SII justifica en precedentes legales deducción de gastos de defensa en Caso Penta

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el diputado PC, Daniel Núñez, citó al titular de esa cartera y al jefe del SII, Fernando Barraza  para explicar los fundamentos del servicio. El Subdirector Jurídico del ente fiscalizador entregó a Ex-Ante las razones de la decisión.

¿Qué pasó?: El SII aceptó que los pagos de Penta por asesorías legales durante el juicio por delitos tributarios fueron un “gasto necesario” e inevitable para la producción de renta de la empresa, así es que los descontó de la base sobre la que se calcularon sus impuestos. Son $1.400 millones los que se descontaron bajo este concepto.

Antecedentes: El Servicio justifica la decisión basado en que “los honorarios por concepto de defensa judicial son reconocidos como gastos necesarios para producir renta cuando dicen relación con la defensa de la actividad del contribuyente”, y que así lo dice, por ejemplo, en el oficio llamado: Deducción como gasto necesario para producir la renta líquida de primera categoría, de honorarios por la defensa judicial ante un litigio en el extranjero.

El Subdirector Jurídico del SII, Miguel Zamora, explicó a Ex-Ante los fundamentos.

• “El Servicio tomó en consideración antecedentes entregados por el contribuyente que estaban en línea con definiciones normativas adoptadas con anterioridad, en 2016, en lo relacionado con que los honorarios por concepto de defensa judicial son reconocidos como gastos necesarios para producir renta cuando dicen relación con la defensa de la actividad del contribuyente. De esta forma, solo se aceptaron los gastos correspondientes a la defensa judicial del grupo empresarial y no de sus controladores”.
• “El Servicio reconoce expresamente que toda defensa de un contribuyente asumida por un abogado que se relacione con materias propias del giro de la empresa, ya sea laborales, civiles, administrativas, tributarias, u otras que deba enfrentar en su desempeño habitual, constituye el ejercicio legítimo del derecho a defensa asegurado por la Constitución”.
• La jurisprudencia se explica en un documento firmado por el titular del SII, Fernando Barraza, quien fue nombrado en el gobierno de Michelle Bachelet. En resumen, en el oficio Barraza afirma que los pagos a abogados durante juicios relacionados con el giro de la empresa, son necesarios para producir renta.
• De acuerdo a dos fallos de la Corte Suprema, en el 2012 y 2017, este criterio ha sido confirmado por los Tribunales de Justicia.

El cuestionamiento que hacen funcionarios del SII, de acuerdo a la publicación de Ciper, es que no se pueden considerar como “gasto necesario” los pagos por asesorías legales originados por delitos tributarios, que la propia institución denunció y persiguió en un comienzo.

Lo que viene: La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado PC, Daniel Núñez, citó al ministro de esa cartera, Ignacio Briones y al director del servicio, Fernando Barraza para explicar los fundamentos dela decisión.

El diputado Alejandro Santana (RN), miembro de la Comisión explicó lo siguiente:

• “Es algo que no estaba en tabla y nos sorprende un poco porque es un tema que tiene una connotación netamente tributaria. Pero espero tener elementos que permitan generar un juicio después de la comisión de la tarde”.