“La transparencia llegó para quedarse” o “la transparencia es el mejor desinfectante” (atribuida al juez de la Corte Suprema norteamericana, Louis Brandeis), suelen decirse desde que, en el año 2008, nuestro país aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así, de cuando en cuando, escuchamos a autoridades del Congreso u otras entidades públicas, prometiendo o exigiendo más transparencia como un medio clave para combatir la corrupción y para generar más confianza, tan alicaída respecto de nuestras instituciones públicas.
De hecho, con una rápida búsqueda en el sitio web del Congreso se pueden encontrar una serie de iniciativas legales -con escaso avance, eso sí- para dotar de mayor transparencia a instituciones como los gobiernos regionales, las instituciones de educación superior, TVN, al otorgamiento de pensiones de gracia, empresas públicas, organizaciones deportivas, entre muchas otras-. Algo similar ocurre con la integridad, vemos mucha indignación cada vez que se devela un posible nuevo caso de corrupción.
Si hacemos una revisión de los programas presidenciales, en general estos temas no quedan fuera, con mayor o menor protagonismo y con una importante vinculación a fortalecer el ecosistema de integridad con foco en la lucha contra el crimen organizado, que sin duda es una de las prioridades en la mayoría de ellos.
De este modo, no es raro encontrar llamados a eliminar los abusos y avanzar en una mayor probidad del Estado, como hace el programa de José Antonio Kast, indicando que tendrán cero tolerancia frente a la corrupción y que se mejorará la eficiencia del Estado en el uso de sus recursos. Así, dentro de las pocas propuestas en la materia indica que se fortalecerá el control presupuestario de la DIPRES así como se apoyará las medidas de índole legislativa y de gestión para facilitar la labor de fiscalización de la Contraloría, en orden a otorgarle acceso eficaz a las cuentas corrientes municipales, el control ex-ante de normativa municipal y compras relevantes.
El programa de Matthei es más profuso, apuntando hacia la integridad y también la transparencia. Coincidiendo con Kast, declara la tolerancia cero con la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones fiscalizadoras -como Contraloría, con mayor presupuesto-, también propone la creación de una plataforma única que reúna, cruza y visualice datos claves sobre el comportamiento ético-institucional de los organismos públicos y otra que muestre en tiempo real los avances, metas y resultados de cada programa. Ambos apuntan también a realizar auditorías y la eficiencia en el gasto público.
Por otra parte, la candidata de Chile Vamos propone tres medidas presentes en las últimas agendas de integridad: reforma al empleo público, puerta giratoria entre el sector público y privado y aplicar alta dirección pública en ciertos cargos directivos municipales. Además de la muerte civil a personas condenadas por corrupción, incluso si no son delitos sino faltas administrativas reiteradas.
El programa de Jara, en cambio, pone su foco en la inteligencia financiera, con medidas dirigidas a implementar una estrategia de transparencia dirigida a la seguridad y la protección, entre ellas: adoptar un registro de beneficiarios finales; permitir el levantamiento del secreto bancario a la Unidad de Análisis Financiero; aumentar las sanciones a las instituciones que no cumplan con su obligación de reporte de operaciones sospechosas y la extensión del programa ECOH (Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios del Ministerio Público) a todo el país.
La noticia positiva es que una mayor integridad sigue siendo una bandera presente para todas las candidaturas, pero preocupa que muchas iniciativas legales presentadas por gobiernos anteriores -como la Ley de Transparencia 2.0-, por un grupo transversal de parlamentarios -como el de Integridad Municipal- o por este gobierno como consecuencia del Caso Convenios -como el de transferencias- parecieran no tener mayor relevancia o haber voluntad de continuidad. Las agendas de integridad para ser realmente efectivas requieren de una visión de Estado y de largo plazo, que superen los cuatro años del gobierno de turno y se construyan sobre los esfuerzos colaborativos de múltiples instituciones.
Esperemos que estas intenciones no queden solo en programas y un tema que es tan relevante para la ciudadanía y clave para la confianza en las instituciones, así como para la eficacia y eficiencia del Estado -algo que parece preocupar de modo transversal- se plasme en acciones concretas y prioritarias y no solo meras reacciones a casos concretos, como estamos acostumbrados.
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