Informe del INDH afirma que sancionar rayados en espacios privados y públicos es “criminalizar la expresión artística”

Un informe de 24 páginas enviado por el INDH a la Cámara sostuvo que la sanción a rayados y dibujos del registro de vándalos atenta contra la libertad artística y política. “Su amplísima redacción puede alcanzar formas de expresión artística, cultural y política protegidas por el DIDH (Derecho Internacional de los Derechos Humanos)”, dijo la minuta. El arquitecto Yves Besançon refutó el punto. Lea el documento.

Lo nuevo. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Yerko Ljubetic llegó el miércoles 8 a la Comisión de Seguridad de la Cámara para exponer sobre el proyecto de ley que crea el registro nacional de actos vandálicos e incivilidades.

• En su exposición enumeró distintos reparos a la iniciativa, como que se apliquen sanciones desproporcionadas o vinculadas a bienes jurídicos diferentes de los involucrados en la infracción.
• Esto lo ejemplificó mencionando los “rayados en propiedad privada, que tienen que ver como bien jurídico protegido con el derecho de propiedad, por ejemplo, (que) sean acompañados de una sanción como la no devolución de impuestos, que tiene que ver con otros bienes jurídicos, de otra naturaleza”.
• Se trató de la única mención de su exposición a los rayados en muros privados y públicos, materia sí abordada en una minuta de 24 páginas que dejó a los parlamentarios. En sus conclusiones, el documento sostuvo que sancionar los rayados y dibujos implica una “criminalización de la expresión artística”.

Qué dijo la minuta. La cuarta conclusión del informe del INDH, titulada “Sobre la criminalización de la expresión artística”, afirmó que “su amplísima redacción puede alcanzar formas de expresión artística cultural y política protegidas por el DIDH (Derecho Internacional de los Derechos Humanos)”.

• “La tipificación del artículo 486 bis del Código Penal en los términos propuestos es incompatible con los estándares del artículo 13 de la CADH (Convención Americana sobre Derechos Humanos) y el artículo 19 del PIDCP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
• “El tipo penal no distingue entre daño al patrimonio y expresión en el espacio público, ni establece criterios que permitan identificar con suficiente precisión la conducta prohibida, vulnerando además el principio de legalidad penal”.
• Por esto se recomendó “evitar una redacción que pueda comprender de manera amplia e indeterminada expresiones artísticas, culturales, sociales o políticas desarrolladas en el espacio público”.

Réplica al INDH. “No me parece que estos artículos estén criminalizando la expresión artística. Estos artículos de la nueva ley que se propone, lo que pretenden es criminalizar el daño a la expresión artística y cultural de una ciudad”, respondió por escrito el arquitecto Yves Besançon.

• “La libre expresión artística de los ciudadanos debe ser siempre respetuosa de los bienes públicos que nos pertenecen a todos y que por lo tanto debemos cuidar todos”
• “En todo caso, las penas por estas faltas deben ser proporcionales, y seguramente habrá que estudiarlas con cuidado”.

Qué dice el proyecto de ley. La iniciativa incluyó entre las acciones que darán lugar a la inscripción en el registro de actos vandálicos “la realización no autorizada de rayados, dibujos, mensajes o expresiones en bienes muebles o inmuebles, públicos o privados”, dijo el punto 16.

• El punto 23 agregó a esto “el daño en un monumento nacional”.

Trasfondo. El informe del INDH se conoce en momentos en que el gobierno prepara un proyecto de ley para reformar el INDH, que cumple 16 años.

• Entre las críticas que ha recibido están las presiones a su exdirector Sergio Micco para declarar que durante el 18-O hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que él rechazó.
• “Se inició durante 2025 (en el gobierno pasado) un proceso de revisión del INDH, el cual dio lugar a un informe con más de 44 recomendaciones que tocan distintos aspectos de su funcionamiento”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, a Reportajes de El Mercurio. “Desde esta subsecretaría hemos transformado estas recomendaciones en un anteproyecto de ley, el cual está en los últimos ajustes técnicos antes de ser presentado al Congreso durante los siguientes meses”.
• Por otra parte, el registro ha enfrentado cuestionamientos a la constitucionalidad de retirar beneficios sociales, lo que fue advertido, entre otros, por el exministro de Seguridad Luis Cordero. Entre los puntos criticados está establecer castigos vinculados a derechos previsionales.

Lea el documento:

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