Por qué cayó Maya Fernández de Defensa y los flancos que impedían su continuidad

Presidencia informó este lunes que Maya Fernández había renunciado a Defensa, pero en altas fuentes de gobierno y del PS señalan que lo hizo bajo la presión de Boric y en víspera de que la acusación constitucional que interpondría este martes la oposición en su contra, cuyo resultado era incierto. Fernández enfrenta también el flanco penal y ante el TC. No está claro los costos que está pagando la senadora Isabel Allende, quien tuvo un rol protagónico en este caso.

Por qué importa. Este lunes, antes de las 17 horas, Presidencia informó que Maya Fernández (PS) había renunciado a Defensa, donde llegó el 11 de marzo de 2022, y que en su reemplazo asumiría Adriana Delpiano, militante del PPD, partido que pedía más representación en el gabinete tras la salida de Tohá de Interior.

• La versión oficial de La Moneda contrasta con la de otras autoridades socialistas, que indican que Fernández renunció muy presionada y en la víspera de que este martes o miércoles Chile Vamos y Republicanos presentaran una acusación constitucional en su contra a partir de la venta de la casa de su abuelo, Salvador Allende, en calle Guardia Vieja.
• “No tenía otra alternativa”, dicen altas fuentes de gobierno. “El mensaje de la oposición fue que debía salir del cargo para cerrar el caso”, se añade.
• Fernández tenía al menos 4 flancos abiertos.

1. 1. La acusación constitucional. El conteo interno de votos que había hecho La Moneda apuntaba a un resultado muy ajustado e incierto en la Cámara de Diputados.
   2. La investigación penal que enfrenta ella y su tía, la senadora Isabel Allende, por la venta de la propiedad en calle Guardia Vieja. Fernández, a través de su abogado Gabriel Osorio, había optado por guardar silencio, pese a que La Moneda indicaba que la política del gobierno frente al caso era entregar toda la información a los tribunales.
   3. La comisión investigadora que se abrió en la Cámara de Diputados.
   4. La solicitud de remoción que realizó la oposición en su contra en el Tribunal Constitucional, que lo había acogido.

Punto de inflexión. Altas fuentes del PS señalan que si bien Boric comenzó apoyando a Fernández, el punto de inflexión fue cuando se dio a conocer que los Allende pretendían que la casa pasara a convertirse en una suerte de comodato a la Fundación Allende una vez vendida al Estado. Vale decir, que continuarían percibiendo recursos de la propiedad.

• Esa situación también hizo que Allende perdiera sus apoyos en el PS.

Molestia por salida junto a Crispi. En el PS no pasó inadvertido que Maya Fernández haya salido junto a Miguel Crispi, el jefe del Segundo Piso y uno de los asesores más cuestionados de la administración Boric a partir del caso Convenios, Monsalve y, ahora, de la venta de la casa de Allende.

• Existían socialistas que estaban molestos con esta situación, ya que, a su juicio, lo lógico hubiera sido que la salida de Crispi hubiera sido informada en otro momento -como ocurrió cuando abandonó el cargo Lucía Dammert- y no junto a Maya Fernández ni cuando se anunció la llegada de Macarena Lobos en la secretaría general de la Presidencia.
• En el PS, sin embargo, tenían claro que la salida de Fernández era un costo hundido y que su permanencia en Defensa estaba generando un alto costo para la colectividad y la imagen que ellos cultivan de Salvador Allende.

La ausencia de Isabel Allende. En el PS y en La Moneda indican que el futuro político de Maya Fernández quedó muy dañado, pero recalcan que hasta ahora ella ha pagado los costos de un caso en que la senadora Isabel Allende -tía de la ex ministra- ha tenido un rol protagónico.

• La defensa de la parlamentaria se aferró ante el Tribunal Constitucional en que la decisión de vender la casa de Guardia Vieja fue planteada en 2023 al Congreso y aprobada en la Ley de Presupuestos para el año 2024. En el escrito de la defensa también se indicó que el Estado tiene obligación de preservar recintos de memoria histórica y que en cualquier caso, el proceso no fue concluido ya que faltó un Decreto Aprobatorio Final del Presidente.

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