Se creó una Comisión para discutir la reforma tributaria, con un largo listado de temas. ¿Cuáles de ese listado debieran ser, a su juicio, las prioridades?
La primera, la más olvidada en la última década: el crecimiento. En los últimos 30 años los recursos a disposición del Estado han aumentado más de 5 veces. De ese incremento, más del 80% vino del crecimiento y menos del 20% de los cambios en los impuestos. De ahí que resulte crucial partir por lo principal: donde se juega la mayor parte de la recaudación.
¿En qué se ha reflejado esta falta de énfasis en el crecimiento durante el último tiempo?
Durante toda la década, marcada por el estancamiento y la frustración, ha existido una verdadera competencia por aumentar los impuestos a las empresas y las inversiones, que son el principal motor del crecimiento. Resultado: menor crecimiento y menor recaudación de recursos para el Estado. Cuando el Presidente dice que una parte de él quiere derrocar el capitalismo, usted entenderá que no se está incentivando la inversión en Chile.
¿Cómo incentivar esa inversión?
Hay que revisar las diversas reglas del juego, para orientarlas en torno a ese objetivo. Pero hay políticas que resultan evidentes y que no se están aplicando. Es, por ejemplo, el caso del litio. Chile tiene más del 50% de las reservas mundiales pero menos del 30% de la producción. Tiene mucho donde crecer. El año pasado la recaudación del litio llegó a cerca de 6000 millones de dólares, un monto de un orden de magnitud similar al que se podría obtener por una reforma tributaria. Sabemos, además, que el alto precio va a durar un período limitado de tiempo, que se estima en alrededor de siete años. Si de obtener recursos públicos se trata habría que aumentar rápidamente la producción nacional.
¿Y qué se está haciendo?
Lo contrario. La estrategia del litio anunciada por el gobierno propone crear una empresa estatal del litio (lo que tomaría bastante tiempo) para luego invitar a los potenciales inversionistas a ser socios minoritarios de ésta (el Estado tendría más del 51% de las acciones). Pareciera una estrategia bastante eficaz para impedir la llegada de las inversiones que necesitamos.
¿Qué es lo que se requiere hacer?
Lo que falta es prioridad en la inversión privada. Ha sido toda una década de lo mismo. Lo hemos visto en las áreas que generan servicios que se sumarían, que complementarían, el esfuerzo del sector público. Es el caso de la salud y la infraestructura. No estamos avanzando en concesiones como lo hicimos en el pasado.
¿Cómo afecta a esta discusión los escándalos de las fundaciones de los últimos meses?
Mucho. Los ciudadanos no entenderíamos que se hiciera un esfuerzo por recolectar más recursos sin hacer correcciones al modo en que están siendo utilizados. Hay que considerar, al menos, tres aspectos. En primer lugar, establecer políticas más eficaces para evitar la corrupción. En segundo lugar, profesionalizar más la función pública. Disminuir el número de cargos de confianza política convirtiendo muchos de. ellos en parte de una carrera profesional y técnica, nombrados por Alta Dirección Pública. En tercer lugar, evaluar los distintos programas que se aprueban. Una evaluación ex-ante del impacto potencial que tendrían las distintas políticas y una evaluación ex-post de sus resultados.
¿Eso no se hace?
Muy parcialmente, principalmente por la Dirección de Presupuestos. Hay que hacer un cambio cualitativo. Crear una institución autónoma del Estado, transversal desde el punto de vista político, con un diseño similar al del Banco Central (autónomo). Ojalá ponerla en la nueva constitución. Haría un aporte crucial a la calidad de las políticas y ahorraría cientos de millones de dólares al año, al contribuir con sus evaluaciones a que el gobierno pueda perfeccionar, o cerrar, los programas que no producen los resultados buscados.
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