Qué observar. Hace una semana, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) solicitó al Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia la paralización de la siembra en uno de los principales centros de cultivo para el período 2025 de la empresa canadiense Cooke. La compañía calificó la medida de “inexplicable y completamente infundada” y acusa que se desconoce el acuerdo firmado en diciembre de 2023. Aquel pacto significó la relocalización voluntaria del centro y tuvo como protagonistas a los ministros de Economía y Medio Ambiente, y los subsecretarios de Pesca y de las Fuerzas Armadas.
-¿Ustedes denuncian que el Gobierno incumplió lo que se pactó en 2023?
-Claro. Los abogados siempre dicen que el Estado tiene la obligación de coordinarse. Aquí sucede que la salmonicultura está regulada por la Subpesca y por el Servicio Nacional de Pesca y ellos son los que han definido reglas, las cuales hemos seguido.
-Los acusan de sobreproducción y de aprovecharse. ¿Cómo responden a eso?
-Eso es completamente falso. La empresa la compramos en el 2010 y esta acusación llega al 2021. Durante el 2010 hasta el 2021, cada vez que fuimos a sembrar ese mismo centro, previamente requeríamos la autorización de Sernapesca y de Subpesca. Y te daban la autorización.
Y recién cuando tienes la autorización y los papeles, tú ibas y metías el número de peces que ellos mismos habían aprobado colocar. Y el oficio establecía que, efectivamente, para empresas como nosotros, que tenían proyecto técnico, había un mínimo. Entonces no había ningún problema. Acusan de sobreproducción. ¿En base a qué? En base a una producción máxima.
-¿Ven que alguno de los ministerios que estuvieron supervisando el pacto de 2023 busque prohibir su actividad?
-En resumen, lo que se ha hecho, es aumentar la dificultad en todo, agregando burocracia de tal manera que no puedas avanzar ni progresar como industria. No lo puedes prohibir, es una actividad legítima, además es un alimento que se consume en los países más desarrollados.
No te lo prohíben pero te aumentan la permisología, cosa que todo lo que quieras hacer es significativamente más difícil que 20 años atrás. En los últimos años, se ha visto que lo único que han hecho es trabar el crecimiento del sector. Al final del día, crecer en esta industria o poder mantener tu producción, va a ser casi imposible.
-¿Qué significa para ustedes en términos de pérdidas, no haber podido empezar con la siembra?
-Primero, solo los estudios de la relocalización obligatorios cuestan US$ 2 millones. La preparación del centro para la siembra tiene un costo de US$ 1 millón. Y el no poder usar la concesión a perpetuidad te puedo costar unos US$ 20 millones.
-¿Cuál sería el mejor escenario para ustedes? ¿Qué medidas van a tomar?
-El mejor escenario que podríamos optar es que en alguna instancia superior se levante esta prohibición de siembra.
-¿Van a reclamar a la CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones)?
-Son varios pasos los que hay que dar. La CIADI es una herramienta con la que contamos. Si no logramos destrabar el tema localmente, no queda más que recurrir a esta instancia para que alguien escuche nuestros argumentos, porque hasta el día de hoy ni la SMA ni el Tribunal Ambiental han querido escucharlos.
Ya informamos a la embajada de Canadá, porque además hay un tratado de libre comercio entre ambos países que protege las inversiones. También acusamos discriminación, porque el único que ha sido acusado de esto es Cooke, siendo una salmonera muy pequeña y que no molesta a nadie.
-¿Cómo están viendo el tema desde la casa matriz en Canadá?
-Tenemos salmoneras en Reino Unido, en Australia, Canadá y hacer negocios en Chile es mucho más burocrático y complejo que en esos países. Allá no entienden, por qué, como inversionistas extranjeros que compraron una compañía que hacía esas concesiones, el Estado dijo que se usaran y al otro año te dicen que ya no puedes hacerlo más.
Hay un cambio de criterio del día a la mañana. Hay varios millones de dólares que se han invertido en el país y también se ha generado mucho empleo.
-¿Qué les dijeron desde el Gobierno canadiense?
-La embajada está recopilando toda la información en este momento. Imagino que se van a dar conversaciones para descifrar qué ocurrió.
-¿Se ve negro el panorama y el plan de inversiones que tiene la empresa en Chile?
-Sí, claro. Cómo le pido al dueño de la empresa que invierta más en Chile, si él puede invertir el dinero pensando que va a pasar “A” y a mitad de camino le dicen que el “A” no vale, y que tiene que seguir “B”. Esa certeza jurídica que necesitan los inversionistas, la están destruyendo con medidas como estas, y no hay conciencia de aquello. Si quieres cambiar criterios, hazlo hacia adelante, no hacia atrás.
Publicaciones relacionadas
Tras la destitución de ambos jueces, la poderosa Tercera Sala cambió controvertidos enfoques en salud y medio ambiente. También adoptó una línea de no intervenir en el fondo técnico de las decisiones en proyectos que aún están en evaluación ambiental, sino a revisar errores en materia de Derecho. Hay varios ejemplos.
Elmer Cuba, exsocio de Macroconsult y exdirector del Banco Central peruano, cursó un magíster en la Universidad Católica de Chile, donde dice a Ex-Ante que sus “mejores profesores de la UC fueron Vittorio Corbo, Felipe Larraín y Rodrigo Vergara”. Y recordó un curso de econometría que Jorge Quiroz fue a dictar a Lima, Perú.
En una nueva sesión del Comité de Ministros se destrabaron dos iniciativas detenidas: la ampliación del terminal portuario de Valparaíso y la segunda mayor inversión de transmisión eléctrica en evaluación ambiental. A la fecha, el Gobierno ha destrabado inversiones por cerca de US$ 11.300 millones.
Si la preocupación es profundizar el mercado de capitales y mejorar el desempeño empresarial, la agenda debe avanzar hacia mecanismos que fortalezcan el valor del directorio como garante de confianza frente al mercado.
Las tramitaciones de proyectos de inversión están experimentando un fenómeno: son destrabadas por el Comité de Ministros, pero terminan judicializadas en los tribunales ambientales. Maratué, Minera Caserones, Los Coihues y Embalse Zapallar son cuatro casos que reflejan esta tendencia.
