ProCultura: Los argumentos y vacíos que dejó el juez Álvarez para dejar libre a Alberto Larraín

El juez Álvarez planteó en su resolución que era problemático formalizar al cofundador de ProCultura si su contraparte, el gobernador Orrego, no había sido desaforado. También discutió que el nombramiento de Alberto Larraín como director de la Corporación Metropolitana lo convirtiera en funcionario público y afirmó que Contraloría no podía fiscalizar a estas entidades.

Lo nuevo. La resolución de una hora y 34 minutos que el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Patricio Álvarez pronunció el martes en el caso ProCultura detalló al menos cinco puntos que el fiscal regional de Antofagasta Juan Castro deberá contrarrestar en la Corte de Apelaciones con el objeto de revertir el rechazo a la prisión preventiva que había solicitado para el siquiatra y cofundador de la fundación, Alberto Larraín. Y, de paso, mantener el caso a flote.

• Esa noche —tras cuatro jornadas de audiencia— el juez Álvarez criticó la formalización por fraude al fisco de Larraín; de la representante legal Constanza Gómez; de la jefa de estudios Teresa Abusleme y de su contraparte en el Gobierno Regional Evelyn Magdaleno, a quienes dejó con arraigo nacional en vez de la prisión preventiva o, en subsidio, arresto domiciliario, que había pedido el Ministerio Público.

Los argumentos y vacíos que dejó el juez. Álvarez comenzó su resolución planteando que, dado que el gobernador Orrego no había sido desaforado, esto dificultaba imputar a su contraparte en ProCultura. También dijo que había evidencia insuficiente de un acuerdo previo para delinquir y discutió que Larraín fuera funcionario público al suscribirse el convenio.

• El factor Orrego. “El autor de la conducta respecto de la cual participan los imputados, sin cuya intervención este hecho nunca podría haberse consumado, no podría haber existido siquiera, no ha sido naturalmente formalizado (…). Es naturalmente una situación problemática, plantea un problema relevante a la hora de determinar digamos, particularmente lo que dice relación con los presupuestos materiales”, dijo.
• Para fuentes conocedoras de la causa, el argumento del juez omitió que en la trama bielorrusa Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Ángela Vivanco y los dos abogados del consorcio beneficiado con más de $17.000 millones de Codelco tras una serie de resoluciones judiciales, fueron enviados a prisión preventiva por cohecho, soborno y lavado de activos antes del desafuero de la exmagistrada, quien hoy también está privada de libertad.
• Si hubo o no acuerdo previo. “Había naturalmente un vínculo, podríamos llamar de amistad, política o social, entre el señor gobernador y el señor Larraín (…) (Pero) a concepto del tribunal no hay un antecedente, a lo menos uno, que permita efectivamente dar cuenta de un indicio de un acuerdo de voluntades para los efectos en que está planteada la formalización de la investigación”, dijo.
• Según personeros cercanos a la investigación, el juez descartó que cumpliera este requisito el grupo de WhatsApp “Correr el cerco” de los imputados que, a juicio de la fiscalía, mostró cómo Orrego coordinó la entrega de fondos a ProCultura desde agosto de 2021, es decir, el año previo al traspaso.
• Si Larraín era o no funcionario público. “La otra complejidad (…) dice relación con la calidad de funcionario público (de Larraín)”. De acuerdo con el juez, el nombramiento del siquiatra director de la Corporación de Desarrollo de Turismo, a instancias de Orrego, 21 días antes de aprobar los fondos a ProCultura, no lo convertiría en funcionario público, por tratarse de una “corporación de derecho privado”.
• “(Estas) se rigen por el derecho privado y por lo tanto a su respecto entiendo que la Contraloría General de la República no puede hacer procesos de auditoría ni de control de estas corporaciones”, recalcó.
• Sin embargo, en junio de 2025 la Contraloría inició un proceso administrativo tras detectar rendiciones duplicadas y triplicadas por $1.848.631.797, entre otras irregularidades, en la corporación regional presidida por el gobernador Orrego.
• Toma de razón de Contraloría. “La tramitación del proyecto, desde el punto de vista administrativo, finaliza con una toma de razón por parte de la Contraloría General de la República”, destacó también.
• Según conocedores de la indagatoria, la fiscalía podrá representar a la Corte que el informe final 700-2023 de la Contraloría consignó fallas, tales como que “si bien se establecen cuatro etapas para la ejecución del convenio, no se advierte una definición de plazos específicos o estimados para la realización de cada una, las cuales, en su mayoría, contemplan su ejecución de 24 meses, por lo que se carece de un mayor detalle que permita un adecuado control de la ejecución del programa”.
• Caso de Gabriel Prado. El juez también descartó ilegalidades en el hecho de que el sicólogo Gabriel Prado, pareja de la jefa de estudios de ProCultura Teresa Abusleme, recibiera $9.866.667 de la fundación, aunque cumpliera funciones para el Gore en un proyecto distinto a Quédate.
• “Esta designación de esta persona y este trabajo que desarrolló, que de acuerdo con la fiscalía era en otro proyecto denominado Patología Dual (…), de acuerdo a lo que alega la defensa, podría ser coincidente” con el primer proyecto en sus objetivos, dijo.

Telón de fondo. La decisión dejó en un incierto escenario la judicialización del traspaso que el Gobierno Regional (Gore) Metropolitano hizo en 2022 a ProCultura de $1.683.788.000 —en una sola cuota y sin licitación de por medio— para el programa para prevenir suicidios ‘Quédate’.

• De estos quedaron sin ejecutar $1.015.283.548 tras el estallido del caso Convenios en 2023, que la fundación habría destinado para fines distintos a los del convenio, como pagar sueldos de otros proyectos.
• La resolución también generó dudas sobre qué ocurrirá con la petición de desafuero del gobernador Claudio Orrego (ex DC), cuyo caso fue traspasado desde la Corte de Apelaciones de Antofagasta a Santiago y que sería puesta en tabla los próximos días. Lo anterior, con el propósito de quitarle su fuero legal y permitir que se pidan medidas cautelares en su contra en una formalización de cargos.