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Octubre 21, 2025

Por qué la Fiscalía de Antofagasta pide sancionar a juez argumentando anomalías en resoluciones favorables a Orrego

Ex-Ante

El magistrado Hans Durán declaró incompetente al Tribunal de Antofagasta para ver la arista del caso ProCultura que involucra al gobernador de Santiago, y también rechazó alzar la cuenta bancaria de la fundación, lo que dificulta la investigación en curso. A juicio del fiscal Eduardo Ríos, el juez actuó de forma inexcusablemente negligente, con resoluciones exprés y fundamentos erróneos.


Victorias sucesivas. Las sucesivas resoluciones del juez de Garantía, Hans Durán, favorables al gobernador de Santiago, pusieron cuesta arriba la investigación del caso ProCultura y anotaron la primera victoria para la defensa del gobernador Claudio Orrego.

  • El 30 de septiembre el magistrado declaró incompetente al Juzgado de Garantía de Antofagasta para conocer la causa y ordenó remitir los antecedentes al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tal como solicitaban los abogados de Orrego.
  • Días después, rechazó la apelación de la Fiscalía. Además mantuvo una condena en costas al Ministerio Público.
  • El juez también fue quien rechazó la solicitud para levantar el secreto bancario de personas vinculadas a la cúpula de ProCultura, argumentando que no estaba debidamente fundada ni se individualizaban los delitos de los dirigentes de la fundación.

Fallos exprés. El fiscal de alta complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos presentó una queja disciplinaria por la actuación del juez cuestionando la rapidez con que el magistrado dictó la resolución sobre la competencia del tribunal. La queja fue difundida por radio Biobío.

  • “Esta parte dedujo el recurso de apelación el día 03 de octubre de 2025, a las 14:06 horas. Resulta al menos curioso de señalar que el mismo día 03 de octubre de 2025, a las 14:34 horas, el juez recurrido dio lugar a la certificación requerida por la defensa, en el sentido que, en su opinión, no era admisible la apelación y, por tanto, la resolución del día 30 de septiembre de 2025 ya se encontraba firme y ejecutoriada”, señaló el fiscal.
  • El fiscal añade que “estimamos que el juez lejos de actuar de acuerdo con su investidura, lo ha hecho de un modo disciplinariamente indebido y, por tanto, inaceptable para sus funciones, siendo inexcusablemente negligente en el cumplimiento de su deber”.
  • Argumenta que el fallo tiene más de 3 mil palabras, lo que no cuadra con que se haya redactado en sólo 20 minutos. “Para un usuario avezado, la redacción, esquematización, fundamentación y revisión final de esta resolución habría tomado aproximadamente 4 a 6 horas”.
  • Fiscalía sostiene que el juez Durán incurrió en errores en su fallo como decir que “el nuevo fiscal designado pretenda desconocer los actos procesales de su antecesor, quien reconoció expresamente la competencia de un tribunal diverso, y que hoy, invocando una supuesta conveniencia, intente alterar un acto propio sin sustento normativo ni respaldo fáctico razonable”.
  • El fiscal Ríos señala que nunca se desconoció actuaciones previas ni tampoco se utilizó la palabra “conveniencia”. En el recurso de rectificación se le planteó que “era una expresión que no se había utilizado por esta parte y que se eliminara de la resolución”. Pero el juez Durán rechazó el recurso sin mayor fundamentación.
  • Ríos también afirma que resulta injusto condenarlos en costas puesto que ellos no instalaron el incidente de la competencia del tribunal.
  • La queja contra el magistrado deberá ser vista por el pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Quién es. Hans Eladio Durán Vásquez nació en Concepción el 19 de julio de 1984 (41 años). Estudió Derecho en la Universidad de Concepción jurando como abogado el 19 de marzo de 2010.

  • Recientemente gracias a una beca del Poder Judicial, cursó estudios de magíster en derecho penal en la Universidad de Chile. En 2024 presentó su tesis “Aplicación del método alemán de resolución de casos a una variación del caso del crimen por encargo de calle Seminario”, inspirado en el caso de María del Pilar Pérez, “La Quintrala”.
  • En documentación oficial del Ministerio de Justicia se observa que el 24 de mayo de 2016 fue nombrado por decreto cargo del juez interno del tribunal oral en lo penal de Antofagasta. Antes era secretario titular del juzgado de letras, garantía y familia de María Elena.
  • Previamente, el 3 de marzo de 2015 fue designado juez interino del juzgado de letras y Garantía de Chañaral.
  • El juez participó en 2021 en la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que aprobó 184 solicitudes de libertad condicional, sobre un total de 300 peticiones.

Su propuesta para la Convención Constitucional. El juez Durán publicó en 2022 un paper en la Academia Judicial sobre el debido proceso, donde cita varias veces los trabajos del actual presidente del CDE, Raúl Letelier y su señora, Flavia Carbonell, y hace propuestas para la Convención Constitucional. Letelier, nombrado en su cargo por el presidente Gabriel Boric, fue asesor del Frente Amplio en la Convención, rechazada en septiembre del 2022 por 62% contra 38%.

  • “En relación a la posibilidad de mejorar la garantía de debido proceso en el texto constitucional en elaboración, comparto lo indicado por los profesores Carbonell y Letelier, en el sentido que esta garantía debe entenderse como un mecanismo protector frente al juez contra eventuales ilegalidades que pueda cometer en el ejercicio de su función jurisdiccional”, señala el juez Durán en su texto.
  • “Además, debe incorporase una referencia explícita a los tratados de derechos humanos que se encuentran vigentes, que obligan su incorporación como parte de la garantía en el derecho interno”.
  • El 2 de octubre, como presidente del CDE, en un gesto inusitado, señaló a El Mercurio que se “ha decidido no interponer querella contra el gobernador Claudio Orrego por considerar que, con los antecedentes disponibles al día de hoy, no se observan conductas constitutivas de delito”.
  • Los dichos de Letelier llamaron la atención no sólo porque el CDE se abstuvo de querellarse en la arista política del caso —como si lo hizo contra la diputada Catalina Pérez (ex FA) en la causa Democracia Viva—, sino porque anunció públicamente que no lo haría.

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