Permisología: un evaluador del Servicio Ambiental debe revisar en promedio 9 mil páginas por proyecto

El informe de Prisma SOFOFA detalla la magnitud del trabajo técnico que enfrentan los funcionarios encargados de evaluar proyectos de inversión en el SEA. La carga varía según la región, alcanzando cifras que superan las 28 mil páginas por persona, con importantes diferencias en inversión y empleo asociado.

Lo nuevo. Un reciente estudio elaborado por Prisma SOFOFA evidenció la magnitud de la carga documental que enfrentan los evaluadores del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en Chile.

• Solo considerando los nuevos proyectos ingresados entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, cada evaluador debió analizar en promedio 9.330 páginas, lo que equivale a unas 750 al mes.
• Esta situación no contempla los expedientes que ya estaban en tramitación ni otras tareas administrativas.

Volumen documental por funcionario. El informe de Prisma, basado en datos actualizados a septiembre de 2025, identificó 88.212 archivos PDF en los expedientes de 451 proyectos ingresados al SEA durante el último año.

• Estos documentos contienen declaraciones y estudios de impacto ambiental, anexos, observaciones de OAECA, ICSARA y Adendas, entre otros, totalizando más de 2,2 millones de páginas.
• A esto se suman 170.100 archivos en formato XML y 41.378 en HTML, los que también deben ser revisados por el personal evaluador. Estos formatos no están divididos en páginas, pero contienen texto relevante que requiere análisis.
• En promedio, cada evaluador debió revisar 1.259 archivos, considerando todos los formatos, para proyectos ingresados durante el último año.

Dotación y distribución regional. Según la revisión de contratos en transparencia, en agosto de 2025 el SEA contaba con 238 funcionarios dedicados a evaluación ambiental de proyectos.

• Esta cifra considera personal a contrata, de planta y honorarios, con cargos tales como evaluador ambiental regional, abogados de reclamaciones y jefaturas de división.
• La carga de documentos varía significativamente entre regiones. O’Higgins lidera con 28.127 páginas por evaluador, seguida por Coquimbo (22.004) y Antofagasta (19.143).
• En contraste, regiones como La Araucanía (2.350), Los Ríos (3.444) y Metropolitana (4.245) presentan cifras menores.

Inversión gestionada por evaluador. El informe estima que cada evaluador del SEA gestionó en promedio proyectos por un total de US$ 297 millones. No obstante, las diferencias entre regiones son marcadas.

• Antofagasta encabeza el ranking con US$ 1.667 millones por trabajador, seguida por Magallanes con US$ 1.607 millones.
• Otras regiones que superan ampliamente el promedio nacional son Tarapacá (US$ 759 millones), Biobío (US$ 532 millones) y Coquimbo (US$ 429 millones).
• En el extremo inferior, regiones como La Araucanía, Aysén y Los Lagos presentan una inversión por evaluador significativamente menor, reflejando también el menor volumen y escala de los proyectos ingresados en esos territorios.

Empleo potencial por funcionario. El estudio también cuantifica el empleo que podría generarse a partir de los proyectos en evaluación, según lo declarado por los titulares.

• A nivel nacional, cada evaluador del SEA es responsable de iniciativas que proyectan 424 empleos en etapa de construcción y 165 en fase de operación.
• La región de Antofagasta presenta el mayor número de empleos en construcción por evaluador: 1.584.
• En cuanto a empleo en operación, la región de O’Higgins lidera con 724 puestos laborales estimados por funcionario.

El llamado del gremio. “Este nuevo hallazgo de la plataforma Prisma revela una disparidad territorial en la carga de trabajo que exige actuar con decisión”, señaló Rosario Navarro, presidenta de SOFOFA.

• A su juicio, el diagnóstico evidencia la necesidad de avanzar hacia un Estado promotor, con equipos técnicos fortalecidos y capacidad de acompañar la evaluación de proyectos estratégicos para el país.
• También destacó que incorporar tecnologías podría agilizar los procesos sin afectar la calidad técnica, permitiendo destrabar inversiones, generar empleo y entregar certezas en tiempos de tramitación.

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