Por qué la Corte acogió el desafuero de la diputada Catalina Pérez (y el golpe para la generación del FA)

El tribunal consideró que los antecedentes expuestos por la fiscalía “informan el pleno conocimiento de la diputada Pérez en las diversas irregularidades concurrentes, asumiendo claramente un rol de liderazgo”. La resolución —que la parlamentaria apelaría— representó otro golpe para el hoy ex partido Revolución Democrática.

Por qué importa. La resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta entregó los fundamentos para remover el fuero de la diputada Catalina Pérez —hoy ex Frente Amplio (FA)— y así pedir medidas cautelares en la formalización de tres cargos de fraude al fisco que la fiscalía formulará en contra de la parlamentaria en la causa madre del Caso Convenios: la arista Democracia Viva.

• La decisión —tomada unánimemente el 10 de febrero; este jueves sólo se conocieron los argumentos del tribunal— sería apelada por Pérez a la Corte Suprema, ya que estima se incumplieron los estándares jurídicos para concretar el desafuero. Tiene cinco días para ello.
• La formalización que prepara la fiscalía se basa en el conflicto de interés de los protagonistas de la trama (todos entonces militantes de Revolución Democrática); la falta a la probidad que implicó suscribir tres convenios por $426 millones con una fundación sin experiencia en el área como Democracia Viva y los aparentes intentos de encubrir el caso que revelaron los chats de Pérez recuperados por la policía.
• La fiscalía la sindica como la cabeza del fraude.
• Todos estos elementos impactaron la reputación del partido cofundado por el exministro Giorgio Jackson que, según proclamó, tenía un estándar moral diferente al de sus predecesores. El caso golpeó también a la generación de políticos menores de 40 que llegaron a La Moneda el 11 de marzo de 2022.
• El Caso Convenios favoreció que las distintas tiendas del Frente Amplio se fusionaran el año pasado en un solo partido, al que Pérez renunció en noviembre.
• Los cargos que se imputarán a Pérez podrían implicar su prisión preventiva, como ocurrió con el otro diputado formalizado por fraude al fisco en otra arista del Caso Convenios: el independiente y ex miembro de la bancada de Republicanos Mauricio Ojeda, contra quien la fiscalía pidió en su acusación de este mes que cumpla 19 años de cárcel.

Los fundamentos del tribunal. El tribunal validó, entre otros elementos, el conflicto de interés que presentaba la relación de los protagonistas de la historia: el presidente de Democracia Viva Daniel Andrade era pareja de Pérez y el secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras —su contraparte estatal en los contratos firmados en 2022— había sido su jefe de gabinete.

• Secuencia lógica. Los antecedentes “otorgan una secuencia preliminarmente lógica de intervención de la diputada en hechos previos y posteriores a la suscripción de los tres convenios fiscales aludidos”.
• Vínculos. “(Ésta) se construye sobre la base de los vínculos de ésta con los imputados Sr. Andrade y Sr. Contreras y que, de acuerdo a las conclusiones extraídas de los informes policiales y las conversaciones sostenidas mediante mensajería de WhatsApp, especialmente entre la diputada y el Sr. Andrade, presidente de la fundación que se adjudica dichos tratos fiscales, permiten dotar de razonabilidad a la imputación del Ministerio Público en cuanto a la existencia de algún tipo de intervención”.
• Estándar. “(Esto) es independiente del tipo de participación que en definitiva se pretenda acreditar por parte de la Fiscalía una vez que se proceda a la formación de causa en su contra y que, en consecuencia, satisface el estándar de probabilidad preliminar que hace procedente acceder a la solicitud de desafuero”.
• Intervención. “Una serie de antecedentes que dan cuenta de su intervención directa para, primero, aparentar que la fundación cumplía los requisitos necesarios y para que los otros involucrados asumieran exclusivamente la responsabilidad por la suscripción de los convenios de transferencia de fondos, dejándola fuera de toda responsabilidad, incluso dando directrices de cuál deberían ser el discurso común para tales objetos”.
• Dirección. “Resulta relevante en este aspecto que estos últimos antecedentes, si bien posteriores a la suscripción de los convenios, informan el pleno conocimiento de la diputada Pérez en las diversas irregularidades concurrentes, asumiendo claramente un rol de liderazgo, elaboración y dirección en las distintas acciones”.

Chats. A las 11:26 am del 4 de junio de 2023, días antes de que estallara el caso en el sitio regional Timeline, Pérez esbozó a Andrade el plan de contingencia que debían seguir. Esto mostraría cómo dirigía la estrategia.

• “Cosas nuevas que se nos han ocurrido: 1. Hablar con Carlos y meter factor administrativo y vocería del tema. 2. Hablar con abogado (de la) fundación para hacer una pedida más específica a la Emilia (en posible referencia a la entonces alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, donde Democracia Viva fue constituida). Sacar nota de la vida del exquisito (en referencia a Andrade). Cosas activas: ofensiva en redes sociales, conversaciones a la interna del partido”, escribió.

Defensa de Pérez. Los abogados de la diputada, Gonzalo Medina y Sebastián Dal Pozzo dijeron estar “convencidos de que no hay justificación jurídica para dar lugar a la solicitud de desafuero y confiamos en que la Corte Suprema acogerá nuestros argumentos”. Agregaron:

• “Los mensajes de WhatsApp en los cuales fundamenta su solicitud, y que han sido ampliamente difundidos en medios de prensa, son del año 2023, muy posteriores a la suscripción de los convenios ocurrida en septiembre y octubre de 2022”.
• “El informe pericial contable de todas sus cuentas bancarias revela que la Diputada Catalina Pérez no recibió un solo peso de estos convenios, y todos los testigos que han declarado en la investigación coinciden en que la Diputada no tuvo ninguna participación en su adjudicación”.

Telón de fondo. El revés de Catalina Pérez surge en momentos en que el FA aún no logra sacudirse del todo del Caso Convenios y llega tras el congelamiento de fondos que le realizó el Servel, donde quedaron al descubierto los insólitos gastos cuestionados a los partidos oficialistas Revolución Democrática (RD) y Convergencia Social (CD), que en marzo del año pasado votaron para fusionarse en una sola tienda. Pérez había logrado fichar en el FA, pese a estar en el centro del caso Democracia Viva.

• El escenario de que la diputada quede bajo arresto supone un golpe para el FA, donde ya no milita, aunque es asociada al partido y mantiene redes junto con la generación que llegó con ella al poder liderados por Jackson.
• El caso ha amenazado con escalar al Segundo Piso de La Moneda por el rol del jefe del equipo de asesores presidenciales Miguel Crispi (FA). Hasta ahora, sin embargo, las señales apuntan a que Pérez podría convertirse en la autoridad con mayor peso político que caiga por el caso Democracia Viva.