La CUT, el Colegio de Profesores, la ANEF y las federaciones estudiantiles, habían entrado en una suerte de sueño profundo; porque protestar contra su propio gobierno no se consideraba aceptable. Ahora hay que tener bien claro que no es lo mismo convocar a una movilización pacífica -que amenaza con recurrir a la violencia- que agitar el fantasma del estallido social si no se satisfacen determinadas demandas políticas.
Cambiarle la cara a Chile. El presidente fue parco durante la campaña, evitando pronunciarse sobre temas controversiales que pudieran hacerle perder votos y resistiendo impávido los emplazamientos de la izquierda y los medios de comunicación.
- Pero con el correr de los días, las semanas y los meses se ha ido despejando la “incógnita” sobre lo que verdaderamente representa la llegada al poder de José Antonio Kast.
- No se trata, como muchos especularon, de afectar el sistema democrático, como ocurre en otras latitudes donde gobiernan fuerzas de semejante inspiración, ya que hasta ahora el gobierno se ha conducido con total apego al Estado de Derecho.
- Más bien, estamos frente a un desafío, una amenaza o, al menos, un cuestionamiento profundo a la hegemonía político-cultural del progresismo, que se fue imponiendo desde los inicios de la transición, incluyendo los dos gobiernos de Sebastián Piñera, y que se profundizó durante el mandato del expresidente Boric.
- En lo económico y social, un retorno, al modelo libremercadista que imperó durante la década de los ochenta, que apuesta sin complejos por la iniciativa privada y empresarial para alcanzar el desarrollo y que se la juega por reducir al máximo las regulaciones y restricciones de todo orden provenientes del Estado.
- Lo que se ve cabalmente reflejado en su proyecto estrella de “reconstrucción nacional”, que según el ministro Quiroz “le cambiará la cara a Chile”; y también en las medidas administrativas adoptadas por el Ejecutivo, como la reducción drástica del gasto público y de diversos subsidios, entre ellos el polémico “benzinazo”.
Brusco cambio. Todo ello explica, aunque no excusa, la reacción casi histérica de buena parte de la oposición, sobre todo del Frente Amplio y del Partido Comunista, que termina arrastrando al PS-PPD, a una lógica, que, según el gobierno, es de obstrucción y sabotaje.
- De ello dan fe las más de mil indicaciones presentadas al proyecto en la comisión de hacienda del senado y el enfrentamiento verbal que acompañó la tramitación entre los senadores.
- Lo que ilustra perfectamente el estado de angustia y desesperación en que hoy se encuentran sumidas una parte importante de las izquierdas, sobre todo porque el gobierno está demostrando ser capaz de conseguir las mayorías parlamentarias, prescindiendo de ellos.
- Desde el fin del estallido social y durante todo el gobierno del expresidente Boric desaparecieron las marchas, protestas, movilizaciones que asolaron al país, con diversos niveles de violencia.
- La CUT, el Colegio de Profesores, la ANEF y las federaciones estudiantiles, con algunas excepciones, entraron en una suerte de sueño profundo; porque protestar contra su propio gobierno no se consideraba aceptable.
- Incluso, cuando el Partido Comunista insinuó que “era necesario que la ciudadanía se manifestara y ejerciera presión social”, contra la derecha que rechazaba las iniciativas claves del gobierno, recibió el repudio de casi todo el oficialismo de la época.
- Hasta el Rector Carlos Peña en una de sus columnas sostuvo que con ello se buscaba “torcer la voluntad de la mayoría política”, por lo que la movilización social no sería genuinamente democrática.
- Pues bien, resulta que el “veranito de San Juan se acabó, y que tal y como se había especulado, ahora la cosa parece ser radicalmente distinta. Resucitó la FECH, la movilización social está de regreso y, todo indica que llegaron para quedarse, como hemos podido comprobar durante las últimas semanas.
Agitando el fantasma del estallido. Parlamentarios de izquierda han reiterado la necesidad de movilizarse contra las iniciativas legales del gobierno, esta vez en boca de la diputada Lorena Pizarro, avalada por Lautaro Carmona.
- Ante el llamado a movilizarse contra las iniciativas del gobierno, el presidente Kast quien utilizando su cuenta de X, acusó a Lautaro Carmona de querer tensionar el escenario político.
- Interpelando directamente al Partido Comunista, reprochándole que durante cuatro años fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda, pero que hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances impulsados por un gobierno democráticamente elegido. Insinuando que la movilización social atentaría contra las reglas del juego democrático.
- En estricto rigor el presidente tiene razón porque la movilización social, efectivamente, tensiona el ambiente político y saca el debate a la calle; pero justamente de eso se trata, de generar una presión que haga reflexionar a la autoridad.
- Lo que nos lleva inevitablemente a formularnos la pregunta de si ¿es antidemocrático amenazar con, o recurrir a, la movilización social?
- No quiero pecar de ingenuo. Entiendo perfectamente que se tocan las campanas a rebato porque el llamado proviene de la extrema izquierda, sector que ciertamente no puede invocar la atenuante de irreprochable conducta anterior.
- Pero ello no puede llevarnos a execrar, de manera genérica, el derecho a manifestarse, atribuyéndole a priori un carácter antidemocrático.
- A mi juicio, no es correcta la estigmatización del ejercicio de un derecho garantizado constitucionalmente, como es el de manifestarse pacíficamente en las calles para ejercer presión sobre el Congreso y las autoridades.
- Tratar de influir sobre el poder político para que cambie de opinión, generar apoyo ciudadano o incentivar a la población para que exprese su voluntad, de ninguna manera implica torcer la voluntad de la mayoría parlamentaria.
- Que los ciudadanos ejerzan su derecho a la libertad de expresión y reunión, sin permiso previo para manifestar sus demandas; una forma de expresar descontento, promover cambios legislativos, o influir en la toma de decisiones.
- Son conductas legítimas en una democracia y perfectamente compatibles con que las mayorías legislativas o el poder ejecutivo hagan finalmente lo que estimen más conveniente.
- Sin embargo, hay que tener bien claro, no es lo mismo convocar a una movilización pacífica que amenazar con recurrir a la violencia, agitando el fantasma del estallido social si no se satisfacen determinadas demandas políticas.
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