ProCultura: La respuesta del fiscal Cooper frente a las presiones de La Moneda y a las amenazas del oficialismo

El fiscal Patricio Cooper dejó claro este martes que no retrocederá ante la fuerte ofensiva de La Moneda -ni frente a las amenazas de parlamentarios oficialistas de removerlo de su cargo- por haber solicitado y obtenido de los tribunales la autorización para interceptar el teléfono de Miguel Crispi. Y por su pedido de hacer lo mismo con el del presidente Boric, lo que le fue negado. Las presiones también han apuntado al Fiscal Nacional Ángel Valencia.

Las claves de la respuesta de Cooper. El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, emitió en la tarde de este martes un breve comunicado de 4 párrafos, en cada uno de los cuales reafirmó la legalidad de sus iniciativas y reiteró que seguirá adelante, pese a las presiones en su contra.

“La Fiscalía Regional de Coquimbo informa que la investigación conocida como “Procultura” se encuentra actualmente vigente y con diligencias en curso”.

• La frase reitera la convicción del fiscal de que estima que hay irregularidades en la asignación de recursos con fondos públicos a Procultura y que seguirá investigando. Su director Alberto Larraín tiene una cercanía con el FA y con el presidente Boric, durante cuyo gobierno se multiplicaron por 10 los convenios entre el Estado y esa fundación ($316.849.723 en 2021 a $3.282.841.556 en 2022). Además, confirma que seguirá adelante, más allá de presiones o amenazas.

“Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N° 19.913, sobre lavado de activos, esta causa se encuentra sujeta a reserva, lo que impide divulgar públicamente detalles sobre su contenido o avances”.

• Las palabras de Cooper dan a entender que no entregará ningún tipo de información respecto de los avances de la causa ni va a explicar, en esta etapa, los motivos de las medidas intrusivas contra Crispi ni los fundamentos que tuvo para pedir lo mismo respecto a Boric (esta última solicitud le fue negada por tribunales).

“Con el fin de resguardar la eficacia de la investigación y evitar cualquier interferencia en su desarrollo, la Fiscalía Regional no realizará declaraciones públicas respecto de los antecedentes o diligencias específicas de la causa”.

• En la misma línea del párrafo anterior, se entiende como un mensaje de que no responderá a los emplazamientos de La Moneda ni de parlamentarios para dar explicaciones que estima son reñidas con su labor.

“En cuanto a eventuales solicitudes de medidas intrusivas, se recuerda que estas son controladas por los respectivos Juzgados de Garantía, conforme a la ley, y que la Fiscalía no entrega información sobre tales solicitudes a terceros ajenos al proceso”.

• Finalmente, reafirma la legalidad de su proceder al recordar que las medidas que estima necesarias pasan por el filtro de los tribunales “conforme a la ley” y, además, que las filtraciones no partieron de la fiscalía, dado que no se les da a conocer “a terceros ajenos al proceso”.

Las presiones. La Tercera difundió este sábado un diálogo entre Crispi, entonces principal asesor de Boric, y su madre, Claudia Serrano, en la cual relata presiones de Isabel Allende para que el gobierno comprara la casa de su padre.

• El lunes, Ex-Ante dio a conocer que Cooper solicitó interceptar las conversaciones telefónicas de Boric, a lo que no accedió el juzgado de garantía. La ley permite que cualquier ciudadano, incluido el Presidente de la República, pueda tener sus comunicaciones interceptadas. Cooper está a cargo de todas las aristas de ProCultura.
• La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, embistió contra Cooper señalando que el Ministerio Público “debe dar explicaciones por la solicitud realizada por el fiscal Patricio Cooper para intervenir el teléfono del Presidente Gabriel Boric”.
• Sus dichos fueron interpretados como una presión del Ejecutivo al Ministerio Público dado que los fiscales solo tienen que dar explicaciones de sus actos a los tribunales. Lobos repitió en su intervención lo mismo que dijo el lunes la ministra vocera (s) Aisén Etcheverry.
• El gobierno también ha criticado a Cooper con el argumento de que su solicitud de medidas intrusivas debería zanjarlo la Corte Suprema, de acuerdo al artículo 209 del Código Procesal Penal, que trata de diligencias que pueden afectar la seguridad nacional.
• Más amenazantes fueron parlamentarios oficialistas, como el diputado PS Juan Santana: “El descontrol del fiscal Cooper intentando intervenir las conversaciones del presidente Boric es responsabilidad directa de Ángel Valencia. Se está permitiendo una conducta temeraria e inconstitucional. Si el Fiscal Nacional no toma medidas, el día lunes exigiremos su remoción”.
• La presidenta del FA, Constanza Martínez, también afirmó que se debe “resguardar que las investigaciones no se utilicen para afectar la honra de una persona que no está involucrada en los casos”, refiriéndose a Boric y Crispi.

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