Permisología: El rediseño ambiental de Kast para destrabar la burocracia que enfrentan los proyectos de inversión

El proyecto de Reconstrucción Nacional pone el foco en destrabar la inversión con una batería de medidas para reducir la “permisología”, acotando plazos y limitando la judicialización de proyectos. Entre los cambios, destaca la reducción de 2 años a 6 meses para invalidar permisos, a lo que se suma una reforma al Consejo de Monumentos Nacionales, que fija plazos para pronunciarse y crea mecanismos de aprobación automática para obras menores.

Lo nuevo. El Presidente José Antonio Kast, acompañado por su comité político, firmó esta mañana el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, que será ingresado hoy a la Cámara de Diputados. La iniciativa —el principal paquete económico del gobierno— incluye un conjunto de medidas para agilizar la tramitación de proyectos de inversión y reducir la denominada “permisología”, uno de los ejes centrales de la actual administración.

• Desde su llegada a La Moneda, distintas autoridades del gobierno han puesto el foco en reactivar la inversión, apuntando a la necesidad de reducir la burocracia en la tramitación ambiental.
• Ministros del área económica han reiterado que los actuales procesos de permisos —especialmente en evaluación ambiental— se han transformado en una suerte de “cuello de botella” para el desarrollo de proyectos, diagnóstico que este proyecto busca abordar.
• Durante la firma de la iniciativa, el jefe de Estado dijo: “en cortos años, los plazos para habilitar un proyecto de inversión se han casi duplicado, y hoy día un proyecto de inversión mediano o grande puede estar mil días o más de mil días detenido por lo que se ha denominado en Chile la permisología”.
• Esta temática fue uno de los flancos más persistentes durante el gobierno de Gabriel Boric. Pese a intentos de modernización, los plazos de tramitación y la incertidumbre regulatoria siguieron siendo objeto de críticas desde el mundo empresarial, consolidando la idea de que el sistema se había transformado en una barrera para la inversión.

Permisos. La propuesta de Reconstrucción Nacional trae una batería de cambios más agresiva de lo que se anticipaba en esta materia, y pone en el centro el combate contra la “permisología”, a la que el Ejecutivo atribuye buena parte del freno a la inversión en la última década. El diagnóstico —de acuerdo al mensaje presidencial— apunta a una “maraña regulatoria” que ha elevado costos, extendido plazos y paralizado proyectos.

• En esa línea, la iniciativa busca racionalizar los permisos sin modificar los estándares de protección, combinando mayor certeza jurídica con una reducción de tiempos en la tramitación.
• Una de las modificaciones más relevantes es que reduce de 2 años a 6 meses el plazo para invalidar autorizaciones sectoriales ya otorgadas.
• También crea un régimen voluntario para acotar las adendas —las rondas de observaciones y respuestas entre servicios públicos y titulares de proyectos— en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), uno de los principales factores de extensión de los procesos.
• A eso se suma el fortalecimiento del rol técnico del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que podrá desestimar observaciones de servicios que no estén fundadas o “excedan sus competencias”, y la eliminación de la invalidación administrativa de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) favorables por la vía general.
• También se acotan las vías de impugnación, limitando quiénes pueden reclamar las resoluciones ambientales, y se establece que modificaciones no sustantivas o mejoras tecnológicas en proyectos ya aprobados no deberán someterse a una nueva evaluación.
• El paquete se completa con un mecanismo de restitución de gastos directos si una RCA es anulada judicialmente y con límites estrictos a las medidas cautelares: 30 días corridos, prorrogables solo con resolución fundada y con un máximo total de 6 meses. En conjunto, es uno de los bloques más duros del proyecto en términos regulatorios.

Monumentos Nacionales. En paralelo, el proyecto introduce cambios relevantes al Consejo de Monumentos Nacionales, otro de los focos de crítica por su impacto en la tramitación de proyectos. A este respecto, el mensaje presidencial señala que el proyecto “agiliza la gestión de esta institucionalidad, al imponer plazos fatales”.

• En concreto, se fija un plazo de 20 días corridos para que el organismo se pronuncie ante hallazgos, tras lo cual las obras podrán continuar si no hay respuesta, y se crea una vía de “intervenciones menores” con aprobación automática mediante aviso electrónico. Esto último, para eliminar la necesidad de autorizaciones previas.
• Junto con ello, se profesionaliza el área, exigiendo “asesoría de arqueólogos o paleontólogos y se establecen multas severas por omisión de avisos o declaraciones falsas. Esta medida busca combatir la paralización de obras críticas por hallazgos arqueológicos que muchas veces no se justifican atendidas las características de estos”.
• Al aplicar un criterio de proporcionalidad, plantea el mensaje, el Consejo “podrá focalizar sus tareas en el resguardo de piezas con mayor valor, facilitando tanto la inversión privada como el desarrollo de infraestructura pública. Lo anterior constituye un avance relevante en la simplificación de trámites”.

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