Qué ver. Tras 16 años de tramitación ambiental, este viernes, fue rechazado por la Comisión de Evaluación (Coeva) de la Región de Antofagasta el proyecto para construir una planta de producción de sales de potasio en el Salar de Atacama, una iniciativa de la Sociedad Legal Minera NX Uno de Peine, parte del Grupo Errázuriz.
Objetivos del proyecto. La iniciativa, denominada “Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine” contemplaba una inversión actualizada más de US$ 200 millones.
Insistirán en su aprobación. “Lamentamos la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta que rechazó el proyecto pese a haber cumplido con todas las exigencias de la autoridad ambiental”, señaló Marcelo Valdebenito, gerente de asuntos corporativos del proyecto NX.
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Tras la destitución de ambos jueces, la poderosa Tercera Sala cambió controvertidos enfoques en salud y medio ambiente. También adoptó una línea de no intervenir en el fondo técnico de las decisiones en proyectos que aún están en evaluación ambiental, sino a revisar errores en materia de Derecho. Hay varios ejemplos.
Elmer Cuba, exsocio de Macroconsult y exdirector del Banco Central peruano, cursó un magíster en la Universidad Católica de Chile, donde dice a Ex-Ante que sus “mejores profesores de la UC fueron Vittorio Corbo, Felipe Larraín y Rodrigo Vergara”. Y recordó un curso de econometría que Jorge Quiroz fue a dictar a Lima, Perú.
En una nueva sesión del Comité de Ministros se destrabaron dos iniciativas detenidas: la ampliación del terminal portuario de Valparaíso y la segunda mayor inversión de transmisión eléctrica en evaluación ambiental. A la fecha, el Gobierno ha destrabado inversiones por cerca de US$ 11.300 millones.
Si la preocupación es profundizar el mercado de capitales y mejorar el desempeño empresarial, la agenda debe avanzar hacia mecanismos que fortalezcan el valor del directorio como garante de confianza frente al mercado.
Las tramitaciones de proyectos de inversión están experimentando un fenómeno: son destrabadas por el Comité de Ministros, pero terminan judicializadas en los tribunales ambientales. Maratué, Minera Caserones, Los Coihues y Embalse Zapallar son cuatro casos que reflejan esta tendencia.
