoria en el Ministerio Público. Consiguió apoyos en el Senado y fue electo para el cargo con 40 votos a favor, 13 en contra y seis abstenciones.
• Cuatro días después de asumir, pidió la renuncia a 14 jefes de unidades, entre ellas Herrera, y comenzó una fuerte reestructuración del órgano. Según sus cercanos, su experiencia en el mundo privado le ha permitido observar, desde fuera, cómo funciona el Ministerio Público y sus falencias.

Sus aliados. Uno de los énfasis de su gestión ha sido generar equipos. A poco de asumir, puso a cargo de la unidad anticorrupción al exfiscal de Magallanes, Eugenio Campos, quien goza de su total confianza y tiene una gran influencia en las causas políticas más emblemáticas, como el caso Audios y el caso Convenios, especialmente en la arista ProCultura.

• Desde ese rol, Campos coordinó el trabajo de todos los fiscales del caso Convenios.
• También, ha delegado al fiscal Cooper los casos más complejos, como ProCultura, la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende, Sierra Bella y la arista de tráfico de influencias que involucra a la diputada Karol Cariola (PC). En 2021, Valencia había defendido a Cooper en una denuncia por prevaricación realizada por un grupo de fiscales.
• En noviembre de 2023, echó a andar el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), a cargo del fiscal metropolitano Sur, Héctor Barros.

Rol en caso Convenios. Valencia detalló este miércoles que hasta abril “45 personas han sido formalizadas, cinco de ellas en más de una causa, lo que eleva el total a 50 formalizaciones”, se ha pedido prisión preventiva para 25 imputados, y el monto total investigado a nivel nacional supera los $70 mil millones. Además, se logró el desafuero de los diputados Mauricio Ojeda (ind) —por el caso Manicure— y Catalina Pérez (ex FA) —por Democracia Viva—.

• “Los resultados concretos del trabajo del Ministerio Público en el caso Convenios dan cuenta de una persecución penal sostenida, estratégica y con impacto real”, planteó este miércoles.
• En un inicio, los persecutores aplicaron, en general, sus propios criterios en una investigación que se extendía por todo el país, lo que generó un importante desorden interno. Los avances de las causas —que ya se extendían por 15 regiones— eran muy disímiles según cada fiscal.
• En diciembre de 2023, a seis meses de la explosión del caso, decidió unificar internamente las causas asociadas al caso Convenios y traspasarlas a tres fiscales regionales, de modo de centralizar el trabajo.

Definiciones en caso Audios. Desde el estallido del caso, en noviembre de 2023, Valencia fijó posiciones clave para la causa. A horas de que Ciper publicara el reportaje que daba cuenta de la reunión que sostuvieron Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer, el fiscal nacional dio a conocer el inicio de una investigación penal de oficio, que quedó en manos de la Fiscalía Oriente.

• En entrevista con Ex-Ante, aseguró que el audio que dio origen a la causa, grabado por Villalobos y entregado a Fiscalía por Rodrigo Topelberg, “tiene valor como prueba lícita” y afirmó que “conversaciones de esa naturaleza no se encuentran amparadas por el secreto profesional”.
• Semanas después, dio a conocer que Hermosilla había pasado de testigo a imputado en el caso, pero que aún faltaban antecedentes para formalizarlo.
• En agosto, aludiendo a los WhatsApps del abogado, fijó un criterio: “Vamos a investigar lo que está denunciado, lo que esté objeto de la querella y lo que surja como consecuencia de la búsqueda de evidencia”.
• Ese mismo mes, tras la formalización, la Fiscalía Nacional determinó entregar una copia de los más de 700 mil chats de Hermosilla a su hermano, el abogado Juan Pablo Hermosilla. A esa altura, Valencia ya había reconocido que tenía mensajes con el imputado por el caso Audios, que databan de julio de 2022, antes de ser candidato a fiscal nacional y que nunca hubo mensajes pidiéndole apoyo.
• En septiembre, tras la filtración de una serie de conversaciones personales desde el celular de Hermosilla, en poder de la Fiscalía Oriente, ordenó medidas para resguardar el contenido privado del dispositivo. El día anterior, el defensor había reclamado que “se han filtrado cosas de la vida íntima de Luis”.
• Valencia designó al fiscal Marcos Pastén para investigar las filtraciones del caso.

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