La tramitación del proyecto de permisos sectoriales avanza tímidamente en el Senado, mientras en las exposiciones del empresariado en el Congreso surgen críticas sobre los elevados costos que enfrenta el sector privado para cumplir con las exigencias del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La CPC señaló que el costo promedio de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) -la etapa previa a iniciarse la construcción de un proyecto- aumentó de $418 millones a casi $1.000 millones en los últimos 4 años.
Qué observar. El proyecto de permisos sectoriales, más comúnmente conocido como permisología, está actualmente en segundo trámite legislativo en la Comisión de Economía del Senado en la fase de exposiciones. Este martes, la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC) estuvo en la instancia para plantear sus inquietudes y propuestas.
- Ahí, los representantes del gremio -que es liderado por Ricardo Mewes- acotaron que han aumentado significativamente los costos de ingreso de proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
- Señalaron que el 2020 el costo de elaboración de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) era alrededor de los 11.000 UF (unos $418 millones).
- Actualmente el costo de esa evaluación ambiental es de 25.000 UF (casi $1.000 millones), según la CPC.
- Durante ese mismo periodo, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que es usada para proyectos de menor envergadura, aumentó de $130 a $300 millones.
La explicación. La explicación del aumento del costo -según el gremio- es que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ha publicado nuevas medidas y que exigen estudios que han triplicado el costo de evaluación en el SEIA.
- Por ejemplo, en 2022, 2023 y 2024 se han publicado 43 nuevas guías y documentos con nuevos criterios del SEA.
- Para el empresariado, se ha complejizado la elaboración de la carpeta de permisos con análisis y estudios. La elaboración de esta, por ejemplo, en un permiso básico de la DGA, de una obra hidráulica, va desde los 750 UF (unos $29 millones).
- En el caso de un permiso mínimo del Sernageomin para un proyecto de mediana minería, el costo va desde los 500 UF ($19 millones). Y un requerimiento un poco más complejo, como un permiso de cierre, llega a costar entre 1.000 y 1.200 UF ($45 millones aproximadamente) para un proyecto de mediana minería.
- En una iniciativa grande, esos costos son mucho más elevados, según el gremio.
- El aumento del precio que han tenido estos requerimientos puede ser más notorio para las empresas titulares de proyectos cuando algunas evaluaciones ambientales o permisos son rechazados y se les exigen cambios o documentos nuevos.
Las propuestas para una mejor institucionalidad. Hace algunas semanas, el Ejecutivo introdujo una modificación clave al proyecto original, que destrabó el debate legislativo: la estructura institucional. La propuesta inicial contemplaba la creación de una nueva agencia para coordinar la tramitación sectorial y asegurar el cumplimiento normativo, con un equipo independiente de 39 personas que se enfocaría en mejorar los permisos sectoriales.
- Sin embargo, la oposición planteó críticas, argumentando que este nuevo organismo implicaba un aumento en los recursos y burocracia estatal.
- Para sortear este obstáculo, el gobierno ajustó el enfoque, fortaleciendo en su lugar una unidad existente dentro del Ministerio de Economía que asumirá esas responsabilidades.
- Esta dependencia, ahora parte de la estructura de esa secretaría, será la encargada de coordinar las tareas que se habían asignado originalmente a la nueva agencia.
- Respecto a este tema, Mewes enfatizó la importancia de que la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión debe “rendir cuenta ante el Congreso”.
- De esta forma, “los órganos de la Administración del Estado, en el cumplimiento de su objetivo, promuevan la protección del bien jurídico que les compete con los menores costos de transacción posibles, tanto para el Estado como para los titulares de proyectos de inversión, sean públicos o privados”.
Priorización de proyectos. Otra de las propuestas del gremio consiste en establecer un sistema de priorización de proyectos que debiera considerarse en la medida que la ley entre en régimen y propendiendo a que se estén cumpliendo los plazos legales para los demás proyectos.
- Para la CPC, cumplida esa condición, una priorización de proyectos debe contar con los siguientes criterios: Coherencia regulatoria: mecanismo único que acorte plazos en todas las etapas de tramitación (ambientales y sectoriales) y decidido por una única instancia.
- Y Flexibilidad: debe haber un criterio amplio de desarrollo sostenible (económico, social y/o ambiental), para poder priorizar diversos tipos de proyectos, sin limitarse a criterios fijos y específicos preestablecidos.
- El gremio puntualiza que el cumplimiento de los plazos requiere de una serie de medidas que en su conjunto deben poner los incentivos correctos. Estas son:
- Permitir un acceso abierto y transparente a la tramitación sectorial de los proyectos mediante la plataforma SUPER (art.54).
- Incorporar el cumplimiento de los plazos como un Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) en todos los servicios a cargo de entregar autorizaciones, con la asesoría de la Oficina (art. 42 n°10).
- Permitir que SUPER reciba reclamos o denuncias de titulares de proyectos, que serían sistematizados y presentados ante el Comité de Subsecretarios (art. 58).
- Establecer que la información respecto del nivel de cumplimiento o atraso de los servicios esté disponible en línea, como una medida de escrutinio público.
- Establecer que la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión deba rendir cuenta ante el Congreso.
- Las sanciones contempladas podrían ser contraproducentes (art. 26).
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