Remezón en colegios subvencionados: 702 escuelas no podrán cancelar matrículas por deudas (y el fantasma del déficit financiero)

Para la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados, el reciente dictamen de la Superintendencia de Educación puede generar un grave daño si permite renovar la matrícula a alumnos con deudas en estas escuelas. Algunos expertos advierten que puede haber un grave daño al financiamiento compartido en los establecimientos e incluso acelerar su desaparición.

Polémico dictamen. El 21 de julio, la Superintendencia de Educación emitió el dictamen N° 75 para colegios subvencionados con financiamiento compartido, que prohíbe imponer medidas disciplinarias a estudiantes e impedir la renovación de matrícula por deudas arancelarias.

• El documento, firmado por la superintendenta (s) Marggie Muñoz, ha generado una fuerte preocupación entre sostenedores de colegios subvencionados con copago, que son 702 a nivel nacional. Se trata, señalan especialistas, de establecimientos que superan los 2 mil estudiantes y dependen, en su mayoría, de fundaciones o instituciones religiosas.
• La resolución estipula la “prohibición de imponer medidas disciplinarias a estudiantes e impedir la renovación de matrícula por el no pago de compromisos pecuniarios de sus padres, madres y apoderados, por razones socioeconómicas, en establecimientos educacionales con financiamiento compartido”.
• Si bien las normativas actuales prohíben a los establecimientos cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por su situación económica o rendimiento académico, no mencionan la prohibición de negar la renovación de matrícula para el año siguiente como consecuencia de las deudas.
• Se trata de la primera controversia que enfrenta la psicóloga Loreto Orellana, quien asumió como superintendenta de Educación el 14 de agosto vía Alta Dirección Pública. Orellana fue jefa de gabinete del exsuperintendente Mauricio Farías y de Muñoz, y trabajó activamente en el dictamen.

“Ha sobrepasado atribuciones”. Para el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, el dictamen N°75 “es un esfuerzo más de la superintendencia de legislar con el codo lo que fue establecido en la Ley de Inclusión, donde el copago fue uno de los aspectos más polémicos de la discusión”. Aquí sus definiciones.

• “La superintendencia utiliza una interpretación incorrecta y elimina de facto el copago por vía administrativa. Están legislando por decreto”.
• “Ha sobrepasado sus atribuciones de forma sistemática y se ha convertido en un obstáculo para la calidad de la educación”, añade.
• A juicio del especialista, con este dictamen, la entidad busca asestarle un golpe a la educación particular subvencionada, “de la que el Mineduc está abiertamente en contra, en la hora final de este gobierno”.
• Según Rodríguez, los efectos de la resolución comenzarán a notarse cuando sea “frecuente que las personas simplemente dejen de pagar, lo que va a afectar la calidad de los establecimientos. Menores ingresos significa, a corto plazo, menor calidad. En el mediano plazo, que los proyectos no van a poder sustentarse”. La medida, asegura, “acelera la desaparición de los colegios con copago”, y está orientada a atacarlos.
• El director de Acción Educar explica que, comúnmente, los estudiantes terminaban su año escolar y luego no se les renovaba la matrícula en caso de deudas.

“Nos deja de manos atadas”. Hernán Saldaña, vicepresidente de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados (CCPS), es sostenedor de un colegio subvencionado en Puente Alto. Dice lo siguiente:

• “La superintendencia no tiene facultades para legislar, sino para interpretar las leyes. Hay un espacio para revisar si transgredió sus límites”.
• “De aplicarse esta resolución tal como está, aumentaría mucho la morosidad al permitir a apoderados que no están pagando la mensualidad durante el presente año que se les renueve la matrícula para el año siguiente, manteniendo la deuda impaga, que crece con el transcurso del tiempo”.
• Saldaña relata que, en julio, al enterarse del dictamen, como institución tomaron contacto con otras organizaciones de sostenedores para elaborar una estrategia conjunta, que diseñan junto a abogados, con el fin de revertir la resolución.
• “En este dictamen vemos una línea similar a la del primer proyecto constitucional, que dejaba fuera del sistema educativo al sector particular subvencionado, y nos preocupa de sobremanera. Este es un camino trazado hace tiempo, en que nos están acorralando. Más del 54% de la matrícula nacional está en nuestros colegios”.
• “Nos deja con manos atadas. Porque con cualquier documento que nosotros rechacemos, el apoderado podría ir a la superintendencia a reclamar”.
• Esta situación —sostiene— genera nuevos focos de conflicto en la relación con los apoderados y abulta el trabajo administrativo de los establecimientos.

Oficiarán a la Superintendencia. La superintendencia de Educación es un servicio público que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Educación, que encabeza Nicolás Cataldo. Es un ente autónomo, ya que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, no obstante su máxima autoridad es nombrada por el Mandatario tras un concurso de ADP. El Presidente también puede removerla por razones fundadas.

• La diputada Marcia Raphael (RN), integrante de la comisión de Educación de la Cámara, adelanta que solicitará oficiar a la Superintendencia de Educación para conocer los fundamentos del dictamen.
• Para la parlamentaria, la medida es “una interpretación más que aventurada de la Ley de Educación y la Ley de Subvenciones”.

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