Por qué importa. Los alegatos de este lunes en la segunda sala de la Corte Suprema mostraron los alcances políticos de la apelación realizada por el Fiscal Regional de Antofagasta Juan Castro Bekios a la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que declaró ilegales las interceptaciones telefónicas realizadas desde octubre a la siquiatra Josefina Huneeus.
Qué alegó la fiscalía. El fiscal Ríos alegó en representación del fiscal regional, quien tras la audiencia planteó que buscaban “aclarar todos aquellos puntos que, a juicio del Ministerio Público era necesario aclararle a la excelentísima Corte Suprema y por supuesto hacer énfasis en aquellos puntos que, de acuerdo al recurso, nos parece a nosotros que son los que fundamentan nuestra petición”.
Qué alegó la defensa. Alejandro Awad insistió en el argumento, que planteó con éxito ante la Corte de Antofagasta, de que la fiscalía no ha esclarecido plenamente por qué en la petición inicial de interceptación telefónica a 17 imputados se incluyó el número de Huneeus como uno de los tres registrados de Larraín. La fiscalía respondió que fue por un Equifax obtenido el 30 de septiembre, a lo que Awad contestó que sólo le habían pasado una fotocopia pero no el documento original que esclarecería el punto.
Asociación ilícita. La querellante Nubia Vivanco mencionó en su intervención que el “pinchazo” a Huneeus se explica en el contexto de la investigación por asociación ilícita criminal que desarrolla la fiscalía en el caso. A esto se suma la indagación por platas políticas.
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— Ex-Ante (@exantecl) May 20, 2025
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